En un libro de 61 páginas, Vertebral -agrupación que reúne a 18 planteles técnicos acreditados- plasmó sus críticas y aportes para la reforma a la educación superior.

El documento -que fue presentado ayer en un seminario en el Centro Cultural Gabriela Mistral- se titula "Aspectos críticos y propuestas para la reforma: abriendo caminos en la educación superior técnico-profesional", y en él Vertebral asegura que "la propuesta de gratuidad es inconstitucional de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC)".

El texto argumenta que la reforma exige a las instituciones no tener fines de lucro, pero que el TC ya señaló que "es discriminatorio exigir a los estudiantes que quieran optar al beneficio de la gratuidad otros requisitos ajenos a su condición personal y académica y que son de directa responsabilidad de las instituciones a las cuales pertenecen. Es decir, que el gobierno no puede discriminar al estudiante por la naturaleza jurídica de la institución o por otras condiciones de las instituciones, salvo aquellas relacionadas directamente con la calidad, como es la acreditación".

En ese sentido, el libro concluye que "la vulnerabilidad del estudiante y la calidad de las instituciones son variables con las que el gobierno puede contar para que el diseño de la gratuidad cumpla con la constitucionalidad como política pública".

Esta inconstitucionalidad no sólo estaría presente en la reforma, sino también nuevamente en la glosa presupuestaria 2017. "Lo que está pasando es que el beneficio para los estudiantes se está condicionando a determinadas características de las instituciones. Si uno lee esto a la luz del fallo del TC de 2015, podría encontrar que se está replicando lo de la glosa del año pasado", enfatizó Patricia Noda, secretaria ejecutiva de Vertebral.

En ese sentido, Jorge Narbona, rector de IP Chile, subrayó que "tanto en la reforma como en el proyecto de ley de presupuesto nuevamente se está poniendo una condición en el estudiante que es diferente a su condición académica o socioeconómica y ya el TC dijo que eso era discriminatorio".

En tanto, Cristóbal Silva, rector de Esucomex, señaló que no se les debe dar un tratamiento disímil a los estudiantes a la hora de que accedan a un beneficio cuando tienen la misma condición socioeconómica. "No es constitucional aplicar una condición que es propia de la institución educativa a los alumnos. Hay que corregir eso", señaló la máxima autoridad de dicha institución.

Consultada respecto de estas críticas, la jefa de la División de Educación Superior, Alejandra Contreras, señaló que la exigencia de otorgar gratuidad solamente en instituciones que no lucren forma parte de un acuerdo político. "Aquí hay que recordar que hay una definición política explícita, que es que la gratuidad se dirige a instituciones sin fines de lucro", señaló Contreras.

"La gratuidad no es un aporte que va al estudiante, sino que es un aporte institucional y, como tal, el Ministerio de Educación tiene derecho a poner requisitos a los planteles que participan de este tipo de aportes", agregó la autoridad ministerial.

Pero según Vertebral, "la única condición para que las instituciones puedan acceder al régimen de gratuidad debería ser la acreditación". Esto, consigna el libro, porque "no existe evidencia de correlación entre lucro y calidad".

Así, la organización enfatiza que "el proyecto de ley, que permite la transformación hacia instituciones sin fines de lucro, en su actual redacción, no sirve a su propósito al incorporar condiciones y efectos que hacen poco viable la decisión de aquellas instituciones que, por una u otra razón, han manifestado su voluntad de transformar su naturaleza jurídica".

Alejandra Contreras señaló que "la glosa recoge el acuerdo que se hizo el año pasado, en el sentido de que las instituciones tuvieran la posibilidad de transformarse en sin fines de lucro", y remarcó que "las instituciones deciden si toman o no esta posibilidad, porque es netamente voluntario".

Otras propuestas

El documento analiza otras áreas y planteamientos críticos de la reforma. Así, identifica, por ejemplo, que la propuesta gubernamental "establece un sistema transitorio de financiamiento a la educación superior complejo e inequitativo" y que, además, limita la autonomía de las instituciones.

Dentro del análisis a la institucionalidad planteada por la reforma, señala que es necesario un organismo específico que evalúe a la educación técnico-profesional.

En materia de acreditación, consigna que es negativo eliminar la certificación de carreras, que actualmente opera como "un señalizador eficiente de calidad". Además de que establecer niveles de calidad presenta diversas dificultades, entre las que "provocarán desorientación en los postulantes". Por último, señala que estos niveles y sus consecuencias podrían restringir la autonomía de las instituciones y su sustentabilidad a largo plazo.