Sabas Chahuán y Operación Huracán: “Carabineros debería enfocarse en la prevención”

Autor: Leslie Ayala

La ex autoridad analiza la crisis que se desató tras los cuestionamientos a la Operación Huracán entre la fiscalía, el gobierno y la policía uniformada. Critica los dichos del general de Inteligencia, Gonzalo Blu, y lamenta que no haya existido, al menos, un llamado de atención, pues “Carabineros no puede llamar a un tribunal a no acoger lo pedido por la fiscalía”. Aun así, dice que se puede avanzar en mayores controles para los fiscales.


Lleva dos años fuera del Ministerio Público, donde llegó a ser su máxima autoridad como fiscal nacional entre 2007 y 2015, pero Sabas Chahuán se niega a evaluar el desempeño de su sucesor, su ex director ejecutivo nacional, Jorge Abbott. Dice que aún es reconocido como ex fiscal nacional y comenta que, pese a que dejó su cargo hace tiempo, lo siguen parando en la calle para felicitarlo por su labor en los casos SQM y Penta, los que debió asumir de forma inédita durante su último año de mandato.
Aquí aborda dos hitos que ocurrieron en verano -la renuncia de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena y la crisis de la Operación Huracán-, ocurridos en la institución que le tocó dirigir.

¿Qué le parece lo que ocurrió en este caso de supuesta implantación de pruebas que denuncian los fiscales?

Me parece que de probarse esa acusación en juicio oral es grave, porque el sistema funciona en base a la confianza, y la obtención de la prueba en eso es fundamental. Lo preocupante es que se pueden afectar investigaciones importantes en una zona que es muy compleja en cuanto a la persecución penal. Ahora, no creo que exista un conflicto institucional, y situarlo como una pugna entre instituciones cambia el foco del problema. Lo que sí puede, en algún momento, tener una implicancia institucional debido a episodios graves que han ocurrido.

¿Como cuáles?

Las declaraciones del general Gonzalo Blu son preocupantes y me parece que no se han tomado medidas, ni llamados de atención a un hecho muy desafortunado. Sus palabras llamando a tribunales a rechazar el cierre de la investigación que decidió la fiscalía exceden sus facultades legales, ningún carabinero puede hacer eso. Él tuvo la intención de defender la actuación de sus subordinados y la de él mismo como director de Inteligencia, pero creo que el tono de sus declaraciones fue más allá de lo que la ley lo faculta y constituye una presión inaceptable sobre el Poder Judicial. La ley es la ley y Carabineros auxilia al Ministerio Público. Si el general Blu tenía un antecedente de que había un error o una irregularidad en el actuar de la fiscalía, lo que debe, como funcionario público, es hacer la denuncia, pero no hacer lo que hizo, que no corresponde en un estado de derecho.

Hay un quiebre inédito entre la fiscalía y Carabineros… ¿Cómo ve eso?

Una cosa son esos episodios, pero a la vez hay que destacar lo que dijo el fiscal nacional, Jorge Abbott, y que es verdad respecto de la importancia de Carabineros, porque día a día la fiscalía sigue trabajando otros casos en todo el país con la policía uniformada y la PDI. Para mí, Carabineros es una institución fundamental de la República, y en ese sentido la posición adecuada me parece que es la que tomó el futuro ministro del Interior, Andrés Chadwick, cuando dijo que esto era inaceptable y que debían tomarse las medidas pertinentes. Esas medidas les corresponde evaluar a la autoridad política, pero esto no puede repetirse. Carabineros es una institución importante y la Fiscalía de Chile también lo es.

En el marco de futuros planes de reestructuración de la labor de las policías, ¿le parece que la PDI sea la única que auxilie las investigaciones del Ministerio Público?

Mire, Carabineros tiene labores fundamentales en el país: el control del orden público, la prevención de los delitos, la colaboración en catástrofes, rescate, operaciones especiales, etc. Por eso, nos debe preocupar a todos cuando estas situaciones afectan la imagen y el prestigio de Carabineros, que ya se estaba viendo afectada con la situación del megafraude institucional. Y respecto de lo de la PDI, fíjese que cuando se estaba elaborando el Código Procesal Penal, el proyecto que se envió a la Cámara de Diputados hablaba de que la PDI era auxiliar de la fiscalía en tareas de investigación y solamente en casos puntuales se iban a encargar casos a Carabineros. Hubo una fuerte corriente de opinión liderada por senadores institucionales, había senadores designados en esa época que representaban a Carabineros que pidieron que eso no quedara así y que fuera la fiscalía quien optara entre una policía y otra y esa posición primó. Mi opinión es que Carabineros debe enfocarse casi exclusivamente en labores de prevención y tener algunas facultades investigativas excepcionales. No sé, por ejemplo, si se descubriera como pasó hace algunos años un foco de corrupción en la PDI, ahí sería conveniente que entrara la policía uniformada. Me parece que también hay que revisar las facultades autónomas que tienen las policías, porque la jurisprudencia de la Corte Suprema ya ha dicho que deben ser excepcionales y sujetarse a la dirección de los fiscales, lo que es razonable.

