Kay Bergamini

Kay Bergamini

Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales PUC

Opinión

La caja de pandora de la Superintendencia del Medio Ambiente


El pasado miércoles 21 de marzo, sin mucho ruido, pero con implicancias insospechadas, se ha dispuesto, por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), la publicación de cerca de 55.000 informes de seguimiento ambiental de proyectos que cuentan con resoluciones de calificación ambiental (RCA) para su funcionamiento.

Como usuario del sistema no queda más que aplaudir esta decisión, ya que implica un avance en la transparencia de la gestión pública, pero es importante tener a la vista las implicancias y efectos que esta decisión puede generar en la ya débil capacidad de gestión de la institucionalidad encargada de la fiscalización y sanción ambiental de Chile.

Anteriormente, todo titular de proyecto con RCA que disponía de la obligación de remitir información a las autoridades ambientales, debía realizarlo a través de la plataforma digital desarrollada para tales fines. Una vez cargada la información, la SMA analizaba los documentos en forma interna, los que se hacían públicos una vez iniciado los procedimientos sancionatorios. Por lo tanto, y bajo el argumento de “el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido”, dado que se trataba antecedentes que servían en investigaciones administrativas de potenciales sanciones, estos se liberaban públicamente para el caso en análisis una vez dictada una resolución. Lo anterior producía que el acceso a información de estos seguimientos, era acotado a los que la SMA podía revisar y donde iniciaba procesos sancionatorios, lo que quedaba limitado aproximadamente a solo el 2% de las unidades fiscalizables (UF) (Dado que no existe un dato oficial, es posible inferir a partir de la Memoria de Gestión 2014 – 2018, que de un total de 10.000 UF, se iniciaron 214 procedimientos sancionatorios, lo que equivale al 2% en 5 años de funcionamiento de la SMA).

En función del cambio de práctica indicado, respecto de liberar al público el seguimiento ambiental de todo el país, un primer tema relevante de discutir tiene que ver con el acceso a la información pública, y, sobre todo, la ambiental. Al respecto, la Teoría de Gobernanza Informacional reconoce que “una mayor transparencia a través de la divulgación de datos, información y conocimiento puede ser beneficiosa para la calidad del gobierno, pero también perjudicial, dependiendo de la información que se divulgue, y para quién se divulgue” (Lamers et .al. 2016).

En ese contexto, es importante reconocer que muchas veces la información entregada en estos informes de seguimientos ambientales, que han sido liberados y que hasta esta fecha se mantenían en reserva, presenta en algunos casos tal complejidad técnica, que solo puede ser interpretada adecuadamente por especialistas en la materia, pudiendo llevar a conclusiones erróneas a terceros, como lo pueden ser el estimar que pueden existir efectos ambientales o contaminación en casos en donde esto no se verifica -pudiendo generar alarma en las comunidades- cuando realmente estos no existen (similar a lo que podría ser opinar sobre los resultados de un examen de sangre analizado por cualquier persona y no por el médico tratante). Lo mismo podría suceder en relación con las implicancias legales de estos seguimientos ambientales, en términos de que la comunidad piense que está frente a incumplimientos, cuando en la realidad, el análisis sistemático de la información en contraste con las definiciones establecidas en las normas o resoluciones muestre que no existen infracciones.

Lo anterior, a su vez, puede generar otros problemas referidos a la gestión institucional, donde una de las conclusiones del estudio que hicimos en conjunto con otros investigadores y que ha sido recientemente publicado por el Centro de Políticas Públicas UC, muestra falencias presupuestarias relevantes y de personal para poder abordar los desafíos en relación con la cantidad de denuncias, normas y resoluciones que la SMA debe fiscalizar y sancionar. De acuerdo con la Memoria de Gestión 2014 – 2018 de la SMA, al año se presentan en promedio 1.500 denuncias, las que a partir de ahora probablemente tendrán un aumento considerable en número y de temáticas denunciadas, debido a que esta nueva información permitirá el escrutinio público sobre el desempeño ambiental de los regulados en relación a todos los componentes ambientales, sean de empresas públicas o privadas, lo que sumado a la debilidad estructural ya citada de presupuesto y personal, provocará un atochamiento mayor de la institución que ya al 2016 tenía un 86% de las denuncias aún en proceso de investigación, o bien habrían sido archivadas según un reporte de Espacio Público.

Adicional a lo ya señalado, en muchos de los seguimientos ambientales se entrega información sensible de los participantes de estos estudios como autores o sujetos de análisis, incluidos representantes legales, entre otros, y que, de acuerdo a la Ley de Transparencia, constituyen información reservada, ya que son parte de los derechos de las personas. En este sentido, hay que analizar los efectos que se producen por estar haciendo público estos datos sin consentimiento de las personas.

De esta forma, las buenas intenciones de las autoridades por mejorar los niveles de transparencia, deben siempre tener en consideración criterios de realidad -lo que fue uno de los principales aprendizajes en gestión pública de la implementación del Transantiago-, donde uno hubiese esperado una gradualidad en su implementación, y que en el tema ambiental, además, es consignado como uno de los principios de la Ley de Bases del Medio Ambiente, comenzando con campañas de difusión y educación, liberalización parcial de normas y a partir de eso, ir de a poco ajustando el sistema.

En todo caso, y para terminar esta historia, tal como en la Caja de Pandora, la esperanza es lo último que se pierde. Esperamos que las autoridades del Ministerio del Medio Ambiente y la SMA hayan tenido a la vista las implicancias prácticas de esta decisión, y esto venga acompañado de una fuerte inyección de recursos, para que la institución pueda cumplir su función a la altura de las circunstancias. De lo contrario, se crearán expectativas que se podrían incumplir, aumentando la decepción de la ciudadanía con el sistema.

 

 

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