¿Un texto alternativo de una nueva Constitución elaborado por la derecha oficialista? Aún no se sabe. Pero es uno de los eventuales destinos que podría tener el trabajo que hasta hoy se tenían muy bien guardados Andrés Chadwick, Andrés Allamand y Marcela Cubillos.

El exministro del Interior, amigo de años del matrimonio entre el senador RN y la directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, encabeza un grupo que está concentrado en adelantar tareas para cuando la pandemia permita reabrir el debate constituyente. Pero no para enfrentar el plebiscito del 25 de octubre, sino para que la derecha no encare con las manos vacías la pugna que inevitablemente vendrá después con la oposición en torno a a los contenidos de una Carta Magna que reemplace a la actual, si así lo resuelve el referéndum de entrada.

Al decir de los que conocen la cocina de esta historia, es Chadwick quien lidera el staff, en una nueva muestra de su persistente interés en tomar cartas en un proceso ideológicamente crucial para la derecha gobernante, donde todavía un vasto sector se rehúsa a que la “Ley de Leyes” aún vigente sea borrada del mapa y se había alineado con el bando del “Rechazo”.

Tras su salida de La Moneda y la acusación constitucional que lo exilió políticamente en diciembre pasado, los partidos oficialistas le pidieron al exministro tomar un rol en el proceso constituyente, específicamente en el área de los contenidos. Algo que el propio Presidente Piñera promovió.

Chadwick ya participaba en algunos espacios del comando de Chile Vamos por el rechazo -que encabezaba Allamand- hasta que la llegada del coronavirus desmantelara formalmente la campaña, ahora pospuesta. En lugar de eso, y sabiendo que ahora cuentan con más margen en el calendario, la tríada está empeñada en ganar más tiempo.

La labor corre por varios carriles. Lo que los ha ocupado principalmente hasta ahora es revisar a fondo los distintos textos y propuestas constitucionales existentes, con el fin de tener un panorama lo más completo posible de las demandas y ofertas. Han pasado por ahí las que se formularon para elaborar el programa de gobierno de la última campaña de Sebastián Piñera y otros, pero uno de los que les ha interesado más es el proyecto de ley que la expresidenta Michelle Bachelet envió al Congreso cuando le faltaban tres días para entregar el poder el 2018.

Chadwick y sus dos socios dirigen un equipo de abogados constitucionalistas en su mayoría jóvenes, coordinados por Constanza Hube y Natalia González, subdirectora de Asuntos Jurídicos de LYD. Libertad y Desarrollo es uno de los ejes de este proyecto: gran parte de estos profesionales están vinculados al organismo que lidera Cubillos, pero también participan juristas de otros centros de pensamiento del sector. Además figuran asesores parlamentarios de RN, y excongresistas y dirigentes UDI. Quienes fueron consultados para este artículo se inclinaron por mantener sus nombres bajo llave.

LYD, además, fue el escenario donde Chadwick “reapareció" en la agenda pública hace casi dos semanas. El pasado viernes 24 fue el único expositor de un foro donde planteó expresamente que "mi opinión personal, (es) que nuestra actual Constitución requiere de modificaciones, de modernización. Estoy convencido que sí. Y es necesario hacerla”. Ahí también dijo que “una probabilidad que puede estar sobre la mesa es que por razones sanitarias exista una probabilidad cierta que en esa fecha no podamos tener plebiscito. Las campañas se inician en sesenta días, estamos hablando de agosto. Es una posibilidad cierta”.

La intervención del exministro ha sido comentada en el sector por estos días. Y una de las versiones sobre la génesis de este grupo indica que luego de ella se precipitó este trabajo. ¿Precipitó? Sí. Aunque en la tríada dicen que no hay plazos comprometidos, algunos de quienes trabajan bajo su mando sinceran que la idea es tener la labor terminada durante el primer semestre (es decir, el próximo mes), mientras que otros indican que corren muy contrarreloj y que la intención es tener material listo muy pronto.

¿Qué material? Además de los abogados constitucionalistas, hay grupos de trabajo específicos sobre áreas temáticas que se refieren a capítulos puntuales de la Constitución. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con gobiernos locales, a cargo del ex subsecretario de Desarrollo Regional de Piñera I y ex director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, Miguel Flores. El extimonel UDI, Ernesto Silva, también colabora en otras áreas. Y algunos de estos capítulos podrían tener su primera versión lista dentro de muy pocos días.

