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Por qué no se cerró Punta Peuco: La última orden de Bachelet que su ministro de Justicia se negó a cumplir

No fue el único decreto que el ministro Jaime Campos no firmó: tampoco habría cursado el indulto al exfrentista Jorge Mateluna.



La tarde del viernes y en completo sigilo, la Presidenta Michelle Bachelet  apostaba a concretar una operación simbólica en las últimas horas de su mandato: el traslado de presos emblemáticos por violaciones a los Derechos Humanos que aún residían en el centro penitenciario Punta Peuco, en Til Til, a la cárcel Colina I. Era, en los hechos, el cierre de Punta Peuco como lo conocemos hasta ahora, pues la idea era transformarlo en un recinto de carácter humanitario: presidarios en situaciones especiales, como enfermos terminales o mujeres embarazadas.

Pero el boicot a su último plan estrella vino desde dentro. Más precisamente, del Ministerio de Justicia. Esa mañana, el titular Jaime Campos se negó a firmar el decreto que ya llevaba la rúbrica de la Presidenta. Campos -en una actitud que poco se explican sus colaboradores- entró en estado de rebeldía con la decisión presidencial. De ahí el críptico “no se pudo” que esbozara la vocera de La Moneda, Paula Narváez, el sábado.

Puedes leer la entrevista exclusiva del ex ministro Jaime Campos con La Tercera PM en este enlace.

El plan de Bachelet -el cual contaba ya con un informe técnico e incluso con el apoyo del ministro de Defensa, José Antonio Gómez- incluía como primera señal trasladar el ex jefe operativo de la CNI Álvaro Corbalán, condenado, entre otros hechos, por su participación en la Operación Albania; el brigadier (R) y ex agente de la Dina Miguel Krassnoff, recluido por su rol en múltiples actividades represivas, entre ellas el asesinato del líder del MIR, Miguel Enríquez; y Raúl Iturriaga Neumann, quien fue director asistente de la DINA y que cumple sentencia por varios ilícitos como la fallida tentativa de asesinato contra el demócrata cristiano Bernardo Leighton y su esposa en Roma.

Todo estaba en marcha, pero faltaba lo esencial: que el hasta entonces ministro de Justicia, Jaime Campos, pusiera su firma. Según distintas fuentes del gobierno saliente consultadas por La Tercera PM, fue aquí donde el plan falló. Campos se habría negado a ejecutar el último designio de Bachelet.

Y advierten las mismas fuentes que no era primera vez que lo hacía. Durante la semana, Campos tampoco habría dado el visto bueno al indulto, también visado por Bachelet, del ex miembro del FPMR Jorge Mauricio Mateluna Rojas, condenado por su supuesta participación en el asalto a un banco Santander en Pudahuel, en el año 2013. Las dudas en su caso han generado un movimiento artístico a su favor que incluye una obra teatral del conocido dramaturgo Guillermo Calderón.

Uno de los módulos de Colina I donde se pensó trasladar a los presos de Punta Peuco.

Bachelet habría intentado dar una señal política a través de este gesto con Mateluna y el cierre de Punta Peuco.

Con todo, en el entorno del ex ministro sostienen que a sus manos nunca llegó físicamente un documento para la firma.

La larga planificación

En Gendarmería desde temprano esa jornada estaban en alerta. Operativamente, según personeros de la institución, la orden la debía entregar Maurice Grimalt Catalán, subdirector operativo, a Jaime Meneses, jefe del departamento de seguridad, quien tiene entre sus funciones todos los traslados. La documentación la debía realizar el Centro Despacho Traslados, conocida como CDT, a cargo del capitán Jorge Vilches. A cargo de la comitiva, en tanto, habría estado el comandante Jorge Martín Domínguez, quien se desempeñó en el Penal Cordillera, cerrado por la anterior administración de Sebastián Piñera, y que conoce a los reclusos.

Según pudo reconstruir La Tercera PM, en la administración Bachelet se pensaba utilizar Punta Peuco para otros fines. Lo que no se explican, es por qué el ministro habría cambiado de decisión, pues algunos señalan que Campos estaba de acuerdo con el movimiento de los presos.

El traslado comenzó a planificarse desde hace un par de años. En 2015, la entonces ministra de Justicia Javiera Blanco, tras recibir una serie de estudios sobre el tema, ordenó el inicio de trabajos de remodelación del módulo Asistyr en Colina 1. Entonces la orden, tal como ahora, fue mantener silencio absoluto sobre los detalles de cómo y cuándo se realizaría el arribo a Colina, algo que fue roto la mañana del sábado por el diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, quien señaló a través de twitter “La guinda sobre el helado ¡SE CERRÓ CÁRCEL PUNTA PEUCO! se acaba extorsión a la democracia impuesta por FFAA!”.

Más allá de este traspié, que fue duramente criticado en el oficialismo, la señal política que se buscaba era que los principales rostros de la represión dejaran el recinto especial para residir en una espacio de tres galerías con 10 celdas cada una, separados sólo por un muro de reos condenados por delitos comunes (ver foto), es la misma: el fin de los privilegios.

En la refacción de Colina I para los nuevos reclusos se invirtieron cerca de $1.500 millones. Además, junto a esos cambios estructurales, se iniciaron otros que pasaron desapercibidos para la opinión pública. En estos días, tras la aseveración de Bachelet en un programa de televisión de que aún estaba a tiempo de cerrar Punta Peuco, fueron reasignados algunos de los gendarmes que custodiaban el lugar, lo que es habitual cuando se quiere evitar filtraciones.

 

Los pabellones y celdas serian utilizadas para el traslado de presos.

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