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, señaló en una entrevista a Capital que hay una deuda de la democracia de más control a las policías…

No leí la entrevista, pero es verdad. En la discusión parlamentaria, antes del año 2000, todavía había cierta desconfianza respecto de cómo se iba a subordinar el poder de las policías al poder civil (fiscales), porque como tuvieron labores durante el gobierno militar que excedían la prevención o la investigación…, todos sabemos que había brigadas de las policías que se dedicaban a seguimientos políticos, por así decirlo. En esa etapa, tal vez se justificaba, pero creo que una subordinación plena al poder civil ya no está en discusión. Creo que hay que afinar ciertas cosas.

¿Le ha parecido errática la actuación del gobierno en este conflicto?

Me llamó la atención eso del “téngase presente”, nunca había visto un oficio así. Cuando fui fiscal nacional recibí reclamos tanto del gobierno de la Presidenta Bachelet como del gobierno del Presidente Piñera, porque esa es su labor, tienen que cautelar la correcta administración del Estado, pero algo así no. De lo que leí en la prensa se detallaban cosas que inclusive podrían constituir un delito. Si es esto último, yo creo que el Ministerio del Interior debe hacer las denuncias correspondientes, y será el fiscal nacional quien evalúe los antecedentes. Quizás se habría esperado más claridad frente a un escrito donde se plantean ese tipo de situaciones. Ahora, si han actuado o no de manera errática, no me corresponde calificar si es acertada o no la conducta de un gobierno, yo hablo desde lo técnico. Es cierto que ha habido un cambio de rumbo en su comportamiento y me parece que ha sido acorde a cómo se iban desarrollando los hechos. Y, por ende, es valioso que se haya querellado el Ministerio del Interior en la causa de presunta obstrucción a la investigación que lleva el fiscal Carlos Palma, a quien considero un buen investigador.

La impresión que hay es que ha existido una defensa de Carabineros…

Carabineros es fundamental para la República. Lo que sí me pareció desafortunado en su momento fue cuando algunas autoridades políticas hicieron un llamado a hacer una contrapericia recurriendo al FBI. Eso no corresponde, ninguna autoridad, ni nadie puede dar ese tipo de instrucciones, porque eso en una investigación penal lo decide el fiscal. Distinto es si se recurre al FBI en una investigación administrativa de Carabineros, ahí ellos son soberanos para pedir ayuda a quien quiera, pero que una autoridad política plantee ‘oiga, como la fiscalía dice algo y Carabineros otra cosa, pidamos a un tercero imparcial como el FBI’, eso no corresponde. En la Constitución está que la fiscalía es quien dirige las investigaciones penales y, bueno, si un interviniente quiere algo así y la fiscalía lo niega, siempre estará el control de los tribunales, donde se puede reclamar.

¿Cómo evalúa la actuación de la fiscalía, sus ex colegas?

Me he negado siempre a calificar si está bien o está mal lo que hace la fiscalía. Ahora, la fiscalía tiene que analizar su actuar, pero lo fundamental es que lo que se haga sea transparente, fundamentado y cualquier decisión que se tome se discuta en audiencia pública y sea validado, en definitiva, por un juez. Mire, con prueba viciada o que la fiscalía cree viciada era imposible seguir adelante con la investigación y estoy en sintonía con lo que ha dicho el Poder Judicial de que es fundamental la fiabilidad de las pruebas. El Ministerio Público actuó procesalmente de una forma correcta. El sistema siempre es perfectible, y si alguien cree que deberían estudiarse otros mecanismos para que decisiones de los fiscales sean impugnadas me parece bien.

Ahora, es probable que junto a un cambio en las policías también la fiscalía no salga indemne de una nueva reforma… ¿Qué le parece eso?

Ha pasado antes cuando fue el proyecto de Reforma a la Reforma. A mí me parece que siempre pueden aumentarse las posibilidades de control de la actuación de la fiscalía, sin duda. Porque nadie está exento de control. Pero lo que es intransable en el sistema chileno es que la fiscalía tiene que ser un órgano constitucionalmente autónomo, como el Banco Central, la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional. La fiscalía no puede estar al servicio ni del gobierno de turno, ni depender directamente del Poder Judicial, porque se separa la función de investigar y acusar de la de fallar. Cualquier reforma puede ser discutida y es valorable que el futuro gobierno haya manifestado su intención de revisar.

Hay quienes aseguran que la autonomía es tal, que nadie los puede controlar…

Eso no es verdad. Siempre está sujeta al control de tribunales. Y en el ámbito económico, la fiscalía no puede gastar un peso sin que sea aprobado por el Parlamento, sin que sea justificado. Cada tres meses se tiene que mandar la nómina de contratos, pero si se quiere aumentar la fiscalización de eso no hay problema, pero sin afectar las decisiones investigativas y de juicio oral que lleve el Ministerio Público. Esa autonomía ha llevado a que tres presidentes de la República de Chile hayan prestado declaración, no como imputados, pero sí como testigos. Lagos, Piñera y la Presidenta Bachelet. Y en el caso de platas políticas, si bien se presumen inocentes, hubo muchos políticos con cargos parlamentarios altísimos, diputados y senadores, que fueron formalizados y que fueron imputados. Eso es gracias a esa autonomía constitucional y que la fiscalía está haciendo su trabajo. Ahora, no digo que eso no se pudiera hacer con otro sistema, tampoco es un dogma, y el control de la fiscalía debe ser evaluado permanentemente, pero cautelando la autonomía institucional.

