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Actualizado el 07/07/2017
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Para qué usamos la calle

Autor: Angélica Bulnes

Los chilenos no son apáticos, salen a manifestarse bastante seguido por cientos de razones distintas a lo largo de todo el país y en la mayoría de las protestas no hay actos violentos ni represión policial. Esas son algunas de las conclusiones de una investigación realizada por el recién creado Observatorio de Conflicto-COES que se va a dar a conocer la semana que viene.

Para qué usamos la calle

En la última década, el uso del espacio público como un gran escenario para protestar, promover ideas, rechazar políticas y proyectos estatales o privados se ha intensificado y junto con eso se han ampliado las formas para expresarse colectivamente. El recién creado Observatorio de Conflictos del COES quiso averiguar para qué están usando los chilenos la calle, con qué grado de violencia se están manifestando y si hay un hilo conductor que motive estas acciones, estudio que va a dar a conocer el miércoles en un informe llamado “Conflicto social en Chile 2015-2016: disputando mitos”, precisamente porque tiene algunas sorpresas.

Un equipo de varios investigadores del COES liderados por el urbanista Matías Garretón y el cientista político Alfredo Joignant, rastreó las “acciones contenciosas”, que incluyen marchas, movilizaciones, bloqueos de caminos, tomas de edificios y espacios públicos, huelgas, barricadas e incluso algunas acciones de protesta individuales, ocurridas en los años 2015 y 2016 que fueron cubiertas por los medios. En esos 731 días se encontraron con 4.033 episodios de conflicto, los que, de acuerdo al estudio, ocurrieron con cada vez más frecuencia a lo largo del período.

Marcha contra el aborto en la capital, 2016.

Marcha contra el aborto en la capital, 2016.

La investigación quiere ayudar a formar una imagen más precisa de cuáles son los focos de conflictividad en el país y confirma que manifestarse es hoy una práctica recurrente. Para el equipo, eso significa que la idea de que los chilenos somos apáticos tiene poco asidero y que se observa una “búsqueda de otras formas de incidencia en la opinión y políticas públicas” distintas a la participación electoral. De hecho, tal como explica Matías Garretón, hay una tendencia que muestra que existe un efecto compensatorio entre participación electoral y salir a la calle, es decir, “mientras menos voto, más me movilizo”.

Todos pueden
Es bastante probable que la muestra analizada no abarque todas las manifestaciones ocurridas en los dos últimos años, ya que se basa en las noticias publicadas en distintos medios que por razones editoriales o por su alcance no necesariamente cubren cada episodio. Para reducir ese sesgo el equipo no sólo analizó los diarios llamados nacionales -como éste-, sino que amplió su base e incluyó a la Radio Bío-Bío y 15 diarios regionales, lo que fue una buena decisión porque se demostró que estas publicaciones efectivamente reportan manifestaciones que no aparecen en las demás.

Probablemente eso contribuyó a mostrar que salir a protestar es una situación extendida en el territorio: en los dos años estudiados hubo al menos una manifestación en 242 de las 365 comunas de Chile, aunque estas varían mucho en tamaño e intensidad (ver gráfico). El 58 por ciento de los episodios recopilados se dieron en las grandes ciudades y capitales regionales, lo que es esperable ya que es ahí donde se concentra la gente y la atención de los medios. El tamaño de la población de un lugar es entonces, la variable que más incrementa la posibilidad de que ocurran situaciones de conflicto y por eso mismo, las manifestaciones en Santiago, la ciudad con más habitantes del país, son las más multitudinarias. Pero eso no significa que quienes viven en la capital sean más conflictivos que el resto, sino simplemente que son más. “El número de conflictos por habitante es tres veces menor en el Gran Santiago que en el resto del país, aunque la ocurrencia de acciones excepcionalmente numerosas compensa lo anterior”, explica el informe.

