Señor director:

Samuel Arancibia, en carta publicada ayer, critica la demanda de trato preferente por parte de las universidades estatales y exige una cuenta pública anual de amplia difusión para considerar entonces la oportunidad del mentado trato.

Más allá de los juicios de valor sobre la supuesta ineficiencia estatal, es necesario consignar que las universidades del Estado se encuentran en permanente proceso de "cuenta pública" a la ciudadanía y a organismos fiscalizadores.

Estas casas de estudios están sometidas al control continuo de la Contraloría General, como cualquier otro servicio público. Además, deben tener internamente organismos de control (contralorías universitarias), direcciones de auditorías e inspección y auditorías de empresas externas. Igualmente, todos los rectores dan cuenta pública anual de su gestión.

A lo expuesto debe sumarse la adscripción a normativas propias del sector público, que en su origen no fueron pensadas para universidades que compiten en un escenario no monopólico, como de igual manera reciben un porcentaje reducido de presupuesto a través de financiamiento estatal directo.

En consideración a lo expuesto, es atendible solicitar un trato preferente para las universidades del Estado.

Daniel Burgos Bravo

Senador universitario

Universidad de Chile