Y respecto del exceso de protagonismo de fiscales que reclaman las defensas…

A mí nunca me han gustado los ‘fiscales polilla’, en el sentido de buscar la difusión, pero es inherente al sistema la publicidad de la audiencia. Y me parece bien que se transmitan audiencias, ya que es parte de la socialización del contenido de la decisión judicial, como dijo el presidente de la Suprema. En el actuar del fiscal tiene que haber sobriedad y mesura en el ejercicio de las opiniones.

¿Ha fallado ese control en el uso de redes sociales, por ejemplo?

Es que yo no estoy de acuerdo con las mordazas. Yo creo que todos tienen opinión y los fiscales, los jueces, no son castrados intelectualmente. Ahora, el tema de las redes sociales o el tema de dar opiniones en cualquier medio debe ser cuidadoso, no puede adelantar juicios u opinar sobre su causa, pero otra cosa es que el fiscal opine que le gusta un equipo de fútbol o le parece preocupante la pobreza en Chile o que hay desigualdad. En la medida en que no se meta en política contingente, eso es libertad de expresión.

Platas políticas

Los casos Penta y SQM que usted dirigió en su momento comenzaron a cerrarse y con varias salidas alternativas que han sido criticadas… ¿Hubo demasiadas expectativas?

Hace más de dos años que ya no conozco los casos, no sé qué diligencias se hicieron y los motivos porque se tomaron esas decisiones, así que no podría referirme y sería imprudente. Pero como profesor le puedo decir que las salidas alternativas están dentro del sistema y pueden ser utilizadas y volvemos al origen del problema, que no son las expectativas. Hace más de 10 años que lo vengo diciendo, el Código Penal debe ser reformulado. No se puede seguir estando de acuerdo que una estafa o un fraude al Fisco millonario y que un delito de cohecho tengan una penalidad corporal tan ínfima en comparación a un robo con fuerza. En Chile puedo entrar a una casa sin habitantes, sin amenazar a nadie, romper un vidrio, robar especies y voy a tener un castigo mucho mayor al que arriesgo si estafo a cinco mil personas o defraudo al Fisco en $ 5 mil millones, o la pena de un senador o funcionario público cohechado. Bernard Madoff, que cometió un fraude bursátil, le dieron dos penas de 150 años, según tengo entendido. En Chile, Madoff hubiera sido condenado a cinco o a siete años, pero al cumplir tres hubiera quedado en libertad. Siempre ha habido intentos, pero de una vez, democráticamente, se debe tomar la decisión de cambiar el Código Penal.

En eso se basan algunas críticas con los casos políticos y decisiones como la de, por ejemplo, haber suspendido al senador Iván Moreira…

Bueno, esa decisión la toma el fiscal de la causa y en este caso fue Manuel Guerra, que es un excelente investigador. No sé los antecedentes que tuvo en vista, porque hace dos años y medio, en el momento en que estaba a cargo mío la investigación, esa salida alternativa no estaba en el horizonte, porque había muchas diligencias pendientes. La decisión de Guerra es legal y no puedo calificar una decisión que se toma hoy con el prisma de hace tres años. Y no todo han sido salidas alternativas, hubo condenas como el procedimiento abreviado a Jovino Novoa que llevamos con los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena.

¿Qué le parece la renuncia de Gajardo y Norambuena, quienes antes ya habían amenazado con dejar el Ministerio Público?

Ellos nunca presentaron una renuncia o un intento cuando fui fiscal nacional. Fueron cosas que trascendieron, pero no fue así. Gajardo y Norambuena son abogados dedicados, personas honorables, muy buenos abogados, y yo creo que institucionalmente es una pérdida para el Ministerio Público.

¿Qué le parecen sus motivos?

Manuel Guerra es un excelente fiscal, es una personas honesta, igual que Gajardo y Norambuena, fue colaborador mío durante muchos años y su decisión es legal. Ahora, si ese fue el motivo porque ellos renunciaron, bueno, es cosa de ellos, la fiscalía es una institución jerarquizada.

A usted le pasó un poco dejar la fiscalía y empezar de cero en el mundo laboral. ¿Cree que va a ser duro para ellos?

Afectar intereses de gente que tiene influencia siempre puede ser complicado, pero eso es lo que hay que hacer cuando uno es funcionario público y le pagan por ello, me incluyo.
Sí, la reinserción laboral es complicada porque hay una serie de prejuicios, hay una serie de barreras que vencer, pero ambos son excelentes abogados, así que no creo que tengan problema alguno, salvo las limitaciones legales de no poder ser parte de investigaciones en las que participaron.

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