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Por eso, dicen los investigadores, la idea de “Santiago como capital del conflicto” no se sustenta completamente y también se observa una fuerte conflictividad en zonas poco pobladas y extremas, en particular en las regiones de Aysén y Magallanes.

Protesta de los buzos mariscadores en Ancud, 2016.

Protesta de los buzos mariscadores en Ancud, 2016.

Otros aspectos que destaca el informe es que los grupos que se movilizan con mayor frecuencia son los que pertenecen “a las clases medias emergentes que viven en ciudades donde hay elites o alta concentración de riqueza”, dice Garretón. Para movilizarse se necesitan recursos -tiempo, redes, movilización- de las que los segmentos bajos carecen, explica Joignant, quien luego agrega: “Por eso no vemos marchas de pobres en Chile”. La excepción a la regla que se cumple en casi todo el territorio es el área del Biobío y La Araucanía, donde se desarrolla el conflicto mapuche, en la que la pobreza está asociada con la confrontación histórica entre el Estado y la población indígena que en esa zona sí está movilizada.

Compitiendo por la calle
De acuerdo al reporte, en los últimos dos años los chilenos encontraron trescientos motivos distintos para salir a protestar, los que fueron organizados en cinco grupos por los investigadores: los conflictos salariales o sindicales; los que apuntan a la provisión de servicios y bienes, públicos o privados; los de carácter ideológico o de orden valórico; los conflictos de tipo ambiental y, por último, todas las manifestaciones y episodios que apuntan a reformas del sistema de pensiones (ver gráfico).

Si se miden por cantidad de eventos que provocaron, las manifestaciones laborales como las huelgas están en primer lugar y en la mayoría de los casos sus demandas apuntan a lograr mejoras en los sueldos (48 por ciento) y en las condiciones de trabajo (21 por ciento). Pero si se miden en cambio cuáles fueron las manifestaciones que congregaron más gente, domina el grupo de las que demandan bienes y servicios, en las que la educación tiene un lugar significativo, aunque también destacan las multitudinarias protestas contra el sistema de pensiones, agrupadas principalmente bajo la organización No +AFP.

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“En lo esencial uno ve que los conflictos que más movilizan y crecen son los que se mueven por causa de la naturaleza del modelo”, dice Joignant, quien de todos modos aclara que “no estamos hablando de un mismo hilo conductor para todas las cosas. No hay una causa de inicio común, y las manifestaciones están gatilladas por distintas cosas. Sí se pueden producir conexiones. Por ejemplo, el conflicto estudiantil escaló y se vincula con demandas por reformas políticas y hoy es portador además de un reclamo de cambio de Constitución”.

La existencia de esta diversidad de demandas y la irrupción de movimientos nuevos significa que actualmente hay distintos intereses compitiendo por llevar gente a la calle y eso, entre otras cosas, implica que los estudiantes hoy no son los actores principales de la movilización social. Este grupo sin duda tiene un gran poder de convocatoria, pero su actividad se concentra en la Región Metropolitana y aparece además como un sector más encerrado en sí mismo. “El mito del protagonismo estudiantil indiscutido en la movilización social es falso, ya que los espectaculares volúmenes de participación que alcanzan en forma esporádica y principalmente en el Gran Santiago no se condicen con su escaso impacto e interacción con otros tipos de movilización, mucho más frecuentes y constantes en el tiempo, o incluso más masivas, espectaculares y transversales a distintos territorios y grupos etarios, como en el caso de No + AFP”, plantea el informe.

 Ni Una Menos en Concepción, 2016.

Ni Una Menos en Concepción, 2016.

Por su masividad y porque aparece explosivamente, el estudio le dedica un capítulo a las movilizaciones contra el sistema de pensiones, en el que el sociólogo y académico de la Universidad Central Ismael Puga muestra cómo pasan de ser prácticamente inexistentes en 2015 a un peak de 68 episodios en noviembre del año pasado. Junto con eso se ve de qué manera van concitando el interés de nuevos grupos y segmentos y se expanden geográficamente al punto de terminar con la manifestación más grande de los últimos años, al mismo tiempo que empiezan a verse algunas medidas más radicales como cortes de rutas y carreteras.

