Frente a los últimos hechos terroristas en la región de La Araucanía, donde una menor de 9 años resultó con lesiones de perdigones en su espalda, la Multigremial Nacional de Emprendedores hizo un llamado a las autoridades, "rechazando la violencia incesante de grupos terroristas en la macrozona sur del país".
"A pesar de incesantes llamados a las autoridades y Poderes del Estado no hemos visto resultado y tememos que se pierda una una nueva vida inocente. Reiteramos el llamado urgente y perentorio al gobierno -a través del Ministerio del Interior- para hacer valer la Constitución en esa zona del país y poner freno inmediato a estos actos fuera de la ley, que siembran el terror y atentan contra la integridad y seguridad de nuestros compatriotas", señala la organización.
“Como gremios y miembros de la sociedad civil, exigimos acabar con esta nefasta situación de terror y esperamos que al haber una niña de 9 años baleada y actualmente en el hospital, los tres poderes del Estado dejen de mirar hacia el lado como si nada pasara”, agrega.
“En ese sentido, también exigimos al Senado y la Cámara de Diputados legislar de manera inmediata en las siguientes leyes para evitar una escalada de violencia en Chile: una Ley de Modernización de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones; Ley de Modernización del Sistema de Inteligencia; Ley que modifica Código Penal para permitir utilización de técnicas especiales relacionadas a conductas terroristas; Ley que introduce mejoras a la persecución del narcotráfico; y una Ley que fortalece fiscalización y persecución de delitos de robo y hurto de madera”, añade el petitorio.
Por otro lado, la Multigremial Nacional de Emprendedores propone legislar en el proyecto que regula el Estado de Alerta para prevenir daños a infraestructura crítica; modificación de la Ley sobre Control de Armas; Ley de Especialización de Policías; la denominada Ley anti encapuchados; Ley que establece Estatuto de Protección a Carabineros, PDI y Gendarmería; Código Penal para aumentar penas de usurpación de inmuebles o derechos reales; y Ley de reparación total de las víctimas de delitos de violencia rural, como lo establece informe de la mesa asesora presidencial liderada por Obispo Vargas”.