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Actualizado el 06/03/2017
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Juan Enrique Pi, nuevo presidente de Fundación Iguales: “Hoy el Estado no hace desaparecer personas, pero sí permite que se discrimine”

Autor: Ximena Bertin

Renunció a la militancia DC y a su cargo en la coordinadora de DD.HH. de la Segpres para suceder a Luis Larraín como presidente de esta entidad. Lograr el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y perfeccionar la ley antidiscriminación serán su hoja de ruta.

Juan Enrique Pi, nuevo presidente de Fundación Iguales: “Hoy el Estado no hace desaparecer personas, pero sí permite que se discrimine”
Juan Enrique Pi, presidente ejecutivo de Iguales.

A sus 32 años, y tras una larga trayectoria como activista de los derechos de la diversidad sexual, desde sus años como estudiante de Derecho en la U.de Chile y militante DC, y luego como voluntario de Iguales y ex funcionario de gobierno, Juan Enrique Pi dice sentirse “a sus anchas” como el nuevo presidente de Fundación Iguales, a partir del pasado 1 de marzo.

Como abogado y activista, es un campo que ya conoce. Pi es el tercero en asumir el puesto, tras Pablo Simonetti y Luis Larraín, quien adujo motivos laborales para dar un paso al costado. Pi es, por lo tanto, el primer voluntario -no fundador- de Iguales que asume la presidencia, para lo cual renunció a su cargo como coordinador de la agenda de DD.HH. del gobierno en la Segpres, y también a su militancia DC, colectividad donde creó la primera comisión de diversidad sexual al interior de un partido. Sin embargo, los presidentes de Iguales, por estatuto, no pueden tener militancia política.

¿Cuál será su prioridad como nuevo presidente de Iguales?

Quiero darle continuidad al trabajo de Pablo y de Luis, de seguir conquistando derechos que hoy en día están negados para muchas personas de la diversidad sexual. Tenemos un proyecto de Ley de Identidad de Género (LIG) que lleva tres años sin avanzar, y un compromiso del actual gobierno de presentar la ley de matrimonio igualitario en el primer semestre.

¿Qué expectativas tienen de lograr el matrimonio igualitario?

Sería el primer gobierno en presentar un proyecto así, pero no nos basta con eso. Necesitamos que el gobierno ponga las urgencias necesarias y no pase lo que ocurrió con el Acuerdo de Unión Civil, que se presentó en el gobierno de Piñera y estuvo tres años sin avanzar. En los 10 primeros meses del gobierno actual se le pusieron las urgencias que se requería, el proyecto se tramitó y tuvimos ley. Es un tema de voluntad.

¿Cree que el año electoral en curso podría favorecer las iniciativas legales que ustedes demandan?

No sé si van a tener un impulso mayor, pero de todas maneras estarán en el debate político. Para nosotros es sumamente importante saber qué candidatos, tanto a presidente, senadores o diputados, nos apoyan en las demandas que van en directo beneficio de la comunidad LGTBI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex). Hasta ahora, Alejandro Guillier, Ricardo Lagos, José Miguel Insulza y Felipe Kast se han mostrado a favor del matrimonio igualitario. Y Kast es el único de la derecha a favor.

En la tramitación de la LIG, la Comisión de DD.HH. del Senado excluyó a los niños transexuales.

Incluir a los menores de 18 años ya se había votado a favor varias veces, pero, sin embargo, se volvió a votar una y otra vez hasta que se revirtió. Ese fue un revés que sufrimos y que, evidentemente, hay que reponer. Lo primero es lograr que la Comisión de DD.HH. efectivamente sesione. Es una de las tres comisiones que menos sesionó en 2016: sólo 25 veces, de las cuales apenas en 11 se trató la LIG. Lo otro es lograr que no se sigan votando puntos ya zanjados.

¿Qué piensa de la postura de la senadora Van Rysselberghe, que se opone tajantemente a que los niños sean incluidos en la LIG?

La senadora debería enterarse de las altas tasas de suicidio que hay en niños, niñas y adolescentes LGTBI, y particularmente en los niños transexuales. Ellos tienen una propensión al suicidio ocho veces más alta que la de los niños cisgénero (niños no trans). En ese sentido, me parece que incluir a los niños en la LIG no es sólo para darles acceso al derecho de la identidad y a la autodeterminación, sino que también un tema social de salud mental e integridad física. Yo la invitaría a informarse.

Recientemente, Amnistía Internacional entregó su informe sobre DD.HH., en el cual Chile aún presenta notorias brechas.

Lo fundamental es educar en el valor de la diversidad, no sólo de la diversidad LGTBI, sino también en la diversidad racial, de nacionalidades, de todo tipo, y también en la conciencia de que discriminar es un acto sumamente grave, que atenta contra la dignidad de las personas. Eso es fundamental. Hoy en día se discrimina a las mujeres, a los mapuches, a las personas de la diversidad sexual, a los inmigrantes, y el evitar que eso siga ocurriendo es una responsabilidad de todos. Nadie está libre de ser discriminado.

A juicio de Iguales, ¿es eso un reflejo de un Estado que no ha priorizado los DD.HH.?

No diría eso. Creo que estamos en un proceso en el que nos dimos cuenta de que en Chile se siguen violando DD.HH., pero no como se hacía entre el 73 y el 90, sino de manera más solapada. Hoy, el Estado no hace desaparecer personas, pero sí permite que se discrimine a cierta gente. Permite que las mujeres no puedan estar a cargo de la sociedad conyugal o que los homosexuales sean los únicos que no pueden adoptar, y esa naturalización de la discriminación, en distintas circunstancias, es lo que tenemos que denunciar y proponer para solucionar. En ese sentido, la institucionalidad en DD.HH. ha estado y está incompleta.

¿Cuál es, en su opinión, el desafío para el ciudadano?

El principal desafío está en visibilizar la discriminación y ser súper enérgicos en denunciarla. Hay herramientas, aún perfectibles, que se deben ocupar. Debemos empujar y empoderar a las personas a no aceptar ser discriminadas. A esta sociedad aún le da un poco de vergüenza denunciar cuando se es víctima de algo así.

¿Es insuficiente la Ley Antidiscriminación que tenemos en Chile?

Nuestra idea es que se reforme, pues quedó coja en dos aspectos. La ley dice que los órganos del Estado no pueden discriminar, pero no le entrega a ninguna institucionalidad especifica la labor de coordinar planes para erradicar la discriminación. Lo que hace la ley, por lo tanto, es reaccionar ante una discriminación, pero no la previene. Por otra parte, la ley multa a quien discrimina, pero la víctima no puede, en el mismo proceso, pedir una indemnización de perjuicio, o que se le repare el daño moral. Reformar esta ley es una prioridad, y también es un compro- miso del gobierno.

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