Posverdad laboral

Hoy cunde el análisis parcial, limitado a una parte del todo y orientado al beneficio propio. En política económica, el riesgo principal es que intereses privados, ocultos tras discursos populares, aunque técnicamente equivocados, capturen las reformas, sacrificando lo público. En Chile, este problema es especialmente grave en el ámbito laboral. Lo ilustran, por ejemplo, la discusión acerca de los efectos en el empleo de la automatización, la inmigración o una reducción de la jornada laboral.

Se dice que la automatización reemplazará la mitad de las tareas que realizamos, pero se omite que, Estados Unidos, Japón y Alemania, los tres países desarrollados más productivos, tienen hoy desempleos históricamente bajos. Porque si el trabajo y la tecnología son complementarios, la innovación está asociada con mayores salarios y más empleos. Sobre la inmigración, se plantea que la mayor oferta de trabajo reducirá el salario de los locales, obviando que los inmigrantes tienden a llegar a países en los que la demanda por trabajo también está aumentando, que desempeñan tareas que el resto no quiere realizar, y mejoran la productividad, por su disposición a emprender y su tolerancia al fracaso, ambos atributos clave para una sociedad experimental.

Finalmente, está el debate entre agrupaciones sindicales y empresariales, que contrapone reducir las horas trabajadas y flexibilizar el mercado laboral. Por un lado, los países avanzados trabajan menos en promedio, pero la causalidad importa: ya que son más productivos, tienen mayor ingreso y pueden "consumir" más ocio. Y por otro, una jornada semanal fija en todos los sectores, empresas y semanas del año, ignora la heterogeneidad que existe en la economía, y al rigidizar en exceso se transforma en una barrera al desarrollo. Pero la negociación entre empleados y empleadores es en general asimétrica y exige, para que los beneficios sean justamente distribuidos, una adecuada regulación.

Las dos posturas previas, si bien individualmente atendibles, son en conjunto una mejor política pública. De hecho, la mesa técnica convocada por el gobierno a fines de 2018 para proponer una modernización laboral sustentable sugirió definir la jornada mensualmente, en vez de por semana, pero, simultáneamente, reduciendo las horas trabajadas. La idea es utilizar el impacto positivo en la productividad que permitiría acordar formas de distribución laboral que se adapten mejor a las necesidades de los trabajadores y a los ciclos productivos de las empresas, para financiar el costo de reducir en casi un 10% la jornada vigente, hasta 180 horas mensuales, y manteniendo los mismos máximos de horas y días de trabajo continuo y de vacaciones actuales. Y tan relevante como lo anterior sería la señal: una reforma en la que trabajadores y empresarios se benefician, al mismo tiempo que, por un objetivo común, están dispuestos a ceder.