EL MINISTRO del Interior fue interpelado en la Cámara de Diputados, ocasión en la que debió responder sobre una serie de materias relativas a la seguridad pública, entre las cuales destacó particularmente la situación de violencia en La Araucanía. Aun cuando esta instancia tendió a caer en las evasivas y vaguedades que se han visto en anteriores interpelaciones, también permitió extraer algunas definiciones de parte de la autoridad que son valiosas para efectos del debate público; en particular el reconocimiento de que en la región existe terrorismo.

El ministro del Interior admitió que el atentado con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger Mackay fue un acto terrorista, y reconoció que en la región existe terrorismo, si bien hizo hincapié en que no todo acto de violencia puede caratularse de tal. Al inicio del actual gobierno hubo una definición ideológica expresa de no invocar la ley antiterrorista en La Araucanía, postura que se ha ido flexibilizando, aunque con cierta reticencia. El hecho de que el ministro del Interior reconozca ahora abiertamente la existencia del fenómeno es un positivo cambio de actitud, que debería ayudar a focalizar mejor y sin complejos de ningún tipo el trabajo para desactivar a los grupos radicalizados que invocan la violencia.

Es extraño, sin embargo, que a pesar del reconocimiento de actos de violencia terrorista -lo que no parece ocurrir en el resto del país- se insista en sostener que el estado de derecho no se ha debilitado. La reiteración de los ataques y el que muy pocos hayan respondido ante la justicia por estos hechos da cuenta precisamente de que el Estado está siendo desafiado y su respuesta ha sido inexplicablemente débil. Un problema de tanta complejidad como el de La Araucanía, sin embargo, no podría acotarse únicamente a la esfera policial. Las propuestas que recientemente acaba de entregar la comisión asesora presidencial deberían ayudar en la búsqueda de soluciones de más largo plazo, lo que no resulta excluyente con enfrentar a los grupos violentistas.