"Mi patrón (Rakesh Arora) siempre ha mantenido un trato agresivo con nosotros (...). En el lugar donde actualmente me alojo vivimos con un chileno (René Montes), quien cumple labores como administrador. En ocasiones es agresivo y grosero y cuando el jefe abandona el local, René se encