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Actualizado el 20/08/2017
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El borrador del gobierno para el matrimonio igualitario

Autor: Leslie Ayala e Ignacio Bazán

La última batalla valórica del gobierno será el vínculo igualitario, proyecto que presentará el 28 de agosto. Aquí, las minutas que dan forma a la propuesta, que iguala derechos en cuanto al matrimonio, pero que deja dudas en torno a la filiación y adopción de parejas homoparentales.

El borrador del gobierno para el matrimonio igualitario

Por décadas, cada vez que una pareja se ha casado ante un oficial del Registro Civil ha escuchado la frase: “El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente”.

El proyecto de matrimonio igualitario que el gobierno tiene presupuestado presentar el lunes 28 de agosto borraría la exclusividad de un contrato entre un hombre y una mujer. Y quedaría así: “El matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas, de igual o distinto sexo, se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente”.

“Dos personas de igual o distinto sexo”.

La frase es la base para empezar a discutir el matrimonio igualitario en Chile.

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Luego de que el destino del proyecto de aborto en sus tres causales se zanje mañana -según acordó el viernes el Tribunal Constitucional (TC)-, será el momento de girar la discusión a lo que será la última batalla valórica que se librará durante el gobierno de Michelle Bachelet: el matrimonio igualitario.

Desde mediados del año pasado en el Ejecutivo se han venido reuniendo con las organizaciones de la diversidad a través de la Segpres y la Segegob. Los ministerios que han estado a cargo del diseño del proyecto son Justicia, Segegob y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Antes, durante ese mismo año, los profesores de Derecho Civil de la Universidad de Chile, Gabriel Hernández, Fabiola Lathrop y Mauricio Tapia, redactaron un anteproyecto de ley de matrimonio igualitario -en conjunto con la Fundación Iguales- que fue presentado, como contribución académica a la discusión, a la Presidenta de la República y a los presidentes de ambas Cámaras.

Este proyecto, en esencia, contenía lo siguiente: reconocía el derecho a contraer matrimonio, en términos igualitarios, a las parejas de distinto o del mismo sexo, en conformidad al principio de igualdad y no discriminación y al derecho a la vida familiar. También regulaba los efectos personales y patrimoniales del matrimonio, por ejemplo, régimen de bienes y derechos sucesorios. A diferencia de la Ley de Acuerdo de Unión Civil (AUC), abordaba expresamente y de forma integral la situación de la filiación, permitiendo a todos el acceso a la paternidad y/o maternidad en igualdad de condiciones, incluyendo la homoparentalidad, el reconocimiento de hijos, la adopción y las técnicas de reproducción asistida.

Minutas del anteproyecto que actualmente trabaja el Ejecutivo dan cuenta de que se dejó de lado la propuesta de Iguales y los académicos de la Universidad de Chile.
La iniciativa era un cambio más integral y complejo al Código Civil, y regulaba con más profundidad el tema de filiación y la adopción homoparental. La Moneda optó por una fórmula que si bien asegura el matrimonio entre personas del mismo sexo, deja sin regular algunos aspectos relativos a la filiación de dichas parejas.

Reportajes accedió a una serie de borradores y anteproyectos que se han afinado en los últimos tres meses, minutas que entregan detalles de la iniciativa legal que modifica cuerpos ya existentes para lograr reconocer el derecho que tienen las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio en igualdad de condiciones con las parejas heterosexuales.
A la modificación evidente del artículo 102 del Código Civil que hoy sólo permite matrimonios entre un hombre y una mujer, se suma un cambio al artículo 41 del mismo cuerpo legal que desarrolla la “filiación”. Con las leyes actuales, en Chile no es posible la filiación homoparental, sólo se puede tener un padre y una madre, porque el Código Civil únicamente concibe la filiación materna y paterna.

Los borradores indican que el gobierno se jugará por modificar esta norma para darle la posibilidad a un niño el tener filiación por dos padres o dos madres. El cambio al artículo 41 impactará en materias como: el consentimiento requerido por los menores de 18 años (pero mayores de 16) para contraer matrimonio, quienes deben contar con la autorización de sus padres o madres. Lo hará también en “la patria potestad, que puede ser ejercida no sólo por padre o madre, sino también ahora por padres o madres”, e incluso en las técnicas de reproducción asistida entre personas del mismo sexo. En este último caso, se permitirá determinar la filiación del hijo aunque sean dos padres o dos madres.

En estos casos, según los textos, sólo importarán las personas que participaron de las técnicas de reproducción asistida.

El proyecto que trabaja el Ejecutivo también toca el tema de la adopción homoparental. Y lo hace de una forma sutil, al modificar el Reglamento del Registro Civil. “Modifíquese el artículo 126 (…). En caso de que la adopción sea entre dos personas del mismo sexo, antes de dictar sentencia, el juez requerirá a los adoptantes su acuerdo para disponer el orden de los apellidos”.

