La declaración de Lima que firmaron 12 cancilleres de la región  es hasta ahora el documento más duro acordado por los principales países de América Latina contra el régimen de Nicolás Maduro. El texto de 16 puntos junto con condenar el quiebre democrático en Venezuela señala con claridad que los gobiernos firmantes no reconocen a la Asamblea Constituyente como un órgano legítimo y dan su pleno respaldo a la actual Asamblea Nacional de mayoría opositora. "Los actos jurídicos que conforme a la Constitución requieran autorización (de esta instancia), solo serán reconocidos cuando dicha Asamblea los haya aprobado", señala el punto cuarto en clara referencia a la reciente decisión de la Constituyente, que atribuyéndose facultades que no posee, destituyó a la Fiscal General del país, quien había expresado su desacuerdo con el oficialismo.

El documento, que suscribieron los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y México, es claro también en condenar por primera vez "la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la violencia, la represión y la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente". Y precisa en su punto nueve su fuerte rechazo a la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de "no permitir el ingreso de alimentos y medicinas en apoyo al pueblo venezolano" y "reconoce que Venezuela no cumple con los requisitos y obligaciones de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU". Además, concluye con un firme llamado al pronto restablecimiento de la democracia en el país.

El texto es un paso positivo, aunque tardío frente a los graves sucesos que afectan a Venezuela. La situación que vive ese país se arrastra desde hace años y sólo en los últimos cuatro meses las protestas callejeras ya han dejado más de 100 muertos. Además, el régimen ha avanzado sostenidamente en copar todos los espacios de poder e incluso ha buscado anular el único órgano disidente, la Asamblea Nacional. Pese ello, los intentos llevados a cabo por el secretario general de la OEA para asumir una posición más activa habían resultado infructuosos y faltaba una señal más firme frente a los graves acontecimientos que vive ese país. Es bienvenido, por lo tanto, que en Lima los cancilleres de los principales países de la región hayan asumido finalmente la gravedad de la crisis venezolana y la necesidad de actuar en forma conjunta.

No es casual que el encuentro se haya llevado a cabo en Perú, considerando que ese país desde un primer momento no dudó en condenar los sucesos que se producían en Venezuela, al contrario de otras naciones del continente que mantuvieron una posición más ambigua. En marzo, por ejemplo, tras el intento del Tribunal Supremo de Justicia por despojar de sus facultades a la Asamblea Nacional controlada por la oposición, condenó el hecho y retiró a su embajador de Caracas. Lo que se vive en Venezuela, como dijo el canciller peruano, es "una crisis regional sin precedentes", frente a la cual los países latinoamericanos no pueden ni deben mostrarse indiferentes. Por ello es de esperar que la declaración del martes sea efectivamente un punto de inflexión y ayude a encaminar a ese país por la senda de la recuperación democrática.