Constitucionalistas del Frente Amplio exigen plebiscito y Asamblea Constituyente

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A través de una carta titulada "La cuestión constitucional ante el nuevo ciclo político: Plebiscito y AC", los académicos y adherentes del Frente Amplio, plantearon que "los resultados de la primera vuelta presidencial evidencian que la ciudadanía desea, mayoritariamente, recuperar la soberanía sobre sus cuerpos, sus comunidades y sus territorios".




Un grupo de destacados juristas del Frente Amplio envió una carta en la que exigen la realización de un plebiscito y de una Asamblea Constituyente que permita cambiar la actual Carta Magna.

A través de una carta titulada "La cuestión constitucional ante el nuevo ciclo político: Plebiscito y AC", los académicos y adherentes del Frente Amplio, plantearon que "los resultados de la primera vuelta presidencial y de la elección parlamentaria evidencian que la ciudadanía desea, mayoritariamente, recuperar la soberanía sobre sus cuerpos, sus comunidades y sus territorios. Esto requiere terminar con las normas e instituciones que constituyen a nuestra sociedad de un modo neoliberal".

La misiva fue firmada por Amaya Álvez Marín, profesora de Derecho Constituciona de la UdeC; Jaime Bassa, profesor de Derecho Constitucional de la U. de Valparaíso; John Charney, profesor de Derecho Constitucional, PUC de Valparaíso; Alberto Coddou, profesor de Derecho Constitucional, UDP; Jorge Contesse, profesor de Derecho Constitucional, UDP y Rutgers University; Domingo Lovera, profesor de Derecho Constitucional, UDP; Pablo Marshall, profesor de Derecho Constitucional, U. Austral de Chile; Daniela Marzi, profesora de Derecho del Trabajo, U. de Valparaíso; Fernando Muñoz, profesor de Derecho del Trabajo, U. Austral de Chile; Nicole Selamé, profesora de Teoría del Derecho, U. de Valparaíso; José Luis Ugarte, profesor de Derecho del Trabajo, UDP y Christian Viera, profesor de Derecho Constitucional, U. de Valparaíso

Para los académicos "la participación acotada y no vinculante que ofrecieron los procesos constituyentes impulsados durante el gobierno de Michelle Bachelet, en sus variantes ciudadana e indígena, no están a la altura de las expectativas de esta ciudadanía empoderada, ni de los pueblos originarios históricamente invisibilizados".

Esto último supone incorporar, a juicio de los expertos, "el plebiscito y la asamblea constituyente como vehículos de participación ciudadana, habilitando los canales necesarios para una participación constituyente directa, sean estos creados, o bien, reconociendo los ya existentes a nivel local. La comunidad política debe tener la posibilidad real de proponer los contenidos de un nuevo arreglo constitucional. Sin embargo, la propuesta del actual Gobierno no avanza en esa dirección; por el contrario, asume como propias las mismas reglas de la actual Constitución que impiden una libre manifestación de la voluntad popular".

"Habiendo mecanismos actualmente en discusión para destrabar la cuestión constitucional desde la ciudadanía (el proyecto de ley que habilita a la Presidenta para convocar a plebiscito duerme en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados desde 2015), el Gobierno envió un proyecto de ley que refleja los paradigmas de la actual Constitución: sustracción de poder al pueblo de Chile y desprecio por la democracia", plantean los académicos.

A juicio del grupo, las coaliciones políticas que aspiran a representar desde el Congreso Nacional a la mayoría de los chilenos que desean poner fin al neoliberalismo que mercantiliza sus vidas, "deberán asumir un compromiso político claro para impulsar aquellos contenidos constitucionales que logren dicho objetivo. La ciudadanía tiene derecho a exigir claridad respecto de los ideales y proyectos constitucionales que proponen las fuerzas políticas de cara a la segunda vuelta presidencial y, en particular, al nuevo Congreso que se instalará en marzo próximo".

En este sentido, plantean los académicos, "lo mínimo es convocar a un plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie sobre la cuestión constitucional, pues circunscribir la discusión a la élite política garantiza la protección del actual estado de la sociedad, con los privilegios y abusos propios de un modelo constitucional neoliberal".

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