En todos los borradores que se han trabajado en el último tiempo, esta es la única alusión. No especifica cómo, de qué forma y bajo qué procesos quienes contraigan matrimonio igualitario podrán adoptar niños.

Pese a lo revolucionario que puede parecer la propuesta por la que se jugará La Moneda, al interior del propio gobierno hay algunas voces críticas que sostienen que es una normativa que dejará flancos abiertos y que generará cuestionamientos tanto en los sectores más conservadores como en los liberales, y también desde el mundo lésbico, pues los cambios que se propondrán son más enfocados en un matrimonio entre dos hombres. “Está el alma del Movilh en esto”, dice uno de los consultados.

Entre los ministerios que han llevado el tema se han levantado algunas críticas cruzadas por la forma en que se han ido incorporando las propuestas hechas desde la sociedad civil y de académicos. Un ejemplo de ello es que en vez de llamar a los padres en situaciones de filiación “progenitores”, como se pedía en la propuesta elaborada por la Universidad de Chile y la fundación Iguales para imponer un léxico más neutro, el borrador del proyecto de La Moneda los sigue llamando “padre y madre”. En ciertos articulados la ley se va a volver aún más confusa al exponer conceptos como “madres” y “padres” para referirse a los matrimonios del mismo sexo. Según quienes están tras el proyecto, se habría descartado el uso de la palabra “progenitor”, porque ella describía una estructura biológica.

En las organizaciones por la diversidad están expectantes. Luego del AUC, lo que viene para ellos es el matrimonio igualitario. En Iguales, por ejemplo, ya tienen contemplado activar una campaña luego de que la Presidenta Bachelet presente el proyecto a fines de agosto. La idea, dicen, es ejercer presión para contar con una ley aprobada lo antes posible. El plan de Iguales es subrayar las diferentes conquistas de derechos civiles en Chile, como el voto femenino o la eliminación de la figura de hijos ilegítimos, aquellos hijos nacidos fuera del matrimonio, para llegar finalmente a una promulgación de matrimonio igualitario en Chile.

Juan Enrique Pi, el presidente de la fundación, dice que todavía no ha tenido acceso al detalle del contenido del proyecto del gobierno. “Pero esperamos los mismos derechos con los mismos nombres. Sin los mismos derechos y los mismos nombres no hay proyecto de matrimonio igualitario”.

La idea que tienen en Iguales es que antes de fin de año, al menos, se apruebe la idea de legislar. Rolando Jiménez dice que las minutas ya están en poder de Ciro Colombara, abogado del Movilh. El histórico dirigente está confiado en que el proyecto los dejará conformes, aunque el tema de la filiación y adopción homoparental siga siendo incierto. En eso, Jiménez es claro: “No hay matrimonio igualitario sin filiación ni adopción”.

El proyecto comenzó a trabajarse a fines del año pasado tras la denuncia del propio Movilh ante la Comisión Interamericana de DD.HH. Aparte de ser una promesa de campaña de la Presidenta Michelle Bachelet, esta denuncia internacional de leyes discriminatorias que acusó el movimiento que lidera Jiménez precipitó que Chile buscara una solución amistosa al conflicto.

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Tal vez la crítica más relevante de algunos expertos que han tenido acceso a los borradores que se trabajan en Segegob, Justicia y Mujer y Equidad de Género es que la iniciativa que pretende llevarse al Congreso no se distancia mucho del AUC, pues no se aborda de forma concreta y en profundidad la complejidad de regular la relación de los matrimonios homoparentales con sus hijos.

Está el caso de Claudia, de 26 años, y su pareja Romina, quien tiene 31. Romina es profesora en la VI Región, y aunque su opción sexual es abierta, ha pedido resguardar su nombre y el de su pareja por temor a la reacción de los apoderados del colegio en el que trabaja.

La pareja lleva ocho años junta y hace dos años firmaron el Acuerdo de Unión Civil. Estaban enamoradas, habían comprado una casa juntas y el AUC protegía la propiedad que habían comprado en caso de que a alguna de las dos le pase algo. En términos de herencia, el AUC les sirvió para estar más tranquilas, para ordenar sus finanzas bajo un vínculo más formal, reconocido por el Estado.

Pero ahora la situación cambió.

Romina quedó embarazada a través de inseminación artificial, lo que significa que ella y su pareja van a ser madres. Bajo la actual ley, Romina tiene todos los derechos de una madre biológica, pero Claudia no. “Preguntamos cómo lo vamos a hacer con el apellido cuando nazca”, dice Claudia. “Nos dijeron que la guagua se queda con el apellido de Romina como segundo apellido y que el primer apellido lo elegimos nosotras. Puede ser cualquier apellido y obviamente que va a ser el mío, pero es algo decorativo. Para el Estado, yo sigo siendo cualquier persona en relación a mi hija”.

