Ministerio Público hace histórica incautación en sedes de la Iglesia por casos de abuso

Funcionarios del OS-9 de Carabineros se retiran del Tribunal Eclesiástico, en Santiago, luego del allanamiento realizado en la mañana de este miércoles. Foto: Juan Farías

Fiscalía junto a Carabineros allanaron los obispados de Santiago y Rancagua, además del Tribunal Eclesiástico. En 1987, el entonces vicario Sergio Valech le negó fichas clínicas al exfiscal militar Torres Silva.


Cerca de las 11.00 de este miércoles un fuerte rumor comenzó a circular entre los asistentes al seminario de capacitación sobre prevención de abusos sexuales, organizado por la Conferencia Episcopal, en la Casa Central de la Universidad Católica. Entre los presentes se encontraban los enviados papales Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, quienes iniciaban allí las actividades de su segundo día de misión en Chile. Llamados telefónicos y comentarios de pasillo alertaban que el Ministerio Público ingresaría a diversas dependencias de la Iglesia Católica en busca de información relacionada con investigaciones eclesiales sobre abusos cometidos por sacerdotes.

El mismo asombro se vivía a esa hora en la sede de la Conferencia Episcopal. Allí estaban el arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, y el obispo auxiliar, Fernando Ramos, quienes también recibían mensajes y llamados de alerta sobre la situación.

Finalmente, el rumor se materializó. A las 11.19 horas se dio inicio a un operativo histórico para la Iglesia Católica chilena. El fiscal regional de Rancagua, Emiliano Arias, en compañía de efectivos del OS-9 de Carabineros subieron al séptimo piso de Catedral 1063, en Santiago, para allanar las dependencias del Tribunal Eclesiástico.

En simultáneo, lo mismo ocurría en la Región de O’Higgins. Allí, el fiscal Sergio Pérez ingresó al Obispado de Rancagua.

A las 12.00 las campanadas de la Catedral Metropolitana no solo advertían el mediodía. También se sincronizaban con la salida del fiscal Arias desde el Tribunal Eclesiástico rumbo a un nuevo destino, a pocos metros: el Arzobispado de Santiago. En ese lugar culminaron las labores emprendidas y amparadas bajo la orden firmada por la jueza de garantía de Pichilemu, América Rojas.

En el caso de Rancagua, la fiscalía solicitó las investigaciones previas realizadas por la Iglesia en contra de religiosos de aquella diócesis acusados de abuso sexual contra menores. Aunque las denuncias fueron contra 14 religiosos, la documentación allanada por los persecutores excede a estos casos.

Lo requerido en Santiago fue más acotado y solo obedecía a la indagatoria contra el excanciller del arzobispado Óscar Muñoz Toledo (ver notas secundarias). La causa en contra del sacerdote se inició luego de que se autodenunciara en enero por supuesto abuso y acoso contra menores en la Región de O’Higgins. En menos de un mes, los resultados eran elevados por la diócesis al Vaticano.

“Se trata de diligencias simultáneas, tanto en Santiago como en Rancagua, referidas a la incautación judicial de una serie de elementos necesarios para continuar con la investigación de hechos que podrían ser constitutivos de delitos contra menores de edad”, indicó el fiscal Arias.

El persecutor aseguró que su actuar no está dirigido contra la Iglesia Católica, sino a ciertas personas naturales que han cometido delitos.

Fichas clínicas de Valech

Esta situación se asemeja en parte a la ocurrida en los años 80 con la Vicaría de la Solidaridad, en ese tiempo bajo el mando del obispo Sergio Valech. Desde 1986 el entonces fiscal militar, Fernando Torres Silva, seguía a esta organización eclesiástica bajo el supuesto de que estaba infiltrada por elementos del FPMR. En 1989 Torres decidió investigar a algunos eventuales implicados en la muerte de un carabinero, cuyas fichas médicas habían salido de la Clínica Chiloé, dependiente de la vicaría. El fiscal Torres pidió los documentos, pero Valech se los negó.

Luciano Foullioux, exabogado de la vicaría, dijo que se trata de instancias distintas. “Solo existe un elemento en común, la Iglesia es la requerida. Pero los motivos son esencialmente diferentes. Era una dictadura, hoy hay democracia y tribunales. Además, la Iglesia de ayer estaba fuerte, la de hoy está muy débil”, comentó.

