Cuando se tramitaba la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento en 2012, el cálculo que hizo el entonces subsecretario de Economía, Tomás Flores, era que unas 20 mil personas se acogerían anualmente al nuevo mecanismo que venía a reemplazar a la antigua ley de quiebras. Sin embargo, el número que arrojó el balance 2015 de la nueva normativa dista mucho de esa estimación.

En efecto, pues sólo 2.069 personas naturales pidieron renegociar sus deudas el año pasado. De esas, 991 fueron admitidas, 1.630 no fueron aceptadas y 78 están en examen de admisibilidad, según datos de la superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.

La deuda promedio que tienen estas 991 personas es de $ 26,3 millones. Claro que hay una alta dispersión, ya que los montos fluctúan entre $ 1,9 millones y $ 435 millones por persona. El tiempo promedio para determinar el pasivo y hacer efectiva la renegociación fue de 70 días.

“El  balance es positivo, por cuanto la ciudadanía ha manifestado un alto interés y buena recepción frente a la ley, ya sea consultando sobre los nuevos procedimientos, iniciando la renegociación o bien acogiéndose a los procedimientos de reorganización y liquidación de empresas y personas”, dice el superintendente del ramo, Andrés Pennycook.

Quiénes son

La mayoría de quienes pidieron reorganizar sus deudas son hombres (57%), versus 43% de mujeres. Y la mayoría de las personas que utilizó el mecanismo tiene entre 30 a 44 años (47,4%).

En el detalle, de quienes pidieron este procedimiento en 2015, el 76,4% eran trabajadores dependientes, 11,4% jubilados y 4,9% cesantes. Además, el 59,1% recibía un ingreso líquido mensual inferior a los $ 500 mil. Los principales acreedores en montos son bancos y cooperativas de ahorro, con promedios de acreencias de $ 20 millones y $ 5,7 millones, respectivamente.

Según el economista y ex gerente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), Alejandro Alarcón, la ley no tuvo el éxito que se esperaba. “Esto ya se había adelantado. Esta ley no va a tener un efecto práctico en las personas. Y esto va a terminar afectando a las pymes, porque se va a complicar el costo de endeudamiento. La banca ya tiene muchas regulaciones y costos asociados, y ahora se suma esta ley que es un riesgo mayor”, dice Alarcón. “Esta ley fue sólo un voladero de luces”, agrega.

Pennycook, no obstante, descarta dicho efecto y dice que “los bancos han sido partícipes activos  en los procedimientos, lo que se evidencia en las cifras de las audiencias de determinación de pasivos, renegociación o ejecución con acuerdo. Tenemos 92% de acuerdos en audiencias a diciembre de 2015”.

Quiebras de personas

En tanto, en los casos de las personas naturales que no pudieron renegociar en 2015, 483 presentaron solicitudes de liquidación de bienes, o quiebra, de las cuales 271 cuentan con resolución dictada y publicada en el Boletín Comercial, con créditos reconocidos por $ 290 millones en total. La tramitación promedio de este grupo alcanzó los 222 días.

En promedio, quienes acuden a la liquidación tienen pasivos por $ 19,3 millones, principalmente con bancos (90%) y retail (7,18%).

“No es correcto sostener que la normativa tiene que servir a 3.800.000 deudores que estén en Dicom. El hecho de que una persona esté en Dicom no significa que se tiene que acoger a una renegociación como persona natural, utilizando la Ley de Insolvencia. La insolvencia es un estado general de imposibilidad de pago, y no simplemente el tener una deuda impaga o atrasada o estar en Dicom”, dice el abogado Esteban García, socio de García Magliona.

Empresas

En cuanto a las empresas, el año pasado 76 solicitaron acogerse a un procedimiento de reorganización de deudas, pero sólo 35 tenían una resolución dictada. El pasivo promedio por empresa asciende a los $ 10.291 millones.

Por sectores económicos, son las de comercio las que lideran (25,7%), seguidas por construcción (17,1%), así como inmobiliarias e industrias no metálicas (con 11,4% cada una).

Según la superintendencia, hay otras 604 empresas que pidieron liquidaciones judiciales, 294 de las cuales ya están en curso. El ranking lo lideran las inmobiliarias (25,9%), comercio (23,8%) y servicios (9,9%). El pasivo promedio de las empresas acogidas a este modelo alcanza los $ 69,2 millones.