"El mayor aprendizaje que podemos sacar de la Casen 2015, en términos migratorios, es que el Estado debe orientar su política pública hacia la regularización de estas personas, eliminando trabas burocráticas de forma y fondo. Porque hay demasiadas", sostiene el sacerdote Miguel Yaksic, director nacional del Servicio Jesuita de Migrantes.

El presbítero asume una postura crítica frente a la realidad de los extranjeros en Chile. Y no sólo por lo que evidencia aquella encuesta de caracterización socioeconómica, sino también frente a otros indicadores actuales, como el problema del tráfico de personas y la postergada renovación de la Ley de Extranjería, que data de 1975. A su juicio, todo eso es "preocupante".

¿Cuál es el principal déficit?

El Estado de Chile no tiene una política migratoria integral. La norma actual data de hace 40 años, de otra realidad. El Presidente Sebastián Piñera envió un proyecto de ley al Parlamento que fue criticado por su enfoque instrumental. No prosperó. Luego, el actual gobierno envió otro proyecto, que quedó paralizado en Hacienda por temas presupuestarios. Finalmente, lo que ocurre es que se legisla por presiones de grupos poderosos, por lo que pide "la calle" o después de una catástrofe. La Ley Antidiscriminación, por ejemplo, estuvo 13 años en el Congreso, y se evacuó sólo después de que mataron a (Daniel) Zamudio. La Onemi se reformó después del terremoto del 27/F. No esperemos un desastre con los migrantes para darnos cuenta de que hay que modernizar la norma de extranjería. Sin embargo, también se puede avanzar en paralelo en asuntos administrativos, que son muy importantes.

¿Cómo cuáles?

Que un niño hijo de migrantes, al tener su matrícula en un colegio, reciba también una visa y un RUT definitivos, con independencia de la situación económica y migratoria de sus papás. Con eso, podría acceder a todos sus derechos. Creo que es algo básico, vital, pero que actualmente no ocurre.

El tema también ha estado en la polémica internacional. Donald Trump ganó la elección en EE.UU. con un discurso antimigratorio.

Hay que cuidarse de los populismos, que buscan ganancias electorales activando nacionalismos y miedos irreales. Cuando Donald Trump anuncia que EE.UU. va a expulsar a tres millones de personas, ¿qué va a hacer? ¿Los va a ir a sacar de sus casas? Toda persona tiene ciertos derechos que son inalienables, y dentro de ellos está la movilidad humana. Poder desarrollar un proyecto de vida en paz, en mí país o en otro. En nuestro país tenemos que entender y educar en eso.

En Chile hay una preocupación de la autoridad por las bandas de tráfico de migrantes. Se acaba de de-sarticular una en Arica.

Nosotros atendemos a 200 víctimas de tráfico ilícito de personas. Para el caso de ciudadanos de República Dominicana hemos dicho, en todos los tonos, que eso tiene una causa: Chile les aplica una visa consular a las personas de ese país. Es un requisito que no regula la migración, sino que favorece el crecimiento de las redes de tráfico ilícito de personas. Cuando uno cree que está regulando, porque pone más burocracias o más muros, lo que hace es preparar la tierra para que aparezcan estas bandas. Y lo tremendo de esto es que estas bandas, que lucran con personas excluidas y vulnerables, están comenzando a comportarse como las bandas que yo vi en la frontera de EE.UU. y México, y que operan con mucha violencia.

¿Cómo evalúa los resultados de la Casen 2015 respecto de la situación de los migrantes?

Con preocupación. Y no porque se trate de personas vulnerables o de baja escolaridad, sino porque las estructuras políticas, administrativas y legales hacen difícil y engorrosa la inclusión social y laboral de un extranjero en Chile. En promedio, las personas migrantes tienen 12,5 años de escolaridad, superando los 10,9 de la población nacional. Sin embargo, los migrantes están más excluidos en varias dimensiones, como acceso al trabajo formal y a la vivienda.

Respecto de la pobreza, ¿cuál es la real situación de los migrantes?

En pobreza monetaria, los migrantes son menos pobres que los chilenos (9,7% vs. 11,7%). Pero en pobreza extrema, lo son más (3,9% vs. 3,5%). Además, la pobreza extrema de los migrantes ha subido de 3,5% a 3,9% desde 2013. Y en la medición de la pobreza multidimensional, la distancia empeora. Los migrantes exhiben más de dos puntos porcentuales que los chilenos (23% vs. 20,8%).

A su juicio, ¿qué temas migratorios necesitan mayor visibilidad?

Es metodológicamente probable que las personas migrantes en situación irregular estén subrepresentadas por la Casen. Pero es claro que el aumento de la informalidad en el trabajo en los últimos años tendría por causa un reciente aumento proporcional de la irregularidad migratoria, es decir, no tener una visa. Y en eso influyen malas políticas públicas, como una visa especial para los nacionales dominicanos o el rechazo discrecional de nacionales colombianos en la frontera. La demora de más de 45 días en que el Departamento de Extranjería y Migración entregue un permiso de trabajo a una persona que ya tiene un contrato sólo favorece la irregularidad migratoria estructural. Chile necesita una política migratoria integral y con mirada de largo plazo. Ello supone normas y políticas con un enfoque de derechos humanos. Tenemos la oportunidad de convertirnos en un país modelo de buenas prácticas en materia de inclusión y protección de los derechos de los migrantes. Que no nos ganen la burocracia ni el prejuicio.