Jimena Lizama, abogada de fundación Iguales, explica algunos de los problemas que tienen que enfrentar parejas del mismo sexo en relación a la paternidad o maternidad. “En el caso de las mujeres es muy complicado cuando muere la madre biológica”, dice Lizama. “Por ley, los padres de la madre biológica son lo que se pueden quedar con el hijo de la pareja. Si ellos no ceden la tuición, por otro lado, la madre no biológica puede demandar ante un tribunal de familia por el “interés superior del niño” y demostrar la cantidad de años que ella ha participado en la crianza. De todas formas, el proceso es muy difícil”.

Lizama cuenta que, en caso de que la pareja se separe, el o los hijos en común también pueden quedar desprotegidos. “Como no hay un vínculo legal, la persona que no tiene los derechos filiativos no está obligada a darle una pensión alimenticia a su pareja, por ejemplo. Lo puede hacer, pero de forma opcional y sin la mediación que puede otorgar un tribunal de familia”.

Con la actual ley, los hijos de una pareja del mismo sexo también quedan desprotegidos en la parte hereditaria. Los bienes del padre o madre no biológico no pasan al hijo de la pareja en caso de que la persona con la que firmó el AUC ya haya fallecido, sino que a familiares directos, como padres o hermanos.

Por estas razones, dice Claudia, es que quiere casarse con Romina apenas se apruebe una ley de matrimonio igualitario. “Estamos más que comprometidas hace tiempo”, dice Claudia. “Nuestra inquietud no es romántica, sino que de proteger a nuestro futuro hijo. Queremos que tenga los mismo derechos que los hijos de cualquier pareja heterosexual”.

Un caso similar vive una pareja de Iquique. A fines de 2015, Camila Castillo (27), egresada de Derecho, anunció que contraería el AUC con Camila Vega (30), profesora de educación física, en la Región de Tarapacá. En ese momento, Castillo era la directora del Injuv y su historia trascendió a nivel regional por lo público de su cargo. Los meses pasaron y la pareja fue postergando la firma del acuerdo. Habían comprado un departamento juntas y luego Castillo asumió una candidatura a concejala por Iquique. No estaban los fondos para armar una celebración. Ahora llevan dos años de relación y viven juntas en el departamento que compraron.

Hoy están expectantes, viendo si en lugar de firmar un AUC celebran un matrimonio igualitario en un futuro cercano. Tras el anuncio en junio del gobierno de enviar un proyecto de ley, lo ven como algo un poco más cercano. “Como mujeres, ambas tenemos planes a mediano plazo de ser madres”, dice Castillo. “Lo que más me ha aproblemado cuando planifico eso es que si tengo hijos con mi pareja, van a estar desprotegidos legalmente. Con el AUC no hay reconocimiento de la familia, solo se reconocen las cosas materiales en un vínculo más débil, porque a diferencia del matrimonio, la otra persona lo puede terminar el día que quiera sin preguntarle a su pareja. Yo no pido casarme por la Iglesia, pido celebrar un contrato civil que esté regulado por el Código Civil, que el Estado me reconozca como familia y un estado civil de casada”.

Castillo dice que tienen planificado que la primera que viva el proceso de inseminación artificial sea ella y que después, ojalá su pareja se embarace del mismo donante. “La idea es que las dos vivamos el embarazo”.

Castillo ahora trabaja apoyando la gestión de proyectos en la Seremi del Medio Ambiente y planea ir de candidata al Consejo Regional por la DC. A pesar de que bromea con que su partido “no es muy popular” en temas valóricos en estos momentos, dice que se identifica con el ala más progresista de la DC, que trabaja con Ximena Rincón, Yasna Provoste. Sus últimos años han estado marcados por una vida política activa. “Siempre ha sido con respeto, nunca ha sido algo violento e incluso me acercó a una parte de la juventud que se sintió más acogida. Me empezaron a contactar mujeres lesbianas y adolescentes para que las guíe”.

Cuando se hizo público lo suyo se sintió apoyada por el partido. Solo tuvo un incidente: una camarada la sacó de un grupo de WhatsApp de la DC en Tarapacá y luego le dijo por interno que debería irse a otro partido por ser lesbiana. Castillo decidió llevarla al Tribunal Supremo de la DC.

Ahora espera que su candidata presidencial, Carolina Goic, genere las condiciones necesarias para que ella y su pareja se puedan casar en un eventual gobierno y ambas puedan ser tutoras legales de una futura hija. Para Castillo es también una manera de igualar la cancha con las parejas heterosexuales: “El AUC no es un figura exclusiva de la diversidad sexual, las parejas heterosexuales tienen todos los derechos que nosotros tenemos. ¿Por qué entonces nosotros no vamos a tener el derecho a casarnos”.

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