Deuda del Sename con centros colaboradores llega a $ 8 mil millones

Los roces y millonarias deudas que el Servicio Nacional de Menores (Sename) tiene con un alto número de instituciones colaboradoras (OCAS) parecen estar lejos de terminar. En un oficio enviado a la comisión investigadora del Sename de la Cámara de Diputados, el organismo no sólo reconoce que el monto adeudado a estas fundaciones es el doble de los $ 4.500 millones que señaló el 11 de diciembre el propio ministro de Justicia, Jaime Campos, en entrevista con El Mercurio, sino que también responsabiliza a los jueces de tribunales de familia de que el aumento explosivo de la derivación de menores bajo el artículo 80 bis acrecentó la morosidad con estas entidades.

Esa norma es una disposición, creada en 2008, que faculta a los jueces a derivar a centros y hogares a menores gravemente vulnerados en situaciones de violencia intrafamiliar, maltrato grave y abuso sexual para su intervención. A través de ésta, se obliga al Sename y a los organismos colaboradores a entregar la atención de manera inmediata, aun cuando no exista oferta programática o plazas disponibles para la intervención requerida.

Según el documento, firmado por la directora del servicio, Solange Huerta, "la deuda generada por esta materia al mes de noviembre asciende a $8 mil 701 millones", y sería el "crecimiento exponencial" de las atenciones realizadas bajo el 80 bis, "lo que genera deuda de arrastre". Además, agrega que el 80% de la deuda corresponde a programas ambulatorios.

Es por esto que indica que mientras en 2009 se realizaron 246 derivaciones, a noviembre de este año, éstas sumaban 161.992. Por esto, el pago que Sename debe realizar a los organismos colaboradores por las intervenciones creció de $ 7,8 millones en 2009, a más de $17 mil millones en 2016 (ver infografía).

Al respecto, Sename señala a través de este documento que "la interpretación que le han dado los jueces de familia a los alcances de la norma está provocando presiones presupuestarias que van permanentemente al alza" y que "no era posible proyectar el gasto que implicaría el artículo 80 bis" en las proyecciones en los fondos entregados al servicio.

Esta interpretación es rechazada por la jueza de Familia, Gloria Negroni. "Eso no es responsabilidad nuestra. Nosotros ocupamos nuestra facultad legal como tribunales y el aumento tiene que ver con una judicatura de familia preocupada porque no existe la oferta programática en Sename. Si existiera, no tendríamos que decretar 80 bis", afirma.

Agrega que "desde 2009 en adelante la visibilización de los temas de la infancia han sido muchos más altos y nuestra preocupación como jueces conforme a los estatus internacionales suscritos por Chile es precisamente generar todo lo que sea necesario para que exista la oferta para que se atienda a los niños".

En esta línea, directora de Asuntos Públicos de Aldeas Infantiles SOS, Alejandra Riveros, asegura que "si aumenta la deuda del 80 bis es porque hay más niños que requieren atención del Sename". Agrega que "tenemos problemas de oferta programática y de un sistema que no es capaz de resolver la problemática de los menores".

Según la directora de Corporación Opción, Consuelo Contreras, una de las entidades con las que se registran mayores deudas, "la crisis se generó porque el servicio dejó de pagar trimestralmente como lo había venido haciendo hasta ahora. Pero además, la situación se agrava porque tenemos una prohibición de hacer préstamos a los programas del 80 bis, ya que si nosotros les traspasamos recursos, el servicio lo considera como aporte de la institución y no reembolsan lo gastado. Para una institución sin fines de lucro como nosotros este dinero es significativo", afirma.

Mientras, Raúl Heck, el vicepresidente de la Asociación Gremial que agrupa parte de los principales colaboradores del Sename, dijo que "lo más relevante es que vemos que los $ 8.700 millones adeudados estarían superando con creces el presupuesto que Sename había solicitado para pagos 80 bis en 2016, que era alrededor de los $12 mil millones, cuando estas atenciones están costando cerca de $ 20 mil millones. Esto no es menor al considerar que en el presupuesto para 2017 pide menos de $12.400 millones (...) si no se regularizan los pagos lo más probable es que las instituciones no puedan seguir recibiendo nuevos casos 80 bis".

Sename aclaró que "en 2016 se van a pagar más de $ 16 mil millones por concepto de Art. 80 bis de la Ley de Tribunales de Familia. De ellos a la fecha se han pagado cerca de $ 8 mil 500 millones, quedando por saldar la diferencia, que incluye $ 6 mil millones por prestaciones del último trimestre (...) Se estima que por razones presupuestarias, de procedimiento y de demanda se adeudará para el año 2017 cerca de $ 4.500 millones (de los $ 6 mil millones) , el que se saldará a partir de enero 2017".