Pura convicción

TC


Tengo el honor de patrocinar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional a través del cual 46 diputados de muy diferentes partidos políticos solicitan que se invalide el Decreto que impuso a los nacionales de Haití que deseen ingresar a Chile el deber de conseguir, en su país, una visa consular especial. Dado el respeto inmenso que tengo por mis lectores y por el diario que me ofrece este espacio, necesito aclarar que ese patrocinio es completamente Ad honorem. Lo que sigue, por tanto, no es un aprovechamiento de la columna de opinión para apuntalar comunicacionalmente un encargo remunerado.

Los opositores al actual gobierno tenemos que reconocer que el gobierno anterior hizo muy poco para ordenar el flujo masivo de inmigrantes a nuestro país. En lo personal, esa constatación me obliga a ser particularmente ecuánime y moderado a la hora de juzgar las definiciones adoptadas por el actual gobierno.

No tengo problemas en reconocer que Chile tiene el perfecto derecho, y el deber, de instaurar una política migratoria que considere límites. El punto, por supuesto, es que los requisitos que se establezcan deben ser razonables y no discriminatorios.

Anticipo que algunos voceros y defensores del gobierno actual calificarán este requerimiento de ejercicio obstruccionista. Se me concederá, espero, que luego de defender en estas mismas páginas la legalidad del nombramiento de Pablo Piñera como embajador y de criticar públicamente en otros medios la acusación constitucional contra el ministro Santelices no califico como un opositor destructivo y mezquino. Este requerimiento no surge de una confabulación entre el Frente Amplio, el PC, el PS y el PDC. Fueron jóvenes abogados que trabajan en el Servicio Jesuita a Migrantes y en las Clínicas jurídicas de las UAH, UDP y UC los que encendieron las alarmas.

El núcleo de la objeción al decreto contra los haitianos radica en su carácter discriminatorio. El gobierno no ha podido ofrecer antecedentes que justifiquen que a dichas personas se les conceda un trato objetivamente peor que a los nacionales de Venezuela o Colombia. El requerimiento no busca volver a fojas cero. La idea es que el gobierno haga el esfuerzo de entregar antecedentes fundados que expliquen el doble estándar o que establezca una política general.

Esta es una oportunidad para que el TC demuestre que no solo está disponible para echar abajo políticas apoyadas por una mayoría de izquierda (aborto, Sernac, gratuidad), sino que también puede invalidar políticas apoyadas por mayorías conservadoras.

Entiendo, por supuesto, que alguien pueda pensar que este requerimiento carece de suficiente fundamento jurídico. Nótese, en todo caso que aquí no hay cálculos pequeños. Consta que un buen 75% de la opinión pública aplaude las decisiones del actual gobierno. Lo que se pide es que, como país, seamos fieles a los valores de libertad y dignidad que proclama nuestra Constitución.

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