Sin embargo, en el grupo que dirige todo esto aclaran que no hay tanta prisa e insisten que no tiene un deadline tan estricto. Sí admiten que hacia agosto -si la pandemia lo permite-, ya debería estar perfilado porque para entonces volverá a encenderse la campaña por el plebiscito. La gran duda es qué van a hacer concretamente con todo esto.

Como el proceso no ha sido ampliamente socializado ni en detalle con el resto del oficialismo, de momento se lo toman con cautela e indican que hay tres destinos posibles. El primero, generar un conjunto de reformas a la Constitución pero no reescribirla, en línea con el discurso del “rechazo para reformar” que enarbolaban algunos partidarios del rechazo, como Allamand.

La segunda opción es más radical, incierta de momento, ambiciosa pero práctica: redactar un texto alternativo a la Constitución vigente. En tal caso, el objetivo es lograr que sea apoyada por el resto del sector y que así éste pueda poner sobre la mesa su propia propuesta y emplazar a la oposición a que presente la suya. Por eso, recalcan dos personeros que conocen esta historia, el interés por el proyecto de Bachelet.

Y acá se pone más interesante. De concretarse esto, la meta podría ser que el oficialismo le plantee a sus rivales antes o inmediatamente después del referéndum su propuesta, contrastarla y -si es que se dan las cosas- proponer resolverlo de inmediato en el Congreso. Es más: uno de los participantes insiste en que la idea es evitar a toda costa que el sector encare el debate por los contenidos ante “una hoja en blanco”, sino ante “una referencia sobre la cual discutir; no puedes partir de cero”.

Pero, por lo mismo, hay un tercer y último destino posible: que la alternativa sea que todo el trabajo sirva como fundamento para que quienes en la derecha defienden la sobrevivencia de la Constitución actual, tengan insumos para hacerle modificaciones menores. Mínimas.

El nervio político está justamente ahí. En el sector persiste una fuerte reticencia a reemplazar la Carta Magna por una nueva, por lo que -insiste la misma fuente- plantear ahora un camino más “radical” podría introducir un ruido muy poco conveniente.

El rol de Libertad y Desarrollo

Fue a fines de marzo cuando Chadwick le pidió a las abogadas Natalia González, directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo y a Constanza Hube, ex integrante de Libertad y Desarrollo y hoy académica de la Universidad Católica, que fueran las coordinadoras y quienes den el soporte técnico de las propuestas que salgan de los grupos de trabajo.

“Esto no quiere decir que ahora recién se están plasmando las propuestas de Chile Vamos, si no que son propuestas de profesores como también de políticos que vienen hace mucho tiempo discutiendo estos temas. Lo que se está haciendo básicamente es hacer una actualización de eso y proponer cosas nuevas”, comentó Hube a La Tercera PM.

Esos grupos de trabajo están divididos por temas constitucionales y son liderados por una o dos personas. Ahí se encuentra el ex Subdere, Miguel Flores, que ve temas relativos a los gobiernos locales y la economista de Libertad y Desarrollo, Bettina Horst, que está a cargo de regionalización y orden económico.

Además, agregan desde el grupo que lidera Chadwick, se están redactando propuestas en las áreas clave de la Carta Magna como son: bases de la institucionalidad, derechos y deberes y forma de Estado.

Además, se ha querido dar un impulso a abogados jóvenes. Por eso, varios de los juristas que trabajan en Libertad y Desarrollo están trabajando en algunos grupos de trabajo. En ese grupo se encuentran los abogados y abogadas Pilar Hazbun, John Henríquez, María Trinidad Scheleyer, Luciano Simonetti y Catalina Montes.

Hube agrega que lo que se está haciendo es algo muy similar a lo que se hizo en 2015 y que quedó plasmado en el libro “¿Nueva Constitución o reforma? Nuestra propuesta: evolución constitucional” editado por el abogado, cercano a Evópoli, José Francisco García. En ese texto, impulsado como respuesta al proceso constituyente del gobierno de Michelle Bachelet, participaron 19 abogados y expertos y se hicieron propuestas en temas centrales de la Carta Magna.

En ese libro, además, a modo de anexo, se agregaron las propuestas constitucionales de los programas presidenciales de Andrés Allamand y Evelyn Matthei.

Asimismo, otro insumo que se ha mirado pero que, advierten “no es central ni el único” es el proyecto de nueva Constitución despachado al Congreso al final del gobierno de Bachelet. La tradición constitucional que refleja esa iniciativa es bien evaluada en el grupo creado por Chadwick, Cubillos y Allamand.