Valioso acuerdo nacional por la infancia



La mesa de trabajo convocada por el Presidente Sebastián Piñera para elaborar un "Acuerdo Nacional por la Infancia" ha concluido su labor, entregando al Mandatario un informe con los consensos alcanzados en la instancia y las propuestas de acción en la materia. Se trata de un resultado valioso, toda vez que el gobierno logró convocar a diversos sectores del espectro político -quienes se marginaron de este llamado probablemente hoy deben estar lamentándolo-; reunir voluntades unánimes en torno a la materia y presentar a la sociedad un informe concreto, potente en lineamientos y énfasis, en un brevísimo plazo sobre una materia tan relevante como prioritaria. Un acierto, sin duda, en la línea de dejar atrás las retroexcavadoras y relevar la protección y cuidado de los menores. Todo ello fue destacado por el Presidente Piñera en su reciente cuenta pública, quien anunció que se impulsará, a la mayor brevedad, una agenda que incluirá medidas administrativas y legislativas para concretar las propuestas de la mesa de trabajo.

En términos generales, hay un generalizado consenso sobre cuán urgente e imperativo es abordar los problemas que aquejan a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en algún sistema de cuidado alternativo. Se trata de una materia prioritaria en la que se debe enmendar el rumbo de acción cuanto antes y con convicción, tal y como lo reconoció el Presidente en su cuenta pública. En este sentido, y de los consensos alcanzados por la mesa, resulta ciertamente destacable el foco en la prevención, en el actuar de manera temprana y a tiempo, y el fortalecimiento que para ello se debe dar a las familias -a las que se le reconocen como diversas- y las comunidades en las que se desenvuelven los niños. Esta cuestión es de la mayor relevancia y hasta ahora no había sido debidamente reconocida. Se evidencia así el papel clave que juegan en esta materia los padres, madres y cuidadores, la sociedad civil y los cuerpos intermedios de ésta como lo son los establecimientos de educación en niveles tempranos y los municipios, más cercanos a las familias que las instituciones del gobierno central.

En este sentido, y haciéndose cargo de la realidad de que no todas estas instancias cuentan con las herramientas necesarias para abordar los conflictos y las situaciones de vulnerabilidad a la que se enfrentan, aparecen como destacadas las medidas tendientes a fortalecer los programas de habilidades parentales que acompañen y entreguen herramientas a los padres y cuidadores, y la red de acompañamiento que se propone. Es fundamental educar a las familias, jardines infantiles, colegios y comunidad, brindándoles las herramientas necesarias para hacer frente a las vulnerabilidades. Por su parte, destaca la creación de un sistema de monitoreo que desde diversos sectores permita alertar, detectar y prevenir eventuales vulneraciones a niños y adolescentes.

Al implementar estas iniciativas resultará crucial mejorar los instrumentos de supervisión y monitoreo con los que cuenta actualmente el Estado, muy deficitarios en la actualidad, y generar evaluaciones de impacto oportunas, que permitan que las decisiones y recursos se orienten en buen camino, al cumplimiento de los objetivos y estándares esperados. Se trata de un gran desafío, que ha comenzado a abordarse con unidad y con gran sentido de oportunidad.

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