Indultos presidenciales llegan a su menor nivel desde el retorno de la democracia

Es la cifra más baja desde el retorno a la democracia, en 1990. La concesión de indultos presidenciales en los cuatro años de gestión del saliente Mandatario Sebastián Piñera favoreció a 13 personas y, con ello, se transformó en el gobierno que menos beneficios otorgó a condenados.

Según un documento elaborado por el Ministerio de Justicia y Gendarmería -al que accedió La Tercera a través de la Ley de Transparencia-, desde 2010 a la fecha el Mandatario recibió 1.021 solicitudes para conmutar o liberar a condenados. De ellas, 12 fueron aprobadas por razones humanitarias y una se visó para dar cumplimiento a convenios internacionales.

Durante su gobierno, la Presidenta Michelle Bachelet (2006-2010) analizó 1.182 casos y benefició a 67 personas; es decir, al 5% del total de peticiones realizadas por reclusos (ver infografía).

En esta línea, la administración de Ricardo Lagos (2000-2006) favoreció a 240 personas, mientras que Eduardo Frei (1994-2000) benefició a 343 condenados.

El ex Presidente Patricio Aylwin (1990-1994), por su parte, indultó a 928 reclusos, según consta en los registros de la cartera de Justicia. Una de las razones de esta cifra fueron las llamadas “Leyes Cumplido”, que estableció diferencias entre los ilícitos contra la seguridad del Estado y los delitos terroristas. Esto permitió indultar a un número importante de presos políticos.

TENDENCIA A LA BAJA

La concesión de un indulto particular es una prerrogativa exclusiva del Presidente de la República que puede cambiar, conmutar o dejar sin efecto una sentencia establecida por el Poder Judicial.

Para el ministro (s) de Justicia, Juan Ignacio Piña, en los últimos años ha existido “un proceso de reducción del número de indultos particulares que se han ido entregando a lo largo del tiempo”.

En el caso de la administración de Piñera, dijo el ministro (s), "todos los indultos que se han conferido son por razones humanitarias de extrema urgencia. De esos 13 indultos particulares concedidos, 12 son por razones humanitarias, y de esas, 10 personas ya fallecieron".

Entre los beneficiados se encontraban cuatro condenados por robos violentos; tres narcotraficantes, un preso por lesiones y un reo condenado por homicidio, quienes, según los registros del Ministerio de Justicia, se encuentran fallecidos.

También el Presidente Piñera benefició a un condenado por malversación de caudales públicos y a una pastora de la etnia aimara que fue sentenciada a 12 años de cárcel por abandonar a su hijo en medio del desierto. Ambos se encuentran vivos. Según el titular (S) de Justicia, en cada caso hubo “consideraciones tanto de los delitos como del grado de participación y la naturaleza del delito mismo” para conceder el indulto.

Junto al beneficio concedido por el Presidente, la normativa chilena también contempla otra fórmula de indulto: el general. Este debe ser aplicado previo acuerdo del Congreso. Es así como en la administración actual más de 4.000 personas se acogieron a esta figura. En abril de 2012, el Parlamento aprobó una ley que benefició a extranjeros y condenados por delitos menores.

FACULTAD CUESTIONADA

La facultad que actualmente tienen los presidentes de la República genera un amplio debate en distintos sectores políticos.

El diputado del PPD Felipe Harboe aseguró desde Uruguay que “no creo en la figura del indulto presidencial, ya que altera la autonomía del Poder Judicial e involucra a la autoridad política en una decisión eminentemente jurídica”. A su juicio, esta facultad “debería eliminarse dicha facultad presidencial y entregársela a la Corte Suprema”, enfatizó.

Por su parte, el diputado de RN Cristián Mockeberg junto con valorar la baja concesión de beneficios a reclusos, dijo que “el indulto como institución debería desaparecer. Es un resabio monárquico y medieval que no tiene ningún sentido hoy día cuando la justicia funciona bien”.

Agregó que “entregarle esa facultad a una sola persona, sea quien sea, no es conveniente ni razonable. Prefiero que para situaciones especiales sea la propia justicia la que decida si deja libre o no a una persona, pero que eso no radique en el Presidente”.