Censos, estadísticas y confianza

Por estos días debieran conocerse los resultados del Censo 2017. Al menos, es lo que se lee en el cronograma oficial. Efectivamente, la "entrega completa de resultados definitivos" está programada para abril 2018 y el acceso público a los datos para el próximo mes de junio.

Ante la inminencia del plazo, muchos nos preguntamos si este programa se cumplirá, y en qué forma. Todos entendemos que en el intertanto ha habido un cambio de gobierno, y de autoridades, pero tratándose de estadísticas públicas sería preocupante que el cambio político afecte un proceso técnico que debiera estar al margen de estas vicisitudes.

La credibilidad de las estadísticas públicas chilenas se ha deteriorado en los últimos años. Fue una desgracia, de forma y fondo, todo el proceso que llevó a anular el Censo 2012, también las polémicas respecto a la medición de pobreza en la encuesta Casen, o las sucesivas modificaciones que ha tenido la encuesta nacional de delincuencia Enusc (la última de 2015), que dificulta las comparaciones con el pasado. Un nuevo fiasco, esta vez con el Censo 2017, sería una verdadera catástrofe para la confianza en nuestro sistema estadístico completo. Catástrofe para la credibilidad de los indicadores, pero también para sus instituciones, incluyendo el INE. Del despilfarro de recursos, mejor ni hablar.

Desde el 2015 se tramita en el Congreso un proyecto de ley que crea un nuevo diseño del sistema estadístico nacional, establece un Consejo Estadístico, y aborda temas tan importantes como la independencia del INE, su gobierno corporativo y otros temas fundamentales. Esta reforma vendría a reemplazar la actual ley vigente, que data nada menos que de 1970. Desgraciadamente, y aunque el proyecto está en ultimo trámite en el Senado, no se divisa avance.

El Censo 2017, si bien fue un censo abreviado, contiene información muy relevante para las políticas públicas actuales. También, para entender algunos temas extremadamente urgentes. Por ejemplo, lo que creo debiera ser la mejor estimación del número de inmigrantes viviendo en el país, dato actualmente desconocido y respecto al cual circulan las más diversas estimaciones. El Censo 2017 incluyó varias preguntas muy específicas sobre esta realidad.

La OCDE ha recomendado, en repetidas ocasiones, aumentar la autonomía del INE y reforzar su gobierno corporativo. Es urgente avanzar en este sentido. Sea con el proyecto en trámite, o con otro de similar objetivo. Debemos hacer lo posible por recuperar la confianza en nuestras estadísticas públicas, que ha sido una de nuestras históricas fortalezas; pero hoy está en duda. Hay urgencia, y el espacio para errores es amplio.

Creo que el país está a la espera, no tanto de los resultados específicos del Censo (que ya en parte se conocen), como a la señal que dé el gobierno sobre el por ahora incierto futuro de las estadísticas nacionales y un eventual paso más hacia el ya desolador descrédito de las instituciones.