Indagatoria de oficio

El fiscal Arias advirtió, respecto del allanamiento, que la causa podría extenderse a hechos hoy prescritos. De acuerdo a la legislación, los crímenes de este tipo prescriben en un plazo de 10 años, pero la cuenta se inicia una vez que el niño o niña cumple 18 años. “Aun cuando estos hechos se encuentren prescritos, podría interrumpirse la prescripción por un nuevo delito. En consecuencia, esto se refiere no solo a los autores de los delitos, sino también a cómplices y encubridores”, indicó.

La misma amplitud de acción que maneja en posibles delitos prescritos, el fiscal la planteó para la aparición de situaciones que excedan a las hoy investigadas, al indicar que se indagará “a todas aquellas personas que surgen a partir del análisis de lo incautado”.

Minutos previos a que culminaran las diligencias en el Arzobispado de Santiago, por un ingreso lateral concurría hasta allí el cardenal Ezzati. Los presentes en el lugar descartaron cualquier intercambio entre Arias y el prelado.

Casi una hora después de que se retiraran los efectivos del OS-9 y de la fiscalía, el arzobispo leyó una declaración pública en que relata los hechos, además de enfatizar en la colaboración de la Iglesia ante la justicia ordinaria.

“El Arzobispado de Santiago entregó al señor fiscal toda la información solicitada, reiterando la disponibilidad de colaborar con la justicia en todo lo que sea requerido”, dijo.

En cada organismo en que los persecutores hicieron ingreso la sorpresa se apoderaba de los religiosos y trabajadores. La presencia de los policías en las sedes eclesiásticas era un hecho por sí solo. No obstante, que estos solicitaran información bajo secreto pontificio agregaba un ingrediente extra. Pese a que en Rancagua el obispo Alejandro Goic alertó al fiscal Pérez al respecto, la orden judicial era clara: retirar los antecedentes.

“El señor fiscal solicitó la documentación que teníamos al respecto, si bien es cierto de una manera inesperada, colaboramos en todo lo que se nos pidió y se entregó la documentación pedida”, señaló el vicario judicial de Santiago, Jaime Ortiz de Lazcano, quien enfatizó que en este caso no existió solicitud previa.

En Rancagua, en cambio, el 28 de mayo la fiscalía requirió los antecedentes, Sin embargo, la Congregación para la Doctrina de la Fe -ente encargado de indagar abusos contra menores- aseguró que la petición debía ser hecha por exhorto al Vaticano.

“Nosotros solicitamos como es la regla general, y ante la negativa, fuimos al tribunal para poder lograr la incautación de la información”, señaló el fiscal Pérez.


El canciller que se autodenunció

El jueves 24 de mayo, el Arzobispado de Santiago confirmó que el sacerdote Óscar Muñoz, quien ejercía como canciller desde junio de 2011, fue “relevado” de sus funciones el pasado 2 de enero, después de que él mismo se autodenunciara por un caso de abuso.

A través de un comunicado de prensa, la Iglesia informó que ese enero “se implementaron medidas cautelares, siendo relevado de sus cargos de canciller de la curia y párroco, prohibiéndosele el ejercicio público del ministerio sacerdotal”.

Trascendió que el presbítero fue acusado por un familiar de presuntos abusos efectuados años antes a cuatro personas en Rancagua, quienes en ese momento eran menores de edad.

El arzobispado, tras la investigación previa, envió los antecedentes al Vaticano. La fiscalía, en tanto, abrió una investigación de oficio.



14 sacerdotes suspendidos en Rancagua

A fines de mayo reciente, un reportaje de T13 informó sobre una supuesta “cofradía” de sacerdotes de Rancagua sobre quienes pesaban denuncias por conductas impropias y presuntos abusos. Tras ello, el obispo Alejandro Goic suspendió del ejercicio pastoral a 14 presbíteros de la zona (13 de ellos párrocos) y aclaró que en solo uno de los casos existía denuncia de abuso de menores, la cual fue enviada a Roma. Los otros eran por irregularidades económicas y conductas que se “contraponen al sacerdocio”.

Paralelamente, el prelado renunció a la presidencia del Consejo de Prevención de Abusos del Episcopado, que encabezaba desde 2011.

La Fiscalía de Rancagua, sin embargo, informó que se estaba investigando un número mayor de sacerdotes de la diócesis, y que de momento toda la indagatoria era por eventuales abusos.


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