Hugo Lavados

Hugo Lavados

Presidente Corporación de Universidades Privadas.

Opinión

Nuevas demandas de calidad


Ana Luz Durán, Universidad San Sebastián.

La nueva Ley de Educación Superior, actualmente en el Tribunal Constitucional, pretende fortalecer la institucionalidad, los mecanismos que garantizan la calidad y, el cumplimiento de las normas. Uno de los aspectos centrales es el sistema de aseguramiento de calidad, que impone fuertes restricciones a las universidades que no se encuentran acreditadas o que pierdan su acreditación.

Se modifica la composición de la CNA, y se amplían sustantivamente sus funciones, al ser responsable de la acreditación institucional y de las carreras obligatorias, lo que implicará cambios en su actual estructura por la enorme cantidad de trabajo que deberá asumir.

La acreditación será obligatoria y las dimensiones a evaluar serán: docencia y resultados del proceso de formación; gestión estratégica y recursos institucionales; aseguramiento interno de la calidad; y vinculación con el medio. De manera voluntaria, existirá acreditación en investigación, creación e innovación, la que en la práctica será cuasi obligatoria.

Se eliminan las agencias privadas acreditadoras de carreras y la evaluación se basará en criterios y estándares. Ellos deben estar aprobados y publicados el 1 de enero de 2020. A partir de la evaluación de su cumplimiento, se establecen tres niveles de acreditación: de Excelencia (plazo para nueva acreditación de 6 y 7 años), Avanzado (plazo de 4 o 5 años) y Básico (3 años).

No se acreditará quien no cumpla los criterios y estándares establecidos, ni quien haya obtenido la acreditación básica una vez y en el siguiente proceso no logre un nivel avanzado. Asimismo, se establecen limitaciones injustificadas a las instituciones que alcancen el nivel básico, dado que no podrán abrir nuevas sedes ni programas ni aumentar vacantes, sin autorización de la CNA. La definición de cada nivel puede llevar a una indeseada rigidez y estratificación institucional.

La experiencia con la acreditación voluntaria de carreras ha sido buena, y es negativo que no esté presente en esta ley. Una parte significativa de las mejoras en el nivel académico de las universidades, especialmente en la calidad de la docencia, está relacionada con los procesos de acreditación de las carreras. Desde ese nivel, se ha dado una mayor calidad justamente en el punto neurálgico de la formación, como son las carreras.

La definición de los criterios y estándares será uno de los temas más relevantes, porque de ellos va a depender la real autonomía de las instituciones, en términos de las regulaciones y restricciones que conllevan los niveles de acreditación. Si predominan visiones sesgadas hacia definir muchos estándares cuantitativos rígidos, existirán incentivos para que el desarrollo estratégico de las universidades se oriente sobre esa base, llevando a una gran semejanza entre las instituciones, lo que es perjudicial para la innovación académica y para el desarrollo del país. Gran responsabilidad para el nuevo Consejo Nacional de Acreditación.

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