Daniel Matamala

Daniel Matamala

Periodista, conductor de CNN Chile

Opinión

El cascabel al gato

Ministro de Salud, Emilio Santelices. Foto: AgenciaUno

“Le pondremos el cascabel al gato”, prometió el ministro de Salud hace un mes, cuando se conocieron los $ 70 mil millones de utilidades de las isapres durante 2010. “Los hombres van a tener que ecualizar sus primas”, dijo esta semana, para explicar que esos planes deberán subir de precio para compensar el fin de la discriminación por sexo.
“Todos vamos a tener que hacer un esfuerzo”, intervino el Presidente Piñera para frenar la polémica. El gobierno promete una reforma profunda. ¿Se atreverá a ponerle al fin el cascabel al gato? ¿Hará lo que ningún gobierno, de izquierda o derecha, ha osado hacer en Chile?
Porque el animal del que hablamos es un gato de chalet, acostumbrado a la buena vida y a la poca vergüenza, gracias a un esquema hecho a la medida de los grupos empresariales que lo controlan. Un sistema de seguridad social a la hora de cobrar, pero de seguros privados a la hora de discriminar. Un sistema que socializa las pérdidas y privatiza las ganancias. Las isapres son socialistas cuando se trata de mujeres, viejos y enfermos (¡que el Estado se haga cargo!), y capitalistas cuando se trata de hombres sanos.
¿Libertad de elegir? Muy poca, en un sistema en que las mujeres pagan hasta el triple por el mismo plan, los enfermos quedan cautivos de una empresa, y los pacientes son expulsados del sistema privado por el pecado de cumplir años.
¿Libre competencia? La evidencia dice lo contrario. Las isapres tienen ganancias fabulosas, muy superiores a las que se esperarían de esa competencia. Aunque lloran pobreza cada vez que suben los planes, su rentabilidad sobre patrimonio en 2017 fue de 20,88%. Eso es el triple (sí: ¡el triple!) de la rentabilidad promedio de los sectores de la economía chilena, solo superada por las administradoras de fondos de inversiones. Ni el retail, ni las eléctricas, ni las sanitarias, ni las muy lucrativas AFP se acercan a esa rentabilidad.
Ni siquiera se trata aquí de la discusión ideológica sobre si es legítimo o no el lucro en salud. Es que esas ganancias no corresponden a un mercado competitivo. Y cuando eso ocurre en un mercado regulado, la explicación económica más lógica es que el regulador está capturado por los intereses de esa industria.
¿Hay evidencia de esa captura? Sí. En cantidades. Veamos un par de ejemplos.
Luis Romero fue subgerente de la isapre Colmena por 14 años, hasta enero de 2010. En julio de ese mismo año asumió como superintendente de Salud, a cargo de fiscalizar a su exempresa. Ocho meses después de dejar el cargo, volvió a Colmena, pero ahora ascendido a gerente general. ¿Dónde estaban los incentivos del superintendente Romero, en defender a los pacientes o a su industria de la que se estaba tomando un breve receso?
Cuando el Congreso discutió una reforma a las isapres, Carlos Eugenio Lavín, uno de los dueños de Penta -propietarios entonces de Banmédica- le pidió por mail al diputado Ernesto Silva «ver si se nos ocurre algo» para evitar una indicación que pretendía limitar las alzas de planes. Silva reconoció haber hecho gestiones ante el gobierno que coincidían con el punto de vista de las isapres, pese a que entonces él mismo era accionista de Banmédica.
No solo Penta financiaba políticos con boletas; tanto Banmédica como Vida Tres dieron dinero a campañas, y aportes reservados en períodos sin elecciones, financiando actividades corrientes de los partidos políticos.
Ese proyecto, presentado con bombos y platillos por el Presidente Piñera, languideció en el Congreso. La Presidenta Bachelet prometió una reforma, convocó a una comisión asesora para diseñarlo, y luego guardó el informe en el fondo de algún cajón.
Con los reguladores del gobierno y el Congreso bajo control, las isapres se mueven a sus anchas. A lo largo de los años, en miles de casos, los tribunales han determinado una y otra vez que las alzas unilaterales en los precios de los planes violan la ley. Las isapres los siguen subiendo año a año.
La ley prohíbe explícitamente la integración vertical, en que las prestadoras de salud son a la vez dueñas de clínicas. Las isapres lo hacen de todos modos, a través de holding que comparten la propiedad, y de vez en cuando pagan unas multas ridículas por esa infracción.
En resumen: una industria completa se sienta durante años en la ley y la jurisprudencia, y el poder político no hace nada al respecto. Obtienen a costa de sus pacientes utilidades que triplican el promedio de la economía, y el poder político no mueve un dedo.
Nadie le pone el cascabel al gato.

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