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Actualizado el 23/09/2017
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Las pruebas de la PDI contra el principal sospechoso del caso Sofofa

Autor: Felipe Díaz

Rubén Aros cobró por detectar micrófonos, pese a que era imposible hallarlos con la máquina que utilizó. Informe revela que tenía una red de “agentes”. A uno le pidió monitorear las noticias de la elección en el gremio.

Las pruebas de la PDI contra el principal sospechoso del caso Sofofa

El ex carabinero Rubén Zito Aros es hoy el principal sospechoso del caso del presunto espionaje al interior de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). La Brigada del Cibercrimen de la PDI, sin embargo, no lo tiene en la mira por haber intentado capturar conversaciones privadas al interior de la entidad gremial, sino porque dicho espionaje nunca habría ocurrido. La investigación policial apunta a que Aros instaló los micrófonos que fueron encontrados por él en las oficinas de la presidencia de la asociación de empresarios.

De esta forma, Aros habría engañado a los representantes de Sofofa para hacerles creer que habían sido espiados y así cobrar dinero por sus servicios de seguridad. Eso sí, el imputado habría solicitado a un colaborador hacer un seguimiento a todas las noticias relacionadas con la elección de presidente del gremio y del hallazgo de los micrófonos.

A través de un informe de 45 páginas que la Brigada del Cibercrimen entregó al fiscal Roberto Contreras, de la Fiscalía Oriente, se detalla todo el trabajo que los detectives realizaron para aclarar este caso. Así, el documento incluye las declaraciones de las personas que tuvieron algún grado de participación en este caso, así como las diligencias elaboradas para llegar a la conclusión de que, en realidad, la Sofofa nunca fue espiada.

La investigación se inició el pasado 26 de mayo, cuando el entonces presidente del gremio, Hermann von Mühlenbrock, denunció ante el Ministerio Público el hallazgo del micrófono. Quien lo había encontrado había sido Aros, de la empresa de seguridad informal Profasis. Poco antes el imputado había hallado un dispositivo similar en el despacho del ex vicepresidente de la Sofofa José Llugany, en la oficina que ocupaba en Carozzi.

En el marco de estas pesquisas, los policías incautaron el teléfono celular que usaba Aros, estableciendo que Profasis trabajaba con un grupo de siete colaboradores a los que el imputado llamaba “agentes”. El rol de estas personas era recopilar datos de personas a través de diversas vías o infiltrarse en firmas para recabar información.

“Destacándose (entre los colaboradores) su hija Angélica Aros González y su yerno Carlos Albornoz Díaz, ambos funcionarios de Carabineros de Chile, dependientes de la Prefectura de Aconcagua, quienes proveían información reservada obtenida desde las plataformas informáticas de esa institución”, señala el informe policial.

Otra de las personas que operaba como “agente”, según el documento, sería Andrés Moya Valenzuela. Al respecto, el informe señala que a través de las conversaciones entre ambos establecieron que “el imputado insertó a esta persona en la empresa Emasa, con la finalidad de reportar los movimientos de los funcionarios dependientes del centro de distribución ubicado en la comuna de Maipú. Adicionalmente, dicho colaborador mantenía informado a Aros Oñate, respecto a las noticias contingentes de la Sofofa, en cuanto a la candidatura de la presidencia y hallazgo de los micrófonos”.

Hallazgo imposible

En sus conclusiones, la PDI asegura que “se estableció que no existió espionaje tanto en dependencias de Sofofa y Carozzi, ya que se determinó que los minimicrófonos espía habían sido implantados por Rubén Zito Aros Oñate y Lorena López López (su pareja y con quien trabajaba en Profasis)”.

Para sustentar su información, los detectives relatan que acudieron hasta la tienda La Casa del Espía, lugar en que el imputado había arrendado la máquina que hacía el barrido que permitía detectar los dispositivos. En dicha tienda les indicaron que el aparato sólo funcionaba si estaba emitiendo frecuencia, lo que no sucedió en ninguno de los dos casos. “Se estableció que dicho dispositivo espía se encontraba en modo reposo o stand by. Esto significa que con la máquina detectora de barrido electrónico no es posible detectarlo mediante frecuencia”, dice el peritaje.

El análisis policial también cuenta con la declaración de su pareja, Lorena López, quien acompañó a Aros a la Sofofa el 19 de mayo, día en que encontró el micrófono. La mujer entregó un detalle clave: que mientras se hacía el rastreo, el sospechoso tapó las cámaras de seguridad. “Rubén Aros realizó el mismo procedimiento (usado en Carozzi) de tapar las cámaras de seguridad, en razón a no tener problemas con interferencias, las cuales estaban ubicadas en la oficina de la secretaria, y otra destinada a las urnas para las elecciones de presidente. El barrido electrónico encontró un elemento de audio espía en la oficina de un alto ejecutivo”, indicó la mujer. El valor de cada una de estas operaciones era de $ 2,5 millones. Al finalizar el escrito, los detectives indicaron que “en el transcurso de la presente investigación, tanto Rubén Zito como Lorena López sistemáticamente han obstaculizado las diligencias, entregando información errónea en sus declaraciones, ocultando información y mintiendo (…) Por tal motivo, se sugiere a esa fiscalía, y luego de realizar el respectivo análisis del presente informe policial, considerar la formalización de nuevos cargos contra los imputados Aros y López”.

Se cierra el círculo

El detective del Cibercrimen, comisario Christian Fernández, indicó que “creo que se podría dar por cerrada la investigación policial, porque hemos analizado la información a nivel general y no hemos encontrado evidencia que permita vincular a Aros con personal de Sofofa o Carozzi. Pienso que terminado el análisis de la información técnica, si descartamos la participación de terceros, estaríamos cerrando el círculo”.

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