La abogada de la líder opositora peruana Keiko Fujimori, Giuliana Loza, afirmó hoy que su patrocinada nunca tuvo "un juez imparcial" en la audiencia donde le impusieron 36 meses de prisión preventiva por un presunto delito de lavado de activos en la campaña para las elecciones presidenciales de 2011.
A la salida de la Sala Penal Nacional, donde la ex primera dama quedó detenida, la jurista confirmó que ha apelado la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho, al que criticó por incluir en su resolución argumentos que el fiscal no utilizó durante el debate.
"Lo de hoy evidencia que aquí ha habido un juez totalmente parcializado", comentó Loza, tras haber escuchado por casi ocho horas la lectura de la resolución.
Loza reiteró que no existe peligro de fuga por parte de la ex candidata presidencial, como sí contempló el magistrado, y consideró que la argumentación sobre la obstaculización de la investigación por una intromisión de su defendida en el sistema de justicia "es forzado e irracional".
"No ha citado ningún elemento de convicción que involucre directamente a Keiko Fujimori. Solo se le atribuye ser líder de Fuerza Popular", agregó.
La defensora también consideró "muy cuestionable el apresuramiento" de Concepción Carhuancho en dictar su resolución sobre Keiko Fujimori cuando el requerimiento presentado por el fiscal contempla a otros diez imputados, cuyos cargos están pendientes de debatir en la audiencia para seis de ellos.
La profesional indicó que con esto "ha adelantado un pronunciamiento sobre esas seis personas que ni siquiera han sido escuchadas por el juez".
En su resolución, el magistrado consideró que existen graves sospechas de que la congresista lideró una organización criminal enquistada en Fuerza Popular, el partido que ella preside, para captar dinero ilícito y así llegar al poder, desde donde retribuiría con actos de corrupción a los benefactores que les financiaron irregularmente.
Esa organización lavó supuestamente ese dinero con una contabilidad ficticia en la que simularon múltiples donaciones de personas particulares a las que les pidieron que prestaran su nombre.
Entre el dinero lavado puede estar el millón de dólares que la constructora brasileña Odebrecht afirmó haber entregado a la campaña de Fujimori, y que aparentemente salió de la cuenta que utilizaron para pagar sobornos en una docena de países de Latinoamérica a cambio de que le adjudicaran millonarios contratos en obra pública.
Por el delito imputado de lavado de activos agravado, la hija del y heredera política expresidente Alberto Fujimori se enfrenta a una eventual condena de al menos diez años de prisión.