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Actualizado el 08/01/2017
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La salida de Longueira

Autor: Leslie Ayala

A dos semanas de que venza el plazo de la investigación que acusa al ex senador y ministro UDI por cohecho por parte de SQM durante la tramitación de la Ley del Royalty, se aceleraron las tratativas para sellar una salida alternativa que implica modificarle el tipo penal imputado para lograr un juicio abreviado. De concretarse, Longueira se transformará en el tercer político condenado en casos de financiamiento irregular.

La salida de Longueira

Una tensa reunión protagonizaron el 28 de noviembre pasado tres fiscales del caso SQM, dos directores de la Fiscalía Nacional y los tres integrantes del Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

La reservada cita se desarrolló en el edificio institucional del CDE -en pleno centro- y en ella se trató un solo tema: el futuro judicial del ex senador y ex ministro de la UDI Pablo Longueira Montes.

A fines de este mes, específicamente el 25 de enero, vence el plazo legal de seis meses fijado por la justicia para la investigación que se sigue en contra del emblemático dirigente del gremialismo por delitos tributarios y cohecho, en la denominada “arista royalty” y que surgió del caso SQM por financiamiento irregular de actividades políticas.

Trabajando contra el reloj, los fiscales que tramitan la investigación, liderados por el jefe regional de Valparaíso, Pablo Gómez Niada, discutieron en esa reunión de manera informal una propuesta que podría permitir a Longueira su salida del caso a través de un procedimiento abreviado, la misma opción que tomó a fines de 2015 otro histórico líder de la UDI involucrado en casos de financiamiento irregular de la política: Jovino Novoa.

El CDE actúa como querellante en contra del también ex ministro por su calidad de funcionario público al momento de los hechos indagados, por lo tanto, cualquier acuerdo que la fiscalía tome con la defensa del ex senador debería contar con el apoyo del consejo. Este último punto -en todo caso- no es un requisito para la salida alternativa de Longueira, pues aún pueden oponerse cuando ésta sea discutida en el tribunal .

Un factor que podría sellar las tratativas desde el punto de vista de la defensa del ex senador es que -a diferencia de llegar a un juicio oral- ésta permite resolver de manera más rápida su situación judicial.

En el caso de Longueira, su nuevo trabajo como asesor en un proyecto eléctrico en Aysén requeriría de su presencia con mayor frecuencia en la zona. De hecho, estas actividades laborales en el sur del país fueron el principal argumento expuesto por su defensa hace un par de semanas para conseguir que el 8° Juzgado de Garantía de Santiago rebajara su medida cautelar de arresto domiciliario nocturno a firma quincenal, situación a la que la fiscalía no se opuso.

Ante el presidente del CDE, Juan Ignacio Piña, los consejeros María Inés Horvitz y Daniel Martorell (todos miembros del Comité Penal en pleno) y la abogada Lupy Aguirre, el fiscal regional Gómez -junto a los investigadores Paola Castiglione y Claudio Rebeco- sostuvo en esa reunión la posibilidad de cambiar el tipo penal de cohecho para Longueira por otro y así propiciar un procedimiento abreviado.

Algunos presentes en la cita sostienen que una posibilidad que se analizó fue reformalizar por el delito de tráfico de influencia, idea que encrispó los ánimos, en particular -según algunas versiones- de Horvitz, quien actualmente cursa una pasantía en Estados Unidos, pero que retomará su cargo en el CDE en seis meses.

Un fondo de US$ 10 millones
Por estos días, parte importante del tiempo de Longueira -quien mantiene la medida cautelar de firma quincenal y arraigo nacional- está concentrado en recolectar recursos para la creación de un fondo de conservación destinado al rescate de zonas no exploradas en el extremo sur de Chile. Cercanos al ex senador afirmaron que en esa labor -que lo obligará a pasar temporadas en el sur- ya habría logrado conseguir US$ 10 millones.

La nueva obsesión de Longueira ha consumido parte importante de las energías que antes dedicaba a la política, la que parece haber dejado atrás luego de que se viera involucrado en los casos de financiamiento irregular y que renunciara a la UDI en marzo del año pasado.
Otros, no obstante, señalan que el ex ministro no se ha resignado a perder su esfera de influencia en las filas gremialistas, aunque en un segundo plano, y que de hecho su esposa, María Cecilia Brinkmann, acompañó a la senadora Jacqueline van Rysselbergue durante parte importante de las elecciones de la UDI, a mediados de diciembre pasado.

Esa sería una clave no menor a la hora de que Longueira y su defensa se allanen a aceptar un trato con la fiscalía. Y es que tanto el cohecho como el tráfico de influencias en el Código Penal tienen la misma pena y en su relato son similares. Pero el impacto político del primero resulta demoledor.

