El Primer Hermano

Pablo Piñera es el nuevo embajador en Argentina. El Presidente ha nombrado a su hermano en uno de los puestos más apetecidos de nuestra diplomacia, y con eso nuestra República (ese régimen en que lo público y lo privado deben estar estrictamente separados) es un poco menos pública que antes. Lo que ha ocurrido es cesarismo presidencial. Y es nepotismo. Con todas sus letras.

«Tiene los méritos suficientes», dicen desde el gobierno, y también desde la ex Concertación figuras como el senador Insulza y el exministro Foxley. Pero eso es no entender el punto. Este es un puesto de designación presidencial, no de concurso. ¿Acaso cientos de chilenos -diplomáticos de carrera, exparlamentarios y exministros, personas destacadas en el mundo de la academia y la cultura- no tienen tanto o más mérito que el Primer Hermano para ser considerados?

Pero, entre ese enorme universo de candidatos, el Presidente elige precisamente a su familiar. Con ello rompe el contrato social implícito en una república. En él, le concedemos a un Presidente poder discrecional para ciertas designaciones, en el entendido que no lo usará arbitrariamente para beneficio propio o de su familia. Si lo hace, como en este caso, el Presidente erosiona la base de legitimidad sobre la que se erige su poder. Y cuando el poder se vuelve arbitrario, surge la pregunta de si hay que limitarlo por ley. Así ocurrió en Estados Unidos, cuando John F. Kennedy rompió el contrato tácito al designar a su hermano como fiscal general. La república reaccionó, y en 1967 el Congreso aprobó una ley para que eso nunca más pudiera ocurrir.

Lo más desconcertante es que este nombramiento no sirve a ningún propósito político evidente. Sabemos que la profusión de «operadores» en el aparato del Estado es un mal que todos los gobiernos toleran, para asegurar lealtad en la cadena de decisiones y mantener unida a la coalición que sustenta el gobierno. Muchas de las designaciones de familiares, en este y otros gobiernos, pueden entenderse así.

Pero al poner a su hermano en la embajada, el Presidente no logra eso. No compra ninguna lealtad. Sólo erosiona su base de respaldo; da municiones a sus rivales, abiertos (Guillier) o larvados (José Antonio Kast); y pone en incómodo trance a sus aliados, obligados a criticarlo, a guardar incómodo silencio o a ejecutar contorsiones gimnásticas para defender lo indefendible.

Y el chaparrón de la designación es sólo el comienzo del problema. En Chile sabemos que poner a un familiar del Presidente en un cargo de gobierno es instalar una bomba de tiempo en el corazón de La Moneda, una que puede explotar en cualquier momento. Pregúntenle a Lagos y a Bachelet, que se auto infringieron las peores crisis de sus presidencias al designar a su yerno en Corfo y a su hijo en la Dirección Sociocultural, respectivamente. Qué podría salir mal, ¿no?

Pero el Presidente sigue sin entender los conflictos de interés. Tal como en su primer gobierno mantuvo sus acciones de Blanco y Negro, y nombró como máxima autoridad deportiva a su socio en la propiedad de la concesionaria de Colo-Colo, el ahora resucitado Gabriel Ruiz-Tagle. Tal como sigue respondiendo con enervación a los cuestionamientos al manejo de su patrimonio. La frontera entre el Estado y el bien personal, básica en una república, es algo que Piñera sigue sin comprender, o sin importarle. Y por lo tanto, tal como le pasó con Colo-Colo en 2010 y con Exalmar en 2016, sigue tropezando con las mismas piedras, una y otra y otra vez.

Intencionalmente o no, el Presidente ejercita así los límites de su poder. Pone a prueba si todo lo que no está prohibido explícitamente por ley puede hacerse sin pagar costos políticos. Ensaya si hay alguna frontera al cesarismo en un régimen ultra presidencialista, cuando ha ganado una elección con clara mayoría, y cuando los poderes económicos lo respaldan con indisimulado entusiasmo.

¿Cómo reaccionará a esta prueba ese ente informe al que llamamos República?