LA CONFEDERACIÓN de la Producción y el Comercio (CPC) dio a conocer un informe elaborado por su Comisión Asesora de Pensiones (CAP), que suscita comentarios, tanto por su apoyo a necesarios ajustes paramétricos, dentro del sistema de AFP, como por lo que parece una forma un tanto desaprensiva de poner en discusión ideas complejas de política social, fiscal y laboral.

Elevar tasas de cotización, y ajustar edades de jubilación, parecen ser medidas necesarias para "mejorar sustancialmente las pensiones (…) en el largo plazo, para los trabajadores más jóvenes y las futuras generaciones", objetivos explícitos de la CAP-CPC, debido a que los afiliados, que podrían adaptarse voluntariamente a cambios demográficos, tienden a minimizar el esfuerzo voluntario de ahorro para la vejez. Lo sensible de esta parte de la propuesta de la CAP-CPC, sin embargo, es que considera un mayor costo de contratación de 3% o hasta 5% de la remuneración, sujeto a una decisión de ahorro del trabajador. Esto crea un riesgo de que el costo de contratación sea percibido por el empleador como el máximo, aun si muchos trabajadores optan por no efectuar el ahorro voluntario.

Debe consignarse también que el énfasis en la propuesta de la CAP-CPC en que las cotizaciones adicionales sean de cargo del empleador -hoy son de cargo del trabajador- no es necesariamente gratis en términos de sustentabilidad de largo plazo del sistema, en la medida que puede debilitar la capacidad de control sobre la evasión previsional, e, incluso, alimentar la percepción de que son recursos más susceptibles de redestinar a otros fines.

Pero donde la CAP-CPC entra en el terreno más discutible es en sus propuestas para "que mejoren sustancialmente las pensiones en el corto y mediano plazo para los actuales jubilados y los trabajadores cercanos a la jubilación". La medida que se adelanta es aumentar la Pensión Básica Solidaria en 15% y la Pensión Máxima con Aporte Solidario en 17%, por sobre el 10% recientemente aprobado. También, propone definir una nueva fórmula para mejorar pensiones bajo la modalidad de Retiro Programado, sobre la base de dejar al Fisco la responsabilidad de financiar las pensiones de quienes exceden los 85 años de edad. Estas propuestas son consistentes con la noción que el Estado tiene la responsabilidad de asegurar un nivel de pensión adecuado, incluso más allá de una pensión mínima. Dicha noción (incorporada en la expansión del Pilar Solidario en el primer gobierno de la Presidenta Bachelet), de no ser bien aplicada, tiene riesgos significativos. Utilizada para redefinir como necesarios, ex post, niveles de jubilación "sustancialmente" mejores, puede iniciar un deterioro mayor de los incentivos a ahorrar en un sistema de capitalización individual. En todo caso, dado que el enfoque supone costos fiscales significativos, la percepción de que esta responsabilidad estatal se estaría cumpliendo hoy en un nivel muy deficitario, debería derivar de un análisis profundo de las posibilidades fiscales.

La CAP-CPC, junto a ideas interesantes, parece también cercana a validar un enfoque de política social menos "focalizado", en favor de apoyo estatal para segmentos más amplios, un paso hacia una revisión más profunda del modelo chileno de política social, con amplias consecuencias fiscales.