En el caso Penta, sin ir más lejos, las negociaciones de un eventual procedimiento abreviado con los principales imputados del caso siempre han topado en lo mismo: la negativa de reconocer el delito de cohecho. Mientras que en el caso Corpesca, el desaforado senador Jaime Orpis ha reconocido un eventual fraude al Fisco en el mal uso de sus asignaciones parlamentarias, la facilitación de boletas falsas (delito tributario), su defensa ha rechazado férreamente -y en todas las instancias- el cargo de cohecho, pues aseguran que el dinero que recibió de la pesquera no influyó en su rol en la Ley de Pesca.

Las dudas sobre la salida
La “arista royalty” que complica a Pablo Longueira tuvo su origen en la incautación de correos electrónicos al ex gerente general de SQM Patricio Contesse. Los fiscales, al revisar su correspondencia, encontraron contactos entre el ejecutivo y el entonces senador que databan del 2010, época en que se tramitaba en el Congreso la ley que imponía una tributación especial a empresas mineras para la reconstrucción posterremoto. Según formalizó la fiscalía el 22 de junio del año pasado, Longueira habría actuado en esa normativa a favor de intereses de la firma, dándole a conocer de forma privilegiada el proyecto a Contesse y reenviando al gobierno una minuta redactada por la propia empresa, que permitió a SQM Salar y SQM Nitratos que gozaran en la Ley del Royalty de invariabilidad tributaria hasta 2025.

Pero al interior del Ministerio Público también existen dudas para resolver la salida abreviada en un caso emblemático.

A la reunión con el CDE, acompañando a los fiscales del equipo SQM, asistió también la jefa de la Unidad Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía Nacional,Marta Herrera, y el jefe de la Unidad de Delitos Económicos, Mauricio Fernández. Si bien el titular del caso es Pablo Gómez, ambos abogados cumplen funciones asesorando a los fiscales regionales del Ministerio Público y son cargos de exclusiva confianza del fiscal nacional, Jorge Abbott.

Presentes en la cita sostuvieron que al desacuerdo evidente de Horvitz se sumó un emplazamiento proveniente de uno de los integrantes del CDE respecto de si esta postura del equipo de fiscales del caso SQM contaba con la venia de la Fiscalía Nacional. Frente a la inquietud, la jefa jurídica Marta Herrera habría sostenido que en principio, en lo técnico, aún no existe luz verde, porque el tema no había sido analizado en las altas esferas del ente perseguidor penal. Sin embargo, entre los conocedores del sistema judicial es sabido que en este tipo de tratativas la última palabra la tiene el fiscal regional, en este caso, Gómez.
En esta línea, al finalizar la cita se acordó esperar una propuesta formal de la fiscalía para llevar el tema al comité penal del CDE. Al cierre de esta edición el tema no ha sido abordado por la instancia, pese a que existen luces de cómo se podría resolver: de los partícipes en la reunión del 28 de noviembre pasado, Piña no habría adelantado opinión, Horvitz habría evidenciado reparos y Martorell habría sido el único abierto a explorar la alternativa planteada por los fiscales.

Efecto dominó
En la defensa de Longueira -en tanto- se afinan detalles con miras a la recta final de la causa y han mantenido reserva respecto de un eventual acuerdo con la fiscalía. Consultados por Reportajes, los abogados señalaron que no se referirán a eventuales acercamientos con el Ministerio Público por un posible término judicial de la causa que lo afecta.
Junto con el cohecho, el Ministerio Público imputó a Longueira ser facilitador de boletas y facturas ideológicamente falsas, delito tributario que hasta hoy no cuenta con querella del Servicio de Impuestos Internos (SII), quienes incluso, el día de la audiencia del 22 de junio, cuando el ex senador fue formalizado, abandonaron la sala.

Quienes conocen los detalles de la investigación a la que ha sido sometido uno de los máximos líderes de la UDI sostienen que a casi seis meses de su formalización, la fiscalía y la PDI no han logrado vincular los pagos de SQM a asesores y cercanos al ex senador con su persona. Es decir, no se ha podido establecer que esos dineros hayan llegado directamente de regreso a Longueira, lo que configuraría el delito de cohecho.

En ese mismo escenario están los dineros también provenientes de SQM a las fundaciones del ex ministro Chile Justo y Fundación Web, los que ya fueron rectificados por la minera no metálica.

En la figura del “tráfico de influencias” -a diferencia del cohecho-, la fiscalía no tiene el deber de establecer un pago directo por presuntas gestiones a favor de una empresa.
Más allá del impacto en sí mismo, un eventual acuerdo de Longueira con el Ministerio Público también podría generar un efecto en otras causas que complican a otros ex personeros UDI por acusaciones de cohecho, como el desaforado senador Jaime Orpis, en el caso Corpesca, y el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, en el caso Penta.

Con la salida de Horvitz del país, debido a la investigación que fue a desarrollar a Harvard, el Comité Penal del CDE -de cuya aprobación depende en buena parte la salida judicial del ex ministro- quedó conformado sólo por Piña y Martorell. En sus manos y de la decisión final que tome Gómez está el futuro del ex senador de la UDI. R

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