Distinto es lo que ocurre en el caso de las manifestaciones asociadas a género y diversidad sexual. No obstante el creciente interés que estos temas están teniendo en los medios, a nivel nacional e internacional, y de que hay proyectos afines en discusión, en 2015 y 2016 los eventos asociados a estos temas sólo representan el 1,5 por ciento del total. “A pesar de la existencia de importantes brechas de género en salarios y participación política, esto no se ha manifestado en la forma de una protesta”, plantea la economista y profesora de la Universidad de Chile Valentina Paredes en el informe. De todos modos es importante consignar que el año pasado cerró con la protesta Ni una Menos que combate la violencia contra las mujeres y que congregó a más de 50 mil personas en Santiago y otras ciudades del país. Está por verse si fue un hecho aislado o el inicio de un nuevo foco de conflicto.

Otro caso que recalcan los investigadores es el de las protestas medioambientales y los conflictos entre comunidades y empresas extractivas. Este es un frente minoritario en número de eventos y de participantes, pero aun así tiene mucha visibilidad y es altamente efectivo ya que ha logrado paralizar inversiones o incidir en leyes, lo que demuestra que frecuencia y masividad no son sinónimos ni condiciones para obtener resultados.

Sin pelear
“Hoy sabemos que hay bastante menos violencia en los eventos contenciosos a los que estamos expuestos a través de los medios que lo que uno piensa”, dice Alfredo Joignant sobre uno de los resultados que más le llamó la atención del estudio. En general las movilizaciones usan distintos mecanismos para protestar. El estudio plantea que pese a que los medios muchas veces les dan bastante visibilidad a los actos agresivos y destructivos, “sólo en el 12 por ciento de las acciones registradas en los dos años de observación fue posible constatar el despliegue de tácticas violentas por parte del grupo que reclama, y en la misma proporción se observa represión activa de fuerzas policiales”, dice el informe en el que los investigadores también sostienen que los casos de represión policial tienen a darse predominantemente en las manifestaciones multitudinarias más que como una respuesta a actos de violencia.

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Pacíficas o no, un aspecto muy importante es que el estudio muestra que la mayoría de las manifestaciones no son espontáneas sino que son acciones coordinadas. Así por ejemplo, en el 58 por ciento de los más de cuatro mil episodios analizados hubo al menos una organización formal involucrada, lo que además no descarta que puedan haber existido otras de carácter más informal. “Es decir, esa cifra es probablemente sólo la punta del iceberg”, dice Matías Garretón, quien explica que esos grupos posiblemente contribuyen a oficializar y expandir un conflicto social, lo que se puede ver en el caso de la protesta No + AFP. Pese a que a simple vista pareció algo espontáneo al rastrear ese movimiento, Ismael Puga pudo identificar varias organizaciones que se empiezan a vincular y contribuyen a ir ampliando la convocatoria y resonancia. “Hay un proceso de aprendizaje que se ha dado en torno a las movilizaciones y una red de activistas que no es espontánea. En la coordinadora No + AFP hay organizaciones involucradas que vienen participando en distintos conflictos desde hace por lo menos 10 años y van construyendo redes. Si bien en Chile no hay un conflicto que articule a todos los demás, existen vínculos super fuertes y trenzados de movimientos sociales”, explica Puga. Esto, dice por su parte Garretón, “confirma que los chilenos, lejos de ser apáticos, están aprendiendo a manifestarse colectivamente por mecanismos no institucionales, los que a veces pueden ser más eficaces para hacer valer sus demandas lo que sugiere que nuestras instituciones no están acogiendo expectativas emergentes”. Algo que habría que tener en cuenta en un año electoral.

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