Dos formas de hacer política pública

Dos formas de hacer política pública

La discusión pública sobre educación escolar en el año 2016 estuvo marcado por cuatro hitos: la aprobación de la carrera docente, la implementación de la Ley de Inclusión, la discusión en el Senado de la desmunicipalización y la puesta en marcha del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Mientras que la primera es aún muy reciente como para tener consecuencias directas en el sistema, una mirada general de las otras tres permite contrastar distintos modelos de hacer política pública.

El primer modelo es el de la llamada Ley de Inclusión, que prohíbe el lucro, el copago y la selección. Esta norma, innecesariamente complicada y confusa, pobremente diseñada desde el origen, sin consenso político y finalmente rechazada por la ciudadanía; comenzó su implementación de manera bastante accidentada. Ha habido poca información al público respecto de la situación de los colegios, por lo que la magnitud del cierre de establecimientos particulares subvencionados (o su transformación a particular pagados) no es clara. Nunca se supo cuántos colegios lucraban, ni cuánto. Por otro lado, la falta de coherencia de esta ley con la subvención escolar preferencial introdujo aún más confusión. El retraso de los reglamentos ha significado más incertidumbre. La prohibición de la selección académica ha debilitado fuertemente a los buques insignia de la educación pública, sin que la promesa de que ahora todos los establecimientos estatales serían de excelencia se cumpliera. A esto se suma que el Ministerio de Educación ha sido poco hábil en mostrar los supuestos beneficios de esta ley, profundizando la sensación de abandono del sistema escolar. Todo se agrava cuando la iniciativa que busca reparar los defectos de la Ley de Inclusión tiene el ilustrativo título de "ley (…) para permitir el adecuado funcionamiento del sistema escolar". Confesión de partes.

Otro modelo corresponde a la Ley de Aseguramiento de la Calidad. Recientemente, el Ministerio de Educación decidió impulsar la puesta en marcha de la postergada clasificación de los establecimientos educacionales, pieza calve del sistema, que estaba pendiente pero lista para implementarse desde 2014. Esta norma fue aprobada en 2011 por consenso tras un largo debate legislativo. Su foco es orientar a los colegios hacia la mejora, mediante una rendición de cuentas de mediana intensidad y un apoyo focalizado en los que más lo requieren. Se apoya en una institucionalidad moderna y de carácter técnico, la Agencia de Calidad de la Educación, con un adecuado sistema de pesos y contrapesos con el Consejo Nacional de Educación. Además, apunta a entregar apoyo e información a todos los establecimientos educacionales, no solo los municipales. Aunque todavía genera diferencias en su detalle, es valioso que haya comenzado su implementación.

Ahora que las prioridades ideológicas del gobierno se han cumplido y al menos algunos de los problemas de la Ley de Inclusión se están arreglando, es ideal que durante el 2017 nos concentremos en la segunda forma de hacer política pública en educación. La desmunicipalización, que ha tenido una lenta tramitación en el Senado por falta de acuerdo, debiera orientarse a buscar los consensos necesarios. El gobierno ha mostrado cierta apertura a que las indicaciones vayan en la dirección correcta, tales como aumentar las atribuciones de las escuelas y sus directores, pero aún falta diluir la centralización y disminuir el número de establecimientos a cargo de los Servicios Locales.