Directora ejecutiva Amnistía Internacional-Chile: “No se acepta como delito terrorista uno que afecte solo a la propiedad”

Ana Piquer advierte que discurso antimapuche puede servir “como excusa para saltarse los DD.HH.” y cuestiona la Operación Huracán.

El informe mantiene denuncias de excesivo uso de la fuerza policial. ¿Por qué se vuelve un tema recurrente?
Lamentablemente, sí es un tema recurrente en Chile. De hecho, en su momento también emitimos un informe sobre Chile que vinculaba la impunidad por casos de violencia policial con que las causas se veían en la Justicia Militar. Eso dejó de ser así hace poco tiempo y sigue siendo una preocupación constante. El año pasado tuvimos casos bien dramáticos, como el de Brandon Hernández Huentecol, que recibió más de cien perdigones en la espalda (…). Aquí hay un problema de abuso policial consistente que no se ha abordado de manera sistemática y hay una responsabilidad directa del Estado en el entendido de que las policías son agentes del Estado que están cometiendo violaciones a los DD.HH.

El documento toca también el tema mapuche. Considerando los casos que expone, ¿hay una criminalización del Estado al pueblo mapuche?
Al menos hay una tendencia a una suerte de estigmatización. De hecho, el informe no solo en Chile, el informe anual de Amnistía alerta a nivel global de esta tendencia a lo que llamamos la demonización. Y aquí se ha ido instalando progresivamente este discurso del terrorismo mapuche y el mapuche terrorista, y eso es algo que es muy delicado, porque en definitiva se puede utilizar como excusa para saltarse los DD.HH.

¿Cuál es su opinión de lo que ocurrió con la Operación Huracán?
Es un tema extremadamente grave por muchas razones. Incluso, asumiendo que hubieran sido verdad las interceptaciones, que ahora está muy cuestionado que haya sido posible hacerlas, ya se había declarado ilegal la prisión preventiva por la Corte Suprema, porque se consideró que no se había justificado de manera suficiente la necesidad de la prisión, que es lo que dice el informe (de Amnistía), que se cierra en diciembre de 2017. Lo que empezó a surgir después a raíz del cuestionamiento de las pruebas también fue revelando otras cosas, por ejemplo, con el argumento de que esto es terrorismo, las pruebas que se habían levantado y esas supuestas interceptaciones se habían hecho de acuerdo a la ley de inteligencia, no de acuerdo al Código Procesal Penal, que tiene estándares diferentes. Esto se explicitó incluso en el acta de la audiencia de formalización, la autorización del ministro de la Corte de Apelaciones que habría autorizado esas interceptaciones decía que las autorizaba retroactivamente 30 días antes, lo que estaría aparentemente revelando que Carabineros ya estaba haciendo interceptaciones ilegalmente, sin ningún tipo de autorización.

Entonces, personas que tal vez fueron interceptadas, criminalizadas, públicamente detenidas, mostradas en todos los medios como terroristas, que pasaron casi un mes en prisión preventiva, y que, en definitiva, se pasaron a llevar todas estas garantías por nada.

Piñera dijo que buscará modificar la Ley Antiterrorista. ¿Qué le parece?
Es un punto de preocupación al que le vamos a estar dando seguimiento y vigilando atentamente para dónde vaya esa discusión. Hemos dicho durante mucho tiempo que es necesaria una reforma a la Ley Antiterrorista, pero esa reforma nosotros la vemos como una necesidad de ponerla a la altura de los estándares internacionales de DD.HH.

¿Qué significa eso?
Uno de los puntos que nos preocupan es la extensión de la definición de terrorismo que permite aplicar esto, que debiera ser un estatuto excepcional para situaciones muy graves. En segundo lugar, la manera en que están regulados los testigos protegidos no tiene los contrapesos suficientes como para asegurar un debido derecho a la defensa. Y lo último, en general las prisiones preventivas cuando se usa la Ley Antiterrorista son extremadamente prolongadas (…). La reforma a la Ley Antiterrorista debiese tener como filtro o como base los estándares de un debido proceso. Hay situaciones en que pueden tomar medidas extremadamente excepcionales, tener control judicial y asegurar que no afecte gravemente el derecho a la defensa de los implicados.

¿Qué sería extremadamente grave?
Si bien no hay una definición única internacional de terrorismo, sí hay ciertas definiciones, como por ejemplo, que tiene que ver con amenazas creíbles a grupos grandes de la población, que tiene que afectar la vida o salud de las personas, en general no se acepta como delito terrorista un delito que afecte solamente a la propiedad, sin afectar vidas o personas.
El documento aborda, además, la objeción de conciencia en el aborto en tres causales. ¿Qué tan compleja es esa objeción?
Si bien vimos como un pequeño paso en la dirección correcta la aprobación del proyecto, todavía es insuficiente. Vimos con mucha tristeza que el Tribunal Constitucional haya reincorporado esta objeción de conciencia institucional, que el Congreso expresamente la había eliminado. Desde la perspectiva del derecho internacional de los DD.HH. es admisible que existan cláusulas de objeción de conciencia, porque se entiende que es respetuoso de la libertad de conciencia de las personas, no de una institución. La objeción de conciencia institucional no es algo que esté reconocido internacionalmente, es una suerte de ficción que, en definitiva, coarta el ejercicio de derechos humanos tanto para las mujeres y niñas que requieren de eso como para los profesionales de la salud.

¿El organismo espera que se pueda llegar a una ley de aborto en todos los casos?
Ojalá así fuera. No se ve mucho espacio político, lamentablemente, en el corto y medio plazo. De hecho, una preocupación que vamos a estar vigilando muy de cerca es que sabemos que tanto el futuro presidente Sebastián Piñera como muchos de sus ministros han sido abiertamente contrarios a siquiera que se aprobara la ley. Ellos, en su rol de Estado de Chile, van a tener que implementarla y alinearse con las obligaciones que tiene Chile en materia de DD.HH. y eso es el mínimo que podemos exigir. Como Amnistía Internacional quisiéramos llegar a la despenalización total, creemos que el aborto no debiera ser delito.

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