Comisión de Educación aprueba derogar el CAE en 2019: gobierno advierte inconstitucionalidad

Por casi 22 horas continuas estuvo sesionando la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para despachar la reforma a la educación superior. Finalmente, después de votar durante toda la noche los artículos del proyecto, ayer a las 8.20 horas la instancia terminó la votación.

La reforma pasa ahora a la Comisión de Hacienda y establece de manera definitiva la gratuidad, tema que se ha venido implementando por la vía de la Ley de Presupuestos. En ese contexto, se aprobó que el beneficio sea extendido al sexto decil de ingresos y su posterior ampliación quedó asociada a un aumento de la recaudación del Fisco.

Sin embargo, el Ejecutivo sufrió un revés en su propuesta. Si bien el gobierno había presentado una indicación en la cual se señala que se presentará este año un proyecto de ley para reemplazar el actual Crédito con Aval del Estado (CAE) por otro mecanismo administrado estatalmente, y además que esto ocurriría a partir de 2019, los diputados de la Nueva Mayoría no quedaron conformes.

Así, aprobaron una indicación del diputado Giorgio Jackson (RD) y Camila Vallejo (PC), que señala que se derogará la ley del CAE el 1 de enero de 2019. Esto se aprobó con los votos a favor de los diputados oficialistas de la comisión, menos el de Mario Venegas (DC).

"Pusimos una fecha certera para eliminar el CAE, independientemente de que eso trajo polémica, era algo muy importante", aseguró Alberto Robles (PR).

Con esto, los diputados buscan presionar al Ejecutivo para que presente pronto el proyecto para terminar con el préstamo estudiantil. Cabe recordar que este fue uno de los puntos que generaron polémica en la votación en general de la iniciativa y causó -con el voto de Camila Vallejo- que fuera rechazada la idea de legislar en abril de este año.

"Lo mínimo era hacer valer un compromiso público que se hizo", dijo Jackson, quien enfatizó que se verá más adelante "si el gobierno mantiene su compromiso o repone el CAE".

En la misma Nueva Mayoría reconocieron que esta era una medida de presión. "La verdad es que aprobamos varios puntos que eran inadmisibles, incluyendo el CAE, para ejercer presión sobre ciertos puntos que deben cambiar", señaló Cristina Girardi (PPD).

Pero para Jaime Bellolio (UDI) la imposición de derogar el CAE en una fecha específica "es inconstitucional, porque no se puede a través de una indicación parlamentaria derogar una ley, se puede con un proyecto. Pero, además, es atribución del Ejecutivo, porque involucra al sistema de financiamiento". Debido a esto, el parlamentario hizo reserva de constitucional, lo que podría llevar a la reforma al Tribunal Constitucional si este punto no cambia en los siguientes pasos.

La oposición no fue la única que hizo reserva de constitucionalidad. La subsecretaria Valentina Quiroga, presente en la votación, también advirtió del riesgo de constitucionalidad que esta indicación conlleva.

Al respecto, se refirió ayer la ministra de Educación, Adriana Delpiano: "El tema habrá que verlo en su mérito. Uno hace reservas de constitucionalidad, eso es lo que corresponde, pero eso mismo (el artículo) puede cambiar en el trámite de la ley".

El diputado de Chile Vamos añadió que "se deja a los estudiantes en total desamparo, porque el gobierno no tiene un mecanismo claro que reemplace el crédito y no alcanzan ni la gratuidad ni las becas a todos los estudiantes del sistema".

No es el único punto en el que el Ejecutivo sufrió un revés, ya que la gratuidad fue otro blanco de conflicto. Esto, porque la comisión rechazó que la política de financiamiento cubra sólo la duración formal de la carrera (que en promedio son cinco años), que es el tiempo informado por las instituciones en el cual un estudiante debiese graduarse. "No basta con cubrir la carrera en términos de lo que ésta dura, porque los alumnos, en general, no la terminan en el tiempo exacto en que se dice debieran hacerlo", señaló Alberto Robles (PR), quien agregó que esperan que el Ejecutivo reponga la indicación, pero "recoja los planteamientos de la comisión y financie más allá de la duración formal de un programa de estudios".

Pese a que el proyecto pasa a la siguiente instancia sin el artículo que establecía cuánto de la carrera cubrirá la gratuidad, en artículos siguientes se establece cómo las instituciones deben cobrar a los estudiantes que hayan perdido el beneficio por atrasarse en su programa. Así, la reforma consigna que se le puede cobrar un 50% del arancel si se retrasa un año respecto de la duración formal.

Los parlamentarios aprobaron la acreditación institucional obligatoria por un mínimo de cuatro años y un máximo de siete. Sin embargo, se cayó el artículo que otorgaba el estatus condicional a aquellos planteles con menos de cuatro años. "Quedó en el aire qué pasara con las universidades que no logren certificarse por cuatro años", criticó Jaime Bellolio.

Además, todas las instituciones del sistema deberán ser complejas, lo que quiere decir que tendrán que contar con certificación en la nueva área de investigación, que se llamará "generación de conocimiento, creación e innovación". Para los establecimientos técnicos, en cambio, se permitirá optar por creación o innovación.

En el contexto de la regulación de la calidad también se aprobó una indicación que era inadmisible: aquella que establece la obligación de acreditar todas las carreras del área de la salud, que son 13.

La propuesta del Ejecutivo, de hecho, era que las universidades certificaran obligatoriamente sólo Medicina y Pedagogía, pero los parlamentarios estimaron que la regulación se debe extender. "Hoy, hay prácticamente un negocio en las universidades en torno a las carreras de la salud. No todas tienen Medicina, pero sí muchísimas instituciones tienen Odontología u otros programas que son carísimos, pero para los cuales no hay ninguna regulación", dijo Cristina Girardi.

Según datos de la Comisión Nacional de Acreditación, sólo 14 de los 34 programas de Odontología del país cuentan con la certificación.

En tanto, los doctorados y postítulos en especialidades médicas también quedaron con acreditación obligatoria, pero los magíster no.

"Este proyecto es un engendro. Tiene muchos vacíos e incoherencias", acusó el diputado Bellolio.