María Cristina Escudero

María Cristina Escudero

Académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Doctora en Ciencia Política.

Opinión

Qué esperar de proyecto de nueva constitución

La Presidenta Michelle Bachelet firmando ayer la propuesta de nueva Constitución. Foto: Andrés Pérez

Los momentos constituyentes son difíciles de detener. Según muestra la política comparada, lo habitual es que, una vez que se instala la demanda de un cambio constitucional, la presión siga presente. Esto parece ser cierto en el caso de Chile: el lunes 12 de marzo, la encuesta Plaza Pública-Cadem mostró que un 82% de los encuestados cree que es necesaria una nueva Constitución. Además, un 61% opina que es un tema muy o bastante prioritario. Desde 2015 estas preguntas siempre han contado con un alto respaldo ciudadano y por ello, era esperable que el proceso participativo realizado en 2016 haya tenido una respuesta positiva por parte de la población. De hecho, la participación fue la más alta como porcentaje de población, al comparar con experiencias de procesos participativos de este tipo a nivel internacional.

Luego de todo este esfuerzo, cabe preguntarse qué elementos nuevos contiene el proyecto de nueva Constitución presentado por Bachelet poco días antes de dejar su mandato y, por sobretodo, qué elementos de las base ciudadanas se reflejan en el proyecto y qué futuro tiene.

Los nuevos principios y valores que inspirarían la nueva Constitución nacen de las preferencias expresadas por la ciudadanía: la dignidad, la libertad, la igualdad, la solidaridad y el respeto de los derechos fundamentales son elementos contenidos en el proyecto. Así, se incorporaron todas las priorizaciones que se hicieron en principios y valores por las personas que participaron en los encuentros locales y en otras instancias de la etapa participativa. Esto permite hacer una interpretación de la Constitución basada en el bien común y la comunidad, con un sentido que se aparte del solo desarrollo basado en la agregación de intereses individuales y el rol del Estado subsidiario.

A los derechos ya presentes en la actual Constitución se agregan demandas manifestadas durante el proceso participativo. En efecto, por primera vez se enfatiza en la igualdad de género, los derechos de niños, niñas y adolescentes, el derecho al desarrollo de la personalidad, el derecho a la participación en la toma de decisiones y el derecho de acceso a la información de los órganos del estado, además de un especial énfasis en el medio ambiente y el patrimonio histórico Pero también a los derechos ya existentes se agregan novedades que acercan el derecho de la salud y educación a las aspiraciones de calidad, gratuidad, en un sistema público y con prestaciones oportunas, como lo sugieren la nueva redacción de ambos artículos y el sistema de garantía universal para todos los derechos.

En materia institucional el resultado es mixto. Aquí primó la tradición constitucional chilena por sobre alternativas que los ciudadanos manifestaron con mayor énfasis. Por ejemplo, en el proceso participativo hubo una manifestación preferente por un congreso unicameral y la existencia de un defensor del pueblo. No obstante, se mantuvo el congreso bicameral. La propuesta de sistema presidencialista es más bien conservadora, aun cuando la eliminación de los quórums supramayoritarios y el intento de hacer más funcional al Tribunal Constitucional apuntan a reflejar mejor las mayorías y minorías reales sin distorsionar el proceso de toma de decisiones. En tanto, la iniciativa ciudadana de ley y la disposición que otorga a los ciudadanos el derecho para participar en las decisiones públicas son respuesta a la demanda por una mayor participación, que se encuentra muy presente en las Bases Ciudadanas.

Hay muchas novedades en el proyecto, también existe mucho espacio para la discusión e incorporación de nuevas ideas. Los procesos constituyentes en democracia son procesos complejos y largos: van desde cuando se plantea la necesidad de una nueva Constitución hasta que se construyen los consensos políticos y sociales que permiten aprobarla (incluyendo el mecanismo por el cual se hará). La experiencia internacional muestra que, una vez que se plantea la necesidad de reemplazar la Constitución, esto ocurre tarde o temprano: es solo una cuestión de tiempo y liderazgo. Por eso, el futuro del proceso es incierto en el corto plazo, pero es posible esperar que la ciudadanía lo pida cada vez con mayor fuerza cuando la oportunidad se presente, superando las resistencias institucionales como ha ocurrido en otros países, especialmente dado el contundente apoyo e importancia que le da la ciudadanía a una nueva Constitución.

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