Gratuidad para CFT e IP crecerá 8% en 2019

El gobierno proyecta que para 2019 el beneficio de extenderá a 167 mil alumnos de educación técnica.


Como un “reconocimiento y una reparación”, calificó el Presidente de la República, Sebastián Piñera, el hecho de haber firmado ayer el proyecto de ley que amplía la cobertura de la gratuidad al 70% más vulnerable en educación técnico profesional (TP).

La iniciativa que, según la proyección del gobierno, en 2019 beneficiará a 13 mil estudiantes de centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP), pertenecientes al séptimo decil, permitirá dar cobertura de gratuidad a 167 mil alumnos de dichas instituciones.

Para este año, el Ejecutivo espera beneficiar a 154 mil alumnos. De este modo, el nuevo proyecto significaría un crecimiento del 8%, con respecto al escenario actual del sector TP.
En cuanto a los costos, el Presidente Piñera señaló que bordearía los $20 mil millones anuales, lo que sumado a la cobertura actual significará una inversión de $ 310 mil millones por parte del Estado.

“De esta manera estamos corrigiendo, aunque parcialmente, la desigualdad de trato del Estado hacia los estudiantes técnico- profesionales y abriendo las puertas hacia una mayor igualdad de oportunidades para todos los jóvenes de nuestra patria”, argumentó el Mandatario.

Para el diputado Jaime Bellolio (UDI), este avance “es una muy buena noticia. La Nueva Mayoría (NM) durante su gobierno retrasó la entrada a la gratuidad de la educación técnico profesional, los miraron en menos y menoscabaron (…) Lo que se está haciendo es reconocer la importancia de la educación técnica y compensarlos”.
A estas palabras se sumó Ricardo Paredes, rector del Duoc de la U. Católica, quien señaló que “históricamente ha existido una discriminación en favor de las universidades y creo que hoy día hay una señal de dar un poco vuelta eso”. Sin embargo, enfatizó en que con estos avances se debe ser “muy cuidadosos con la calidad”.

El diputado DC Mario Venegas defendió el trabajo que la NM hizo en favor de los alumnos TP y dijo que en el proyecto de educación superior se dedicó un capítulo a ese sector. Y valoró que este gobierno priorice a este grupo: “En la educación técnica están los estudiantes más carenciados”.

Sin embargo, no todos quedaron contentos con el proyecto. La senadora por Magallanes, Carolina Goic, pese a valorar el avance de la cobertura, manifestó sus dudas: “Es un paso tímido e insuficiente respecto de lo que tenemos que hacer. Nosotros no podemos esperar cuatro años para que el 100% de los alumnos de educación técnica puedan tener gratuidad y fortalecer un sistema de educación dual”, afirmó.

Con todo, Goic valoró que Piñera recogiera esta propuesta, que era parte de su programa de gobierno, y argumentó que “esto se enmarca dentro de una propuesta más integral, que busca que jóvenes que hoy están fuera del sistema puedan acceder a la educación técnica”.

En tanto, Patricia Noda, directora ejecutiva de Vertebral, que agrupa a los IP y CFT acreditados, planteó que el beneficio debería extenderse a otras instituciones para dar cobertura a alumnos más vulnerables que asisten a planteles que no tienen los cuatro años de certificación que exige la ley. “Nosotros pensamos que también se debe dar gratuidad a esos estudiantes de los seis primeros deciles que hoy están fuera del beneficio, por estar matriculados en instituciones con tres años de acreditación”, sostuvo.

El planteamiento de Vertebral apunta a que se modifiquen los requisitos para que los IP y CFT adscriban a la política pública y que se permita, al igual que con las universidades estatales, que las instituciones de tres años de acreditación también puedan recibir gratuidad.

No obstante, no todos los que están dentro de Vertebral apoyan esta postura. Así lo evidenció el rector de Duoc, Ricardo Paredes, quien declaró que “por ningún motivo se debería hacer una diferenciación entre el umbral que se pone en los universitarios y en el mundo técnico profesional, que son hoy día cuatro años para ambos”.
Lo anterior, pues a su juicio hacer una diferenciación, como por ejemplo exigir menos de los cuatro años de acreditación que están establecidos para que un IP se adscriba a la gratuidad, “sería un duro golpe al prestigio de lo técnico profesional”, aseguró.

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