Directora del Sename: “Me ha impactado el carácter masivo de los centros, tipo carcelario”

Directora nacional del Sename, Susana Tonda.

Susana Tonda se refirió a los resultados de la auditoría social que se hizo al organismo y relató el escenario que encontró al asumir el cargo. Dijo que en los recintos constató “grandes deficiencias”.


Un 42% de los niños que se encuentra en los centros de administración directa del Estado consume alcohol y drogas. El diagnóstico fue entregado el jueves por el Presidente Sebastián Piñera, en compañía de la directora nacional del Servicio Nacional de Menores (Sename), Susana Tonda, a través de la auditoría social que se realizó a los hogares. Un diagnóstico que para la ingeniera comercial refleja el incumplimiento del Estado chileno con la infancia vulnerada.

En conversación con La Tercera, la autoridad analizó los resultados y entregó algunas soluciones para mejorar esta situación, la cual ha sido calificada como primordial por el gobierno.

¿Cuáles son sus conclusiones con relación a la auditoría social, en relación al rol que ha cumplido el Estado al cuidado de menores vulnerables?

Esta primera parte de la auditoría social revela graves deficiencias en los centros administrados por el Sename, tanto en la gestión técnica como administrativa. Los resultados también reflejan una debilidad importante en el trabajo intersectorial, coordinación que es clave para restituir los derechos de los niños. La auditoría social viene a ratificar que el Estado no ha cumplido su deber de proteger a estos niños, niñas y adolescentes vulnerados.

¿Cómo responderá esta vez el Estado?

Estamos esperanzados en los resultados que arroje la Mesa del Acuerdo Nacional por la Infancia, que conoceremos en los próximos días, donde están sentados actores tan importantes como Salud y Educación, además de la sociedad civil y representantes del mundo político.

Dada la realidad visibilizada en los centros, podría compararse a una residencia del Sename con un recinto penitenciario. ¿Qué piensa de aquello?

Una de las cosas que más me ha impactado de los centros de protección administrados directamente por el Sename es su carácter masivo, tipo carcelario o de encierro, con rejas y muros altos, y donde los niños no logran vincularse con la sociedad ni tener una rutina familiar.

¿Cómo se supera esto?

Se requiere con urgencia un cambio en el modelo, ya que este sistema masivo que sustenta el trabajo de estos centros debe llegar a su fin, para avanzar a un modelo de cuidados residenciales de tipo familiar. Es decir, casas donde no vivan decenas de niños, sino 15 como máximo, con equipos especializados que aborden las graves vulneraciones de los niños, para que puedan normalizar sus vidas lo más posible.

La auditoría cuestiona la capacidad de los funcionarios del Sename para trabajar con menores. ¿A qué se debe?

Más que la incapacidad de los funcionarios, hay déficit de los recursos humanos en los centros, lo que afecta la atención de los niños. Hay muchos cargos vacantes, un alto número de licencias médicas y funcionarios sumariados que han sido separados temporalmente de sus funciones, lo que genera una serie de dificultades para lograr la dotación necesaria.

Amplían en 100 días indagatoria por muerte de Lissette

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decidió acoger la solicitud realizada por el Ministerio Público, relativa a ampliar en 100 días el plazo de investigación por la muerte de Lissette Villa, la menor de 11 años fallecida al interior del centro Galvarino del Sename, el 11 de abril de 2016.

Según indicó la fiscal Erica Vargas López , de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, entre sus argumentos para obtener el nuevo plazo advirtió que aún falta tomar declaración a más de 60 personas en calidad de testigos. En tanto, señaló que también están pendientes pericias a computadores de la institución, además de información que sería entregada por el Congreso surgida de la comisión investigadora dedicada a indagar el fallecimiento de la menor.

Hasta el momento se ha formalizado por este hecho a 10 funcionarios. Según la abogada defensora, Jacqueline Stubing, la solicitud de la fiscalía -a la que se allanaron sus pares- “era lo más probable, dadas las aristas que han surgido de este caso”.

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