La decisión de la Corte de Apelaciones de anular la aprobación de la central Punta Alcalde, de Endesa, es vista con inquietud por parte de Hugh Rudnick, profesor emérito de la Pontificia Universidad Católica de Chile, miembro del comité asesor de la Cade y director de Systep. El experto en temas eléctricos explica que esa central es parte de los 8.000 megawatts (MW) que han sido paralizados, suspendidos o cancelados en el país, lo que complica la situación del sector. No tanto desde el punto de vista del suministro, sino de los precios de la energía.

¿Cuál es el efecto para el sistema eléctrico del fallo de la Corte de Apelaciones sobre Punta Alcalde?

Lo único que hace es agregar mayor incertidumbre al desarrollo de los próximos años del sistema eléctrico. Habiéndose eliminado la Central Castilla y la central Barrancones, junto con la incertidumbre que presentan HidroAysén y las centrales Cuervo y Neltume, estamos hablando de 8.000 MW. Punta Alcalde son 740 MW de esa capacidad y su situación implica agravar la situación futura del sistema eléctrico. Enfrentamos un déficit de 1.200 MW, que comprende el crecimiento de la demanda de energía que se requerirá a 2018 y que no se está construyendo.

¿Por qué estamos tan complicados si no vemos cortes de luz?

No soy de los que promueven las campañas del terror que dicen que se va a cortar la luz; este es un tema de precios y costos, porque Chile tiene alternativas a las que puede recurrir rápidamente. Después de la suspensión del gas argentino se estimuló la construcción de centrales que usan diésel; es decir, motores y generadores que queman combustibles muy caros, pero muy rápidos y económicos de instalar. Tenemos herramientas, pero significan un costo bastante más alto de la electricidad, que es la principal preocupación del país y de la industria.

¿A las personas no les está subiendo la cuenta de luz?

Los hogares o consumidores domiciliarios estamos protegidos. Tenemos contratos que suscribieron las distribuidoras entre 2006, 2007 y 2008, con precios bastante razonables. Toda esa energía significa hoy, en promedio, una tarifa a nivel de costos de generación de US$ 80 por MWh, mientras que las industrias ven valores de US$ 200/MWh. Como población, no estamos percibiendo la crisis.

Sin embargo, en este momento, el gobierno está llamando a nuevas licitaciones de suministro y lo que se anticipa es que esos contratos tienen precios techo de US$ 129 por MWh, que son casi 50% más altos que la tarifa actual, por lo que la población comenzará a ver aumentos en el precio de la energía. Esa es la consecuencia de la paralización de proyectos de energía por 8.000 MW.

¿Cuándo se darán esas alzas y qué tan grandes serán?

Sería bastante improvisado proyectar la tendencia. Dependerá de los precios finales de las licitaciones. Los generadores han dicho que no se presentarán al precio techo y están pidiendo una indexación al costo marginal; es decir, que una parte de la energía no se venda a precio fijo, sino al valor de mercado. Argumentan que, con la capacidad instalada que tienen, no pueden arriesgarse a contratar energía.

¿Es sano incorporar costo marginal a la tarifa de los hogares?

Es sano que el consumidor domiciliario capte lo que pasa con los precios y se le transmita la situación del mercado. Si tenemos una población inmune a precios de la energía muy altos, no van a tomar ninguna decisión, ninguna acción.

Aquí tenemos varias fallas. Punta Alcalde es la guinda de la torta que corona una tendencia, que es básicamente tener una población que se opone a todo. La generación eléctrica y la transmisión tienen un impacto y los ciudadanos se están oponiendo. Somos muy responsables de la situación que se da, pero como no hemos sufrido, estamos tranquilos.

¿Pero la oposición al carbón e hidroelectricidad se justifica?

Por desconocimiento de la población se ha ido posicionando en la mente de la gente que las energías más atractivas para Chile son las renovables, sobre todo el sol y viento, que son relativamente caras respecto a las otras. Con natural preocupación, las comunidades dicen que la energía a carbón es sucia y contaminante, a pesar de que tenemos una norma que está al mejor nivel europeo. Hay una oposición al carbón y a las grandes centrales porque la población piensa que el sol y el viento son gratuitos; no sabe que esas tecnologías tienen restricciones. Entre ellas, costos de inversión más altos y que no están disponibles siempre, por lo que requieren energías de respaldo.

¿Qué tanta diferencia hay en valores entre las diversas energías?

En cifras gruesas, una central hidroeléctrica grande (HidroAysén o Río Cuervo) debería tener costos promedio de US$ 40 por MWh a unos US$ 60 por MWh; una a carbón, US$ 80 por MWh, y una eólica va de US$ 110 a US$ 120 por MWh. Es cierto que hay impactos ambientales distintos asociados a los costos, pero si nos ponemos ultra ambientalistas, eso significa ir a energías más caras en forma permanente.

¿Cuál es la solución, considerando la visión de la ciudadanía?

En el largo plazo, debemos resolver el entrampamiento de las inversiones. Buscar mecanismos para que las energías se desarrollen. La comisión asesora de la Cade planteó alternativas: educación de la población, mejoramiento de los estudios de impacto ambiental, ordenamiento territorial, compensación a las comunidades. Debe haber un esfuerzo de las empresas eléctricas y luego del Congreso para llegar a consensos: que necesitamos energía y que algún impacto ambiental debemos aceptar, y compensar a las comunidades que se vean afectadas.

En el caso de las eléctricas, ¿deben mejorar la competencia?

Aquí tenemos un serio problema de competencia, porque no se está dando. Las eléctricas son las que hacen las ofertas, evalúan los riesgos y ven si los transmiten o no al consumidor final.

Hay pocas empresas y hemos parado a nuevos competidores. La Central Castilla era de un consorcio brasileño que esperaba instalar 2.000 MW. Habríamos tenido una cuarta empresa eléctrica que compitiera con Endesa, Gener y Colbún, lo que habría sido muy beneficioso para el sistema. Barrancones pertenecía al grupo GDF Suez y era un quinto competidor. Estas mismas barreras a las inversiones nos han limitado a que los que están sean los que ofrezcan precios, sin competencia.

¿Por qué no compiten?

Cada uno busca el mejor precio que le enfrenta a su riesgo, en una situación donde no hay un tercero que ofrezca precios más baratos. Todos están en situaciones similares de limitaciones de abastecimiento y están todos contratados. Como no hay nadie que "amenace", en teoría, podrían pedir cualquier precio. No estoy diciendo que estén ejerciendo ese poder monopólico, pero están las facilidades para hacerlo.