Gobierno critica a juez por dejar libres a imputados que portaban armamento

Armas incautadas por Carabineros, tras la detención de dos personas en El Tabo.

Juzgado de San Antonio decretó la ilegalidad del arresto de dos personas que en un auto llevaban dos revólveres, una pistola, 126 cartuchos y $ 4 millones en efectivo. Abogado asesor del Ministerio del Interior, Luis Hermosilla, calificó la decisión del magistrado como una “ilegalidad grave” y presentó una querella invocando la Ley de Armas.


Dos revólveres y una pistola, 126 cartuchos de diverso calibre, un kit que convierte armas pequeñas en carabinas y un total de $ 4. 152.000 en efectivo. Todo esto se encontraba al interior del maletero de un automóvil conducido por dos individuos, quienes tras ser detenidos fueron dejados libres por el Juzgado de Garantía de San Antonio.

El caso gatilló una serie de críticas, tanto al proceder del juez Juan Pablo Flores como a la legislación que norma el registro de personas. La causa incluso llegó a oídos del ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien pidió detalles del caso al general director de Carabineros, Hermes Soto.

El origen de esta causa tuvo como escenario el balneario El Tabo y ocurrió a las 21.00 del 28 de mayo. Ahí, Carabineros controló a un vehículo Mazda. La policía detectó que el auto tenía el parabrisas delantero polarizado, situación que se encuentra prohibida.

Esto fue motivo para que los uniformados pidieran al vehículo que se detuviera. Este iba conducido por su dueño, Manuel Olivares (56), quien estaba acompañado por Nelson Cerda (26). Fue en ese momento que los uniformados se dieron cuenta de que todos los vidrios del automóvil estaban polarizados. Acto seguido, solicitaron licencia de conducir y cédula de identidad de ambos pasajeros.

La diligencia no quedó ahí. Según el parte policial, los carabineros pidieron a los sospechosos que abrieran el maletero, donde se percataron que había “una maleta color negro de gran tamaño”, con un bolso que contenía una gran cantidad de armas y municiones, además del dinero en efectivo.

Los sospechosos quedaron detenidos por el porte del armamento, pues algunas especies tenían encargos por robo, y pasaron a control de detención en el Juzgado de Garantía de San Antonio. Una de las tesis de la policía es que se haya tratado de un eventual tráfico de armas.

Según consta en acta de la audiencia, el juez Flores dictaminó que el uso de los vidrios polarizados “si bien puede ser causa para una fiscalización al amparo de la Ley de Tránsito, no podía implicar llevar más allá de ello las facultades policiales que conllevaran una limitación a los Derechos Fundamentales de los encartados, como ocurrió en este caso (…) Más aún cuando no se arguyó por parte de Carabineros alguna problemática en la documentación de los sujetos o el móvil, por cuanto el chofer sí tenía su documentación y no se observa cómo llegamos a revisar el portaequipajes y, más aún, registrar una maleta en su interior”. Dicho esto, el magistrado liberó a los detenidos y fijó para el 19 de junio la formalización.

El abogado asesor del Ministerio del Interior, Luis Hermosilla, calificó como una “ilegalidad” la resolución del juez.

“La decisión tomada por el juez de garantía constituye una ilegalidad grave, porque existe una norma expresa del Código Procesal Penal de facultaba a que, sin perjuicio de decretar la ilegalidad de la detención, se procediera a la formalización”, indicó Hermosilla. El abogado agregó que “categóricamente esas personas debieron quedar privadas de libertad y hoy día gozan o circulan por la calle por el error cometido por el juez al dictar la resolución que dictó”.

Hermosilla, además, dijo que presentaron una querella por la infracción a la Ley de Armas.

Dardos cruzados

La decisión del magistrado gatilló una serie de cuestionamientos, principalmente desde el Parlamento. El senador PPD Felipe Harboe señaló que “me parece grave y preocupante. El gobierno debería presentar una queja ante los superiores, es un descriterio judicial que desincentiva control policial y consolida la impunidad en tema de armas”.

En esa misma línea, el diputado RN Gonzalo Fuenzalida dijo que “el juez actuó con un discreterio y falta de sentido común, además da una pésima señal a las policías en cuanto a su labor preventiva”.

Sin embargo, también hubo críticas al actuar policial. El penalista Cristián Riego advirtió que “si se trata de una acción dentro del nuevo control de identidad, este no permite nada, porque considera solo la verificación de identidad”.

En tanto, según el abogado Matías Kunsemuller “para allanar a una persona se tienen que dar requisitos: o que haya una orden judicial o que existan indicios sobre que cometiste un delito o que estés próximo a cometerlo, de forma tal que si no se verifica ninguno de esos dos requisitos, y a ti te allanan y te descubren algo, droga o lo que sea, el allanamiento fue ilegal. Entonces, en este caso, está perfecto lo que hizo el juez”.

Conocida la polémica, el magistrado Juan Pablo Flores manifestó que “el tribunal entendió que la policía no tenía ningún indicio para un control de identidad del Artículo 85 del Código Procesal Penal (…). Se declaró ilegalidad de la detención por haber un exceso en el actuar policial”.

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