En distintas instancias formales con rectores y autoridades de las universidades estatales, durante las últimas dos semanas las ministras de Educación (María Paz Arzola) y Ciencia (Ximena Lincolao), así como los subsecretarias de Educación Superior (Fernanda Valdés) y de Ciencia (Fernando Araos), les han anticipado la posibilidad de que el ajuste fiscal anunciado por el gobierno de José Antonio Kast afecte de manera transversal los aportes a educación superior.

Si bien la ministra Arzola ha dicho en varias ocasiones que la prioridad de su gestión estará puesta en la primera infancia y que cada peso extra irá a ese sector, el temor de los rectores es que eso vaya incluso más allá y el recorte del 3% toque sus puertas. Esto, dicen en privado algunos de ellos, es lo que las nuevas autoridades del país han deslizado permanentemente.

A raíz de eso, el Consorcio de Rectores de las Universidades Estatales (Cuech) compuesto por las 18 casas de estudio públicas del país, emitió una declaración en la que se plantan claramente en contra de la idea, abriendo el primer gallito de disputa con el gobierno, a través de la ministra -Arzola- del sector que los enmarca. “No existe margen real para un ajuste financiero en las universidades estatales sin afectar la calidad de la educación pública, dadas las restricciones estructurales del sistema”, es el enunciado del extenso texto motivado a raíz de una idea que les han dicho se está estudiando, pero que los rectores intentarán contener antes de que avance.

“Las rectoras y rectores de las universidades que integran el Cuech advertimos sobre los riesgos que una eventual reducción de los aportes fiscales directos implicaría para la sostenibilidad del sistema de educación superior estatal y su aporte estratégico al país“, dijeron en un escrito este jueves, en el que aseveran compartir “la preocupación del gobierno por el gasto público, sin embargo, la aplicación de ajustes de carácter transversal en el Estado no resulta neutra en sus efectos”.

En el caso de la educación superior estatal, añadieron, menores recursos “contravienen la necesidad estratégica de fortalecer la formación de profesionales de excelencia, la investigación y la innovación, especialmente en regiones donde nuestras universidades cumplen un rol insustituible en su desarrollo territorial, no solo en lo formativo, también en lo productivo, social, científico, cultural y patrimonial”.

Asimismo, aprovecharon de advertir que la actual configuración normativa del sistema de educación superior estatal, que según ellos tiene más trabas que para las universidades privadas, “limita significativamente nuestra capacidad de absorción de reducciones presupuestarias sin impactos sustantivos en el cumplimiento de nuestra misión legal y rol público”.

“Es evidente que cualquier disminución de los aportes basales o alteración en la estructura de aranceles regulados afectará de manera significativa la contribución estratégica del sistema de educación superior estatal al desarrollo económico, social y territorial del país”, sumaron, cerrando con que “Chile necesita más crecimiento económico y desarrollo humano. Una meta imposible de lograr sin el aporte decisivo que ejercen actualmente las universidades estatales en todas las regiones del país”.

En el comunicado, el Cuech aprovechó de transparentar su postura en torno a establecer una moratoria para el ingreso de nuevas instituciones al sistema de gratuidad contenido en la megarreforma del gobierno. “Esta medida se justifica no solo en el actual escenario de ajuste fiscal anunciado, sino también en la necesidad de revisar el crecimiento del sistema, en un escenario donde la expansión de la oferta privada no tradicional en educación superior —sin mecanismos equivalentes de regulación con la educación pública— ha incrementado la presión sobre el gasto fiscal, concentrando una proporción mayor de recursos públicos en entidades privadas".

Consultados por una respuesta a este pronunciamiento del Cuech, en el Ministerio de Educación declinaron comentarlo.

Eso sí, ya desde sus primeros encuentros con rectores, la ministra Arzola había sincerado la posición en torno al financiamiento de la educación superior. Por ejemplo, en su debut como ministra el 26 de marzo en el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) que justamente componen las 18 universidades estatales, dejó una señal nítida, aunque un tanto incómoda para el sistema. Allí remarcó que el financiamiento para el sector no sería prioridad.