Hernán Larraín: "Se pueden entregar todos los antecedentes bajo el concepto de asesoría parlamentaria"

El senador UDI Hernán Larraín, en su calidad de presidente de la Comisión de Ética, fue uno de los primeros en salir a enfrentar la polémica por los "copy-paste" descubiertos en informes de asesorías externas del senador Alejandro Guillier. "Basta de basurear la política", dijo enfático, mostrándose en contra de la decisión de la Fiscalía de investigar, por este caso, a todo el Senado. En esta entrevista advierte que, dado el complejo clima político, si no se es cuidadoso, "se puede volver a encender la hoguera".

El ex presidente de la UDI, en todo caso, se abre a que el Senado entregue los antecedentes si son de asesorías parlamentarias.

El Senado se ha negado a entregar los informes al fiscal nacional, Jorge Abbott. Se habla de un ocultamiento de información. ¿Es así?

Esa apreciación no pasa de ser una mirada superficial al problema. No se trata de negar una información que alguien solicita al Senado, porque eso sería contrario a los principios de transparencia. Yo no tengo problemas con solicitudes de esa naturaleza. Lo que sucede es que se solicita una determinada información dentro de una investigación penal en curso, como una ampliación de ella. Y eso no es correcto porque, como dice el Código Procesal Penal, para que se inicien o extiendan investigaciones por parte de los fiscales debe haber "indicios" de un posible delito, fundado en hechos concretos que pueden afectar a una o más personas determinadas. Aquí hubo un senador nombrado por una investigación hecha por un medio y la fiscalía, en poco rato, decidió investigar a todos los senadores, convirtiendo al Senado en objeto de sospecha, sin que para ello, salvo de una persona, existan antecedentes objetivos que les dé la autoridad para investigar. No hay ocultamiento, porque por transparencia se puede acceder a esa información, más bien existe el rechazo a poner en cuestionamiento ético y legal al Senado, como si fueran presuntos culpables de hechos ilícitos.

Esa postura se ha tomado como una defensa corporativa...

Para nada. Aquí parece existir un ataque corporativo. Lo que ha pedido el Senado es respeto a la ley y a las facultades de los fiscales en su proceder. Si un fiscal, por sí y ante sí, decide un día investigar a todos los jueces, porque uno de ellos tiene una conducta de ilicitud cuestionable, las instituciones pasan a estar bajo una duda pública por la mera discrecionalidad de un fiscal, cuestión que es grave para su respeto y legitimidad institucional. Parece un ataque deliberado a un órgano del Estado que mina su prestigio y debilita su función.

Esta diligencia recuerda a los casos Penta y SQM, un hito con el que comenzó la crisis de la política. Hoy la opinión pública entiende que estos llamados a que prime la presunción de inocencia son incluso señales de opacidad...

La situación es muy distinta. Allí había hechos que correspondía investigar y, por cierto, bajo la presunción de inocencia hasta que no se acreditara un hecho ilícito.

Usted dice 'basta de basurear la política', pero existe molestia profunda en la ciudadanía por mal uso de recursos en la política dada la desigualdad del país. ¿Cómo logra instalar su idea en ese escenario?

Cuando los fiscales, sin datos concretos, dicen que hay que investigar penalmente a todo el Senado, trasmiten a la gente que ahí hay algo sucio, lo que aumenta la desconfianza que ya existe en los parlamentarios. He impulsado por años la transparencia y reducir la sospecha existente en el mal manejo de los recursos de los parlamentarios, pero estos cuestionamientos, sin fundamentos, vuelven a levantar dudas. Sé que es difícil explicar esta diferencia, de avanzar en transparencia, para no prestarse para el manoseo de los fiscales, pero es una cuestión de decencia y seriedad. De ahí que insista en reiterar que mis asesorías están abiertas al público, pero que me molesta que las pidan para una investigación penal ya que ello le pone una carga ante el país de la que uno queda en la indefensión por el juicio negativo implícito.

¿Puede generar esta situación una nueva crisis en la política?

Sí, por la información que ha salido con posterioridad sobre la calidad de los informes a los diputados que se han conocido, que agrega confusión y alienta las inquietudes de mal uso de los recursos. Hay que ser muy cuidadosos, tanto en el juicio como en las explicaciones, para asegurar la credibilidad. Si no, el clima puede volver a encender la hoguera.

¿Usted ve intencionalidad política en las acciones de los fiscales?

Me ha sorprendido el fundamento inicial que dio el fiscal Guerra para justificar su requerimiento. Él dijo, en su oficio al Senado que, fundado en la "igualdad de trato", esto es para que nadie dijera que se estaba persiguiendo a un sector, hacía la petición extensiva a todos los integrantes del Senado. Bastante absurdo, ya que con ese criterio podrían también haber determinado investigar a todos los candidatos presidenciales, habida consideración que el senador en cuestión, Alejandro Guillier, lo es. Tan insostenible ha sido el fundamento de esta solicitud que luego Guerra dijo que esto se originaba en una investigación anterior, que se sigue respecto de una diputada y que luego se extendió al resto de la Cámara, lo que les había hecho pensar que lo mismo que se investigaba en ella podría tener lugar en el Senado. Vamos improvisando para explicar lo injustificable.

¿Hay fundamentos para que se entreguen los informes?

El Senado debe abrir la información de sus trabajos mientras esta no sea una investigación cuya premisa es la sospecha de que ellos son ilícitos. Ello, porque parecería presumirse la culpabilidad de personas sobre las cuales no hay antecedente que justifique tal acción. Entregarle estos antecedentes en este escenario es lo mismo que darles un cheque en blanco a los fiscales para que investiguen a cualquier persona, natural o jurídica, del ámbito público o privado, sin causa que lo permita, lo cual es de una gravedad institucional mayor. Pienso que se pueden entregar todos los antecedentes bajo el concepto de asesoría parlamentaria, sujeto a que no tengan alguna situación de excepcionalidad que permita en casos específicos mantener su reserva, como los que afectan la intimidad de personas, la seguridad nacional, entre otros. Reitero, yo al menos no tengo problema alguno en proceder de esta forma.