Las nuevas denuncias, según el fiscal jefe de la Curacaví, Cristián Cáceres, apuntan contra el líder religioso, que a la fecha se encuentra en prisión preventiva. "Se están investigando nuevos casos, se está trabajando con la Brigada de Investigación Criminal de Melipilla, y además se sumó un equipo especial de la Bipe especializado en este tipo de organizaciones religiosas", aseguró.
De acuerdo con el investigador, "hemos recibido dos denuncias adicionales, y en función de aquello estamos decretando las primeras diligencias. Estamos investigando (si son menores de edad", precisó Cáceres.
Cáceres añadió que "estos delitos se habrían cometido en Curacaví. Los modus operandi se están investigando, si hay algún patrón conductual similar".
Una de las primeras diligencias que decretó la fiscalía fue empadronar a los testigos y vecinos de la agrupación. La idea es conocer la dinámica que mantenían al interior del fundo de Curacaví y el tipo de actividades que realizaban. Otro punto relevante para la indagatoria es conocer el destino que tenían los "diezmos" que entregaban los fieles al líder de la agrupación.
Una de las diligencias que ordenó la fiscalía fue catastrar a todos los miembros que tuvieron participación en el grupo. Según el Ministerio Público, un número de entre "20 y 30 personas" integrarían la agrupación religiosa.
Esta medida adoptada por la Fiscalía Occidente busca evitar hechos, como el que afectó a la primera víctima de delitos sexuales, quien aseguró haber sufrido "chantajes" y "amenazas" por parte de los imputados, a fin de que no denunciara los acontecimientos.
En paralelo a la indagatoria, el Grupo de Análisis e Intervención Antisectas (GAIA) de la PDI se encuentra analizando la dinámica de la agrupación para establecer si tiene características de secta.
Las nuevas denuncias serán analizadas por efectivos de la PDI quienes, además, están a cargo de realizar los peritajes de credibilidad en el Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales (Cavas).