SEÑOR DIRECTOR

El país se ha estremecido por el caso de la pequeña Sophia de la localidad de Alerce, en Puerto Montt, y Emmelyn en Licantén. Ambos casos esconden una realidad que no hemos enfrentado con rigurosidad. Estamos fallando todos, pues cientos de niños, niñas, jóvenes y adolescentes son víctimas invisibles de agresiones sexuales y maltrato por parte de algún adulto.

Nuestra realidad es alarmante. Anualmente, según datos del Ministerio Público, se reciben más de 20 mil denuncias sobre agresiones sexuales y siete de cada 10 corresponden a menores de edad. Además, las niñas son las más afectadas y solo el 34% de las denuncias termina en condenas para el agresor. En este escenario, las historias de Sophia y Emmelyn llegan a un extremo al que no fuimos capaces de anticiparnos como sociedad.

La protección de niños y niñas es responsabilidad de la familia, la sociedad y del Estado. Es imprescindible que el nuevo gobierno sume a su agenda prioritaria el contar con un sistema de protección que garantice el ejercicio de derechos de niños y niñas y, en estos casos, en particular el derecho a la protección contra toda forma de explotación y abuso.

Es fundamental desarrollar capacidades en las familias, comunidades, escuelas, organizaciones territoriales y en la sociedad en general para eliminar la violencia y prevenir abusos.

Contamos con la voluntad, el conocimiento y la capacidad técnica para avanzar en la construcción de entornos más protectores para niños, niñas y adolescentes, de modo que no se repitan experiencias como las de Sophia y Emmelyn.

Sandra Contreras

Directora Nacional ONG World Vision