Opinión

Fase oral del proceso ante La Haya


La demanda de Bolivia contra Chile presentada ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya ingresó ayer en su fase oral que culminará el martes de la próxima semana. El primer día estuvo marcado por la presentación del caso por parte del equipo jurídico del país altiplánico, el que terminará hoy su presentación para dar paso a la parte de Chile, el jueves y viernes de esta semana.

El lunes y miércoles culminará este proceso con los alegatos de cierre, dejando luego a los jueces la responsabilidad de deliberar y emitir un fallo, para lo cual no tienen un plazo definido. En el caso del anterior proceso con Perú sobre el límite marítimo, los magistrados entregaron su veredicto un año después de que culminara la fase oral, aunque algunos sugerían que el fallo podría conocerse antes de que el juez japonés Hisashi Owada deje su cargo, el 20 de junio próximo, considerando que como integrante del tribunal al momento de presentarse los alegatos orales está obligado por el reglamento de la corte a deliberar sobre el caso y entregar un veredicto. Sin embargo, ese punto quedó descartado ayer al informarse que el juez se inhabilitó para conocer el caso.

Pero al margen de los plazos y las consideraciones técnicas del proceso, lo cierto es que el primer día de alegatos siguió la tónica de lo que ha sido la presentación boliviana ante la Corte, que ha apelado más a componentes emocionales que a verdaderas consideraciones jurídicas. El jefe del equipo boliviano habló de “causa justa” e “injustica histórica”, acusó a Chile de lo que calificó como “desmembramiento territorial” boliviano e insistió en el supuesto compromiso que adquirió nuestro país a negociar un acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. En los documentos presentados ante la Corte, La Paz sustenta esa supuesta obligación chilena principalmente en una nota diplomática de junio de 1950 en la que Chile expresa disposición a entrar en “negociaciones directas” para que Bolivia tenga un acceso soberano al mar y a las posteriores negociaciones de Charaña a mediados de los años 70. Pero sostener que la acumulación de esos y otros casos citados fijan un compromiso del Estado de Chile con Bolivia no solo es difícil de sostener jurídicamente sino que, de ser aceptado, establecería un peligroso precedente a nivel mundial.

Bolivia ha apelado a factores extra jurídicos para abordar su demanda ante La Haya y ha intentado transmitir ante la opinión pública un panorama que dista mucho de la realidad. En este proceso, es importante evitar caer en estériles disputas verbales a través de redes sociales. Lo que está en juego en La Haya no es si Bolivia obtiene o no acceso soberano al mar, como en varias oportunidades el propio presidente boliviano Evo Morales ha buscado sugerir con evidentes fines políticos, sino la disposición a negociar de parte de nuestro país. Así lo dejó claro la propia Corte en 2015 al desestimar el recurso de competencia presentado por Chile y señalar que el proceso solo puede determinar si “Chile tiene o no la obligación de negociar de buena fe el acceso soberano al Océano Pacífico”, pero “no le corresponde determinar el resultado de tal negociación”. Es justamente esto lo que hace aún más peculiar el proceso que se lleva a cabo en La Haya y, a la luz de resoluciones anteriores de la Corte, aún más imprevisible los alcances del futuro fallo.

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