Penalistas y parlamentarios plantean cambios a Ley de Inteligencia

Autor: J. Matus

Expertos respaldaron los dichos del fiscal nacional, quien el domingo se refirió a las dificultades de usar en sede penal la información recolectada bajo dicha normativa.


Una de las interrogantes que ha dejado la Operación Huracán, en que Carabineros bajo el alero de la Ley de Inteligencia habría interceptado conversaciones de WhatsApp y Telegram a sospechosos de ataques incendiarios en La Araucanía, es si los antecedentes recabados mediante dicha legislación pueden efectivamente ser usados en sede penal.

Hoy estas evidencias se encuentran en entredicho, luego de que el Ministerio Público detectara presuntas irregularidades en las pruebas.

En entrevista a Reportajes de La Tercera, fiscal nacional, Jorge Abbott, dijo que “es importante hacer una revisión de inteligencia sobre todo lo que dice relación con la información que puede ser útil para la persecución penal. Hoy tenemos la dificultad que si no es liberada la información expresamente no es posible usarla en sede penal. Y más aún. Muchas veces los organismos de Inteligencia son reacios a entregar esta información porque al llevarlo a juicio tienen que develar el origen y esto les acarrea un costo que no están dispuestos a asumir”, dijo.

Abbott indicó, además, que hay que buscar un mecanismo para que la información que se levante a través de esta normativa “pueda tener algún tipo de validación en el proceso penal”.

Su propuesta fue respaldada tanto por parlamentarios como por abogados penalistas. “Las palabras del fiscal nacional son prudentes, ya que plantean una serie de interrogantes que hay que hacerse desde los distintos métodos de investigación y casos atendida su complejidad. Comparto sus inquietudes, cuestionamientos y preguntas”, dijo el penalista Juan Domingo Acosta.

Algunos, incluso, fueron más allá y señalaron que la información levantada por Inteligencia no debería ser usada por la Fiscalía para procesos penales.

Ese fue el caso del ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP), Juan Enrique Vargas, quien indicó que “hay que desvincular los trabajos de Inteligencia con el trabajo de persecución penal. Este mismo caso ha demostrado que si no es el Ministerio Público el que tiene un control completo de la información, pueden suceder situaciones tan complejas como las que han ocurrido en el caso Huracán”.

En ese sentido, planteó que “lo mejor es que la labor de Inteligencia se use para las labores generales de prevención que tienen que realizar las Fuerzas Armadas, Carabineros, la ANI, y que las labores de persecución penal corran por otro carril”. Asimismo, indicó que los estándares de la calidad de la información en el proceso penal son muy elevados y requieren un nivel de chequeo de antecedentes que, en general, en Inteligencia no se está dispuesto o no se puede alcanzar.

En la misma línea, el penalista Miguel Soto Piñeiro dijo que “es evidente que las investigaciones realizadas al amparo de la Ley de Inteligencia no reúnen los protocolos para incorporarse a una investigación penal”.

Por su parte, para el académico de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, Gonzalo Medina, esta “es una oportunidad para debatir sobre la incorporación de evidencia obtenida en otras sedes, administrativa o de labores de Inteligencia, y a qué criterios de legitimidad se deben someter esas investigaciones para ser admisibles en contexto de un Estado de derecho. No se trata sólo de un mecanismo de intercambio, sino de una discusión seria sobre los límites de la actividad estatal”. Agregó que “todo el sistema de inteligencia chileno debería ser revisado”.

En el Congreso

A raíz de lo ocurrido con la Operación Huracán, los parlamentarios coinciden en que se requiere una modificación a la Ley de Inteligencia. Para el senador PPD Felipe Harboe, “el actual sistema sin controles interinstitucionales facilita el abuso y mal uso de información residual, y carece de sistemas de controles reales sobre el uso de tecnologías intrusivas. Además, el sistema ha sido incapaz de prevenir actos complejos ni reaccionar oportunamente para identificar a sus autores”.

En tanto, según el diputado PS Leonardo Soto, los cuestionamientos realizados por Abbott sobre que las indagatorias que se realicen mediante Ley de Inteligencia puedan ser usadas en sede penal, “tiene mucho sentido, es una norma del año 90 y es imprescindible ponerla al día con los fenómenos que enfrentamos”. Por esto, dijo que cree que el Parlamento “va a mirar con buenos ojos que se pueda poner al día la Ley de Inteligencia”.

Abbott también realizó un emplazamiento al gobierno para que se pronuncie sobre los supuestos seguimientos de Carabineros al fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, quien investiga la supuesta manipulación de prueba por parte de la policía uniformada. Al respecto, el abogado Juan Enrique Vargas dijo que “si el Ministerio Público tiene antecedentes de que está sucediendo algo así, lo lógico es que haga la denuncia formal y no espere que el gobierno o Carabineros se hagan cargo del tema”.

Gonzalo Medina, en tanto, dijo que no lo ve como un emplazamiento, “sino más bien coincido con él (Abbott) en que si existe una situación como el seguimiento de un fiscal no puede quedar sin una explicación respecto de todas las autoridades involucradas”.

No fue posible obtener una versión del gobierno sobre esta materia. El sábado, Carabineros había descartado esta situación.

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