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Política
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Actualizado el 07/12/2017
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Gratuidad avanza en el Senado con votos y críticas de la oposición

Autor: Sandra Quevedo

Andrés Allamand señaló que el beneficio será universal recién en 2088 y la ministra Delpiano respondió que “el país puede hacerlo antes”.

Gratuidad avanza en el Senado con votos y críticas de la oposición

Tuvieron que pasar más de dos meses para que el proyecto de educación superior, que incluye el avance a la gratuidad universal, saliera aprobado en general de la Comisión de Educación del Senado.

El escrito ingresó al Senado el pasado 9 de agosto, escucharon a 38 invitados relacionados con el tema y recién ayer se aprobó por unanimidad la idea de legislar.

Fue un 5-0 que dio cuenta de que la oposición se alineó detrás del compromiso anunciado por Sebastián Piñera, en el sentido de respaldar el avance de la gratuidad, y que ayer se tradujo en los votos a favor de Andrés Allamand (RN) y Ena von Baer (UDI). No obstante, esa unanimidad traslució profundos matices a la hora de los argumentos.

Allamand, por ejemplo, planteó una serie de objeciones, que espera se puedan revisar en la votación en particular del proyecto, y dejó estipulado que la promesa de gratuidad universal planteada por la Mandataria durante su campaña no será posible. “Estamos cumpliendo con el compromiso que habíamos adquirido, siempre dijimos que íbamos a mantener la gratuidad para todos aquellos que la alcanzaran durante el actual gobierno y así ha sido. La gratuidad que se establece es solamente al 60%, hacia adelante no hay gratuidad garantizada”.

Para respaldar su pronunciamiento recurrió a un estudio de Libertad y Desarrollo, que de acuerdo a lo estipulado en el proyecto, la gratuidad universal llegará recién el año 2088. “Pasaríamos al 70% en 11 años más, al 80% en 22 años, 90% en 43 años y al décimo decil en 71 años más”, explicaba Allamand, mientras el senador y presidente de la Comisión, Ignacio Walker (DC), señalaba: “¿O sea durante este siglo?”.

La pregunta entre risas del senador Walker fue el anticipo de su postura. “Este proyecto no establece gratuidad universal, sino gratuidad en la medida de lo posible, y eso hay que decirlo con todas sus letras, y está bien que sea así, pero hay que sincerarlo. Me parece bien y realista este criterio de gradualidad”.

Los dichos de Walker no fueron bien recibidos por la ministra de Educación, Adriana Delpiano. “El espíritu de la ley, como lo hemos redactado y lo que dicen los artículos permanentes, es que este es un proyecto que avanza en materia de gratuidad universal y busca llegar a ella. El senador (Allamand) con cálculos de Libertad y Desarrollo da una cantidad de años, nosotros decimos las condiciones que se deben dar para avanzar en gratuidad, y si el país llega antes a eso, antes podremos tener gratuidad”, explicó la secretaria de Estado.

En la misma línea, el ministro secretario general de la Presidencia, Gabriel de la Fuente, reafirmó las palabras de la secretaria de Estado y aprovechó la instancia para “honrar las palabras empeñadas”, para que la próxima semana, cuando el proyecto sea votado en la sala del Senado, cuente con el respaldo necesario.

Cambios al proyecto

El éxito de la votación también se explica por las indicaciones que el Ejecutivo ingresó al proyecto. Entre ellas sobresale que ya no se exigirá que todas las instituciones de educación superior deban acreditar un nivel de investigación. Ahora eso quedará a libre decisión, salvo para las universidades estatales que están obligadas, de acreditarse en generación de conocimiento, creación y/o innovación, lo que se conoce como el ítem de “investigación”, y las instituciones que así lo decidan obtendrán la acreditación de excelencia que será la más alta del sistema.

Uno de los temas que no incluyeron los cambios incorporados fue el ajuste al Consejo de Rectores (Cruch), el que actualmente es un grupo cerrado de universidades, y el gobierno decidió no innovar en el tema, por lo que no se discutirá si podrán ingresar más instituciones.

Se espera que el proyecto esté en condiciones de ser despachado para ser ley a fines de enero.

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