Las defensas de los siete presuntos anarquistas, formalizados por su participación en una asociación ilícita terrorista para la instalación de artefactos explosivos en distintos puntos de la capital, apelaron de la prisión preventiva decretada contra sus representados por el 11° Juzgado de Garantía de Santiago el pasado 18 de agosto.
Ahora será la Corte de Apelaciones de San Miguel la encargada de resolver si hay antecedentes suficientes para mantener privados de libertad a los ex lautaristas Pablo Morales Fuhriman y Rodolfo Retamales Leiva, sindicados por la fiscalía metropolitana sur como los cabecillas del grupo.
El tribunal de alzada sanmiguelino también deberá pronunciarse sobre la situación del ex lautarista Omar Hermosilla Marín y de los imputados Vinicio Aguilera Mery, Francisco Solar Domínguez, Felipe Guerra Guajardo y Mónica Caballero Sepúlveda. Sólo la defensa de Andrea Urzúa Cid no ha apelado aún.
La fiscalía tiene un plazo de 180 días para la investigación del caso.
ALEJANDRO PEÑA
En tanto, el fiscal jefe de la zona metropolitana sur, Alejandro Peña, apeló de la libertad concedida por el 11° Juzgado de Garantía de Santiago a Carlos Riveros Luttge y Camilo Pérez Tamayo, formalizados por su presunta participación en una asociación ilícita terrorista para la instalación de artefactos explosivos en distintos puntos de la capital.
Ambos imputados habían quedado en libertad el 18 de agosto pasado, luego que el tribunal estimara que en sus casos no se configuraban los presupuestos para atribuirles participación en la supuesta organización.
También apeló de la resolución, la querellante de la Iglesia Parroquia Inmaculada Concepción de Vitacura, Francisca Franzani. Este recinto religioso fue afectado por uno de los atentados.
Con este recurso, tanto el Ministerio Público como la querellante intentan revertir la decisión del tribunal y lograr que la Corte de Apelaciones de San Miguel ordene la prisión preventiva de los imputados.
Junto con Riveros y Pérez continúan en libertad, pero con medidas cautelares Candelaria Cortés-Monroy, Diego Morales Muñoz, Iván Goldenberg González y Cristián Cancino Carrasco.
A estas seis personas el tribunal les impuso arraigo, prohibición de comunicarse entre sí, firma semanal así como la prohibición de visitar a los ocho presuntos anarquistas que quedaron en prisión preventiva. Tampoco pueden acercarse a las casas okupa de Sacco y Vanzetti, La Crota, El Hogar y Jonny Cariqueo por orden del tribunal.