Sospechoso liberado por juez en V Región registra cinco condenas

Microtráfico de drogas, lesiones graves, encubridor de robo con violencia, robo con fuerza y tráfico de estupefacientes. Este es el nutrido prontuario delictual que registra Manuel Olivares Maldonado (58), uno de los dos detenidos por Carabineros tras ser sorprendido conduciendo un vehículo en el que transportaba dos revólveres, una pistola, 126 municiones y $ 4.152.000 en efectivo.

Pese al armamento incautado a los sospechosos, el 30 de mayo el juez de garantía de San Antonio, Juan Pablo Flores, declaró ilegal la detención de los dos sospechosos y ordenó su libertad. En su argumento aseguró que la policía, al revisar el vehículo, vulneró "el debido proceso como la intimidad y libertad ambulatoria" de los detenidos.

La decisión del tribunal generó duras críticas por parte del gobierno. Incluso, llevó a que el sábado el Presidente Sebastián Piñera cuestionara al tribunal: "Muy grave que juez de garantía de San Antonio deje en libertad personas que llevaban en su auto peligrosas armas y municiones. Existen disposiciones legales expresas para evitarlo. Necesitamos que nuestros tribunales apliquen la ley".

El caso cobró especial relevancia para La Moneda la semana pasada. Fue ahí cuando el gobierno comenzó a monitorear esta causa que, en un principio, solo se había informado a través del Canal 2 de San Antonio, en una nota de alrededor de cuatro minutos.

La noticia circuló en varios teléfonos móviles de personeros de gobierno, quienes miraron con incredulidad el actuar del juez Flores. Y no solo por el potente armamento incautado, sino que también por los fundamentos de su resolución en que acusó a los uniformados de extralimitarse en sus facultades.

"Más aún cuando no se arguyó por parte de Carabineros alguna problemática en la documentación de los sujetos o el móvil, por cuanto el chofer sí tenía su documentación y no se observa cómo llegamos a revisar el portaequipajes", detalla el fallo que dejó libres a a Olivares y a su acompañante, Nelson Cerda (26). Ambos solo quedaron citados para una audiencia de formalización que se realizará el 19 de junio. Tras conocer estos antecedentes, el Ministerio del Interior se querelló por infracción a la Ley de Armas contra los imputados y, asimismo, se presentará un recurso de queja contra el magistrado Flores.

Lo que hasta ahora no está claro es por qué la fiscalía no profundizó en el peligro que revestía dejar en libertad a uno de los ocupantes del vehículo Mazda con vidrios polarizados que llamó la atención de la policía. Más aún al considerar el extenso prontuario policial que registra Olivares.

Según la gobernadora de San Antonio, Gabriela Alcalde, la fiscalía habría llegado a la audiencia de control de detención sin leer los antecedentes de la investigación. Por esta razón el gobierno pedirá al Ministerio Público que explique las razones que tuvo el fiscal para no recurrir a la decisión del juez.

Consultada ayer la Fiscalía Nacional, informó que "el Ministerio Público comparte la preocupación de la ciudadanía. Se trata de una situación especialmente compleja y grave, por lo que el fiscal nacional, Jorge Abbott, ha solicitado todos los antecedentes del caso al fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, para revisar cómo se llevó a cabo el procedimiento en su conjunto".

Añadieron que "a partir de ese análisis, la Fiscalía Nacional determinará eventuales mejoras en la coordinación con policías y en los protocolos internos".

Ahora será el fiscal nacional quien deberá determinar si el Ministerio Público actuó de manera adecuada frente a este nuevo caso que enfrenta a La Moneda con el Poder Judicial.