La OCDE, en su informe económico sobre Chile, de febrero de 2018, en relación a sistema de pensiones, señala que "proporciona modestas pensiones para los individuos de ingresos medios", atribuyendo esta responsabilidad a la baja tasa de cotización, que en Chile es algo más de la mitad del promedio de los países de la OCDE; la baja edad de jubilación, particularmente en las mujeres, que es de 60 años; y las lagunas previsionales o la baja densidad de cotización, que tiene origen en el empleo por cuenta propia o informal, el desempleo o la inactividad profesional. Según los modelos de cálculo del propio organismo, las tasas de reemplazo actuales no alcanzan al 40%, para hombres y mujeres, por lo cual es necesario llevar a cabo medidas que permitan corregir esta situación. Cabe destacar que en ningún momento dicha institución internacional plantea sustituir el actual modelo de pensiones; por el contrario, sugiere iniciativas que permitan financiar políticas específicas que fortalecen y consolidan el sistema.

En este marco, la OCDE propone, en línea con lo que ha sido la discusión pública en nuestro país, aumentar la tasa de contribución obligatoria al sistema de pensiones, equiparar la edad de jubilación entre hombres y mujeres en 65 años, vinculándola a la esperanza de vida, y aumentar la pensión solidaria. Esta última medida se propone financiarla con cargo al presupuesto público, lo que obedece a la recomendación de esta organización de no destinar recursos provenientes de contribuciones a financiar la red de protección social, por lo cual, mayores pensiones solidarias deberían tener como contrapartida incrementos en impuestos o redistribución del gasto fiscal. En lo conceptual la recomendación busca que las políticas redistributivas deben hacerse a través del sistema tributario ya que este último hace tangible justamente el criterio de redistribución que ha adoptado la sociedad de acuerdo a sus propias preferencias, que debe ser igual para todo tipo de ingresos, sean estos provenientes del capital, formales o informales, o de cualquier actividad. Dicho de otra forma, si se establecieran mecanismos redistributivos endógenos a la parte contributiva del sistema se estaría modificando implícitamente la regla redistributiva de la sociedad expresada por la estructura impositiva. En efecto, los ingresos provenientes del trabajo formal serían sobre-gravados.

Evidentemente que el financiamiento vía impuestos de un incremento en las pensiones u otros gastos que puedan ser considerados indispensables por la ciudadanía genera un debate adicional en la sociedad respecto de cómo deberían obtenerse esos recursos adicionales y cómo debieran ser asignados, pero también pone al país en el escenario, necesario y adecuado, para determinar y priorizar técnica y racionalmente, con las debidas estimaciones de rentabilidad social, en qué deberán gastarse los flujos futuros que ingresen al erario fiscal, sacando ese debate de la "presión de la calle", factor que ha influido decisivamente en este proceso durante el actual gobierno.