Gonzalo Martner

Gonzalo Martner

Economista y académico USACH

Opinión

¿Fin del ciclo socialdemócrata o del ciclo social-liberal?


Al terminar el segundo gobierno de Michelle Bachelet concluye  también un ciclo más largo: el de las administraciones dirigidas por la izquierda de gobierno desde 2000 (con el interregno de Piñera I). ¿Se trata del fin de una suerte de ciclo “socialdemócrata” en Chile? Nuestra tesis, con el grado de subjetividad que supone haber sido parte de los procesos y siendo corresponsable parcial de ellos, es que más que “socialdemócrata” fue un ciclo “social-liberal”. Aunque no necesariamente por diseño, pues se trató más bien de ir haciendo de necesidad virtud, proceso que fue el resultado de las dificultades para impulsar el proyecto original de recuperación de la democracia y su profundización (que se expresó en el programa de gobierno de Patricio Aylwin). Se sumaron las rígidas relaciones de fuerzas existentes en el escenario político de la transición y una suerte de “entropía política”, es decir la pérdida progresiva de la voluntad política transformadora de las fuerzas de inspiración socialcristiana, socialista y socialdemócrata. Se produjo un acomodo de estos mundos a las instituciones del Estado y al poder económico. Y poco a poco se consagró el alejamiento de la ciudadanía movilizada desde 1983 para poner fin a la dictadura y que confió, luego de las penurias vividas, en ser representada por la Concertación en sus aspiraciones de democracia y mejoramiento de su bienestar. Más tarde, se llegó a perfeccionar una cooptación progresiva –consagrada en las reglas de financiamiento de 2003- del sistema político por el poder económico emergido de la dictadura y la aparición de corruptelas que lo desprestigiaron enormemente. La ampliación de la coalición de gobierno al PC no cambió mucho las cosas. El resultado final fue un abstencionismo creciente y divisiones que la mala gestión política no supieron evitar y que abrieron las puertas a sendos triunfos de la derecha en los dos gobiernos de Bachelet.

Pero reconstruyamos un poco los hechos. Los gobiernos del “decenio DC” estuvieron orientados hacia el centro por la naturaleza de sus liderazgos y del período político. El de Aylwin actuó lealmente con una coalición cohesionada en la tarea de replegar a los militares a sus cuarteles (no sin dificultades, como los estallidos del “ejercicio de enlace” de diciembre de 1990 y el “boinazo” de mayo de 1993), restituir el gasto social y democratizar el poder local sin disponer de mayoría parlamentaria, y reinsertar a Chile internacionalmente. Se logró además un alto crecimiento junto a reformas tributarias y laborales, desmintiendo a los neoliberales que auguraban catástrofes. El gobierno de Frei consolidó, en cambio, un proyecto de continuidades y profundizaciones liberales (privatización de las sanitarias, concesiones no siempre justificadas para infraestructura, subsidio de capital a las escuelas privadas para ampliar la jornada escolar, expansión de la educación superior privada, mayor subsidio a la demanda que inauguró una suerte de “capitalismo de los subsidios”, rebaja del impuesto a la renta de los más ricos), incluyendo un intento de validar la auto-amnistía militar en materia de violaciones a los derechos humanos, fracasado por la resistencia de las organizaciones de familiares y, desde el gobierno, del Partido Socialista.

Esta resistencia no se extendió suficientemente a la impronta liberal de la política económico-social y a la política de ajuste procíclico frente la crisis asiática en 1999. Probablemente desplegar en su totalidad ambas resistencias hubiera puesto en peligro la coalición de gobierno, que estuvo a punto de quebrarse por el tema de derechos humanos, en el que prevaleció la tesis socialista. Terminó por ampliarse la resignación y adaptación al modelo de mercado máximo y Estado mínimo preferido por Frei, Aninat y Massad, con avances en la reforma de la justicia penal y en aumentos del salario mínimo, pero pocas medidas redistributivas y desconcentradoras. Fue el inicio de la derrota del sector de la coalición llamado por la prensa “autoflagelante”. El resultado es que se detuvo por entonces el proyecto de profundización social y democrática, cuyos partidarios nos volcamos a preparar el cambio de liderazgo de la coalición y a abrir una “etapa socialdemocrata”.

La opción de Ricardo Lagos (“crecer con igualdad”) ganó por 70% en la primaria de la coalición de gobierno, pero por muy poco en la segunda vuelta presidencial de 2000, frente a una derecha recompuesta y con un centro debilitado y desgastado por la crisis económica. Tuvo un impulso inicial por la validación de las capacidades gubernamentales de aquella parte de la izquierda que participó en el decenio DC y sobre todo por la promesa futura explícita de a) hacer avanzar la justicia (“que las instituciones funcionen”); b) establecer nuevos equilibrios de poder con reformas constitucionales profundas; c) avanzar en libertades civiles y derechos de la mujer; d) construir políticas sociales activas con más tributos y gasto público redistributivo; e) una política macroeconómica contracíclica que evitara crisis como la de 1999, enfrentada con métodos ortodoxos, y garantizara más inversión y gasto social y territorial; y e) una diversificación económica en el largo plazo. Los “años socialdemócratas” de Lagos y Bachelet tuvieron en esencia esos ejes programáticos y en virtud de ellos es que deben evaluarse.

En materia de justicia, si bien su logro no ha sido completo, se avanzó considerablemente, al punto que hoy no se discute sobre si deben o no estar en prisión los violadores de los derechos humanos sino sobre el tipo de cárcel que debe confinarlos. En materia democrática, estamos lejos de los ejercicios de enlace. Lagos se propuso y logró asentar el poder civil sobre las FF.AA, sin facultades  y sin mayoría parlamentaria, lo que además quedó básicamente resuelto en las reformas constitucionales de 2005. Este fue un gran mérito suyo. Pero cometió el error de insinuar que no debía seguir el ciclo de cambio hasta su culminación en un ejercicio constituyente legítimo y concordado. El resultado de no abordar de frente el tema de la nueva constitución ha sido la persistencia de dos candados cruciales de los diseñados por los autores de la “democracia protegida” y que limitan gravemente la soberanía popular en Chile: los quorum supra-mayoritarios de aprobación de leyes y el rol de tercera cámara legislativa del Tribunal Constitucional. Esto se ha acentuado con la actual mayoría de derecha en el hoy más políticamente desenfadado de los tribunales que conozca la historia de Chile. Lo que la derecha no gana en las urnas lo sigue obteniendo con las trampas constitucionales.

Resulta muy difícil de entender que Lagos haya declarado en su momento que había una constitución de 2005 (lo que hay es una de 1980 remendada, decadente e indefendible, al punto que a nadie se le ocurre distribuirla en los colegios o proponerla de ejemplo a otros países). Y que Bachelet haya enviado al parlamento un proyecto de nueva constitución en los cinco últimos días de su segundo gobierno y no en los primeros cinco días de su primer gobierno. El liderazgo presidencial de izquierda cedió en este tema ante la derecha y los conservadores de su propia coalición de gobierno, dejando un gran pasivo simbólico y político. En el límite de lo inexcusable. En cambio, fue un importante paso haber logrado el fin del sistema binominal -aunque su principal efecto político haya sido institicionalizar la división de la izquierda y de ésta con el centro- y la elección de gobernadores regionales para darle más vida a la representación y a la descentralización política en el futuro próximo. Las normas de prohibición del financiamiento empresarial de campañas de 2016 fueron también un gran avance.

El aborto en tres causales logrado gracias al liderazgo de Bachelet, que superó milagrosamente el escollo del Tribunal Constitucional, ha sido un gran éxito, junto al Acuerdo de Unión Civil. En materia de derechos civiles, se sumaron a la abolición de la pena de muerte y al divorcio obtenidos en el gobierno de Lagos. Chile se modernizó en este ámbito gracias al liderazgo resuelto de ambos presidentes de izquierda.

En materia de protección social, el seguro de desempleo, la prohibición del trabajo infantil, los 12 años de educación obligatoria, el plan Auge en salud, el programa Chile Solidario y la institucionalidad cultural de Lagos, así como las pensiones básicas solidarias, el programa infantil Chile Crece Contigo, el fin gradual de los copagos escolares en la educación subvencionada, la gratuidad para el 60% en educación superior de Bachelet y muchas otras iniciativas son avances incuestionables y meritorios, incluyendo el escaso royalty minero y la barroca reforma a la tributación de las empresas. Podrían constituir un “proto Estado de bienestar” que en algo equilibre la gigantesca distancia de ingresos y patrimonio existente en Chile (el 1% más rico controla 1/3 de los ingresos devengados). Pero todo esto se quedó muy corto. En efecto, la OCDE hace notar que el gasto en protección social en Chile es sustancialmente más bajo que el promedio de sus países miembros y no ha cambiado (11,0% del PIB en 1990 y 11,2% en  2015, frente a un 21,0 % de media de la OCDE). En proporción al tamaño de la economía, el gasto en protección social debiera en Chile casi duplicarse para alcanzar ese promedio y contribuir más activamente a la disminución de la pobreza y de la desigualdad. No haber avanzado en procesos redistributivos de cierta significación no es algo de lo que congratularse para gobernantes socialdemócratas. Emblemático es que la reforma al sistema de pensiones no haya sido abordada sino a última hora por la presión social y con fórmulas alambicadas que en esencia mantienen el sistema de AFP, que debiera salir del esquema de seguridad social.

Este minimalismo de las políticas tributarias y sociales se explica por la tenaz oposición del gran empresariado y sus representantes de derecha, la ausencia de mayoría parlamentaria primero, el condicionamiento y boicot interno después y sobre todo por la pérdida de convicciones (“la tarea número uno de Chile es crecer, todo lo demás es música”, Lagos dixit, agosto de 2017), como si no se pudiera crecer redistribuyendo y cautelando el ambiente. Esto se acompañó por el nombramiento por Lagos y Bachelet de liberales duros en la jefatura económica como Eyzaguirre, Velasco y Valdés para dar absurdas garantías a los poderes fácticos, que nunca van a aprobar reforma alguna. Estos ministros se opusieron a cualquier esquema socialdemócrata de negociación salarial real con sindicatos fuertes, y no solo con empresarios fuertes, a la tributación progresiva y a la redistribución que caracterizan a la socialdemocracia (al que dude de esto se le ruega ver los términos del reciente acuerdo Merkel-SPD en Alemania).  

El hecho es que la gestión económica de los presidentes de izquierda fue bien poco socialdemócrata o siquiera socialcristiana (si nos remitimos meramente a los estándares OCDE, para no hablar de los países nórdicos). Las excepciones principales fueron la política fiscal contra-cíclica inaugurada por Lagos, aunque morigerada erróneamente en el actual gobierno con el resultado de un crecimiento por debajo del potencial, y los límites ambientales a las inversiones mineras defendidos con valentía por Bachelet acompañada de un ministro competetente, deteniendo lo que hay que detener para defender los derechos de las nuevas generaciones sobre los ecosistemas. Sacar a los ministros económicos para terminar con su boicot pro-empresarial se produjo sin consecuencias, demostrando que el chantaje seudotecnocrático de los neoliberales de todo orden no debe aceptarse. Pero la ausencia de política industrial se expresó en el misérrimo gasto de 0,4% del PIB en investigación y desarrollo, que hipotecó toda diversificación moderna de la economía. El acuerdo Bitrán-SQM, que si bien aumenta el royalty de explotación del litio, vino a consagrar la falta de voluntad de castigar de manera ejemplar a una empresa privatizada que quiso comprar el sistema político. No se le quitó por mero ideologismo privatista la incumplida concesión otorgada en los años 90, respecto de la cual se había iniciado un procedimiento legal,  y se frustró la oportunidad de iniciar una actividad estatal de extracción y de asociación con privados para desarrollar una industria vinculada a las cadenas globales de electromovilidad y agregar valor a nuestros recursos naturales.

En definitiva, el mérito del ciclo Lagos-Bachelet fue poner temas de cambio estructural en la agenda y correr el límite – al menos simbólico- de lo posible. Su defecto fue frustrar en importante medida su realización por no haber podido, sabido o querido llevarlo a cabo “en la medida de lo necesario”, y en especial dejar crecer la concentración económica hasta niveles intolerables en una democracia. Después del nuevo interregno derechista que ha querido la sociedad, probablemente cansada de la incoherencia de señalizar para un lado y doblar para el otro, un nuevo proyecto habrá de emerger para superar este ciclo. Entender a la sociedad actual desde la izquierda –dejando atrás a aquella que transitó desde el maximalismo voluntarista de los años sesenta al minimalismo resignado de los años recientes- necesitará más que nunca  discutir, pensar, recrear sentidos y agrupar y movilizar de manera amplia y sistemática a las fuerzas sociales de cambio. Pero esa ya es tarea de otra generación, que ya ha hecho un buen recorrido y ojalá se dé el tiempo para evaluar las luces y sombras de la experiencia de sus antecesores y dar lugar, ahora en propiedad, a un ciclo socialista democrático consistente y con un proyecto igualitario de transformación social-ecológica de nuestra sociedad frente a sus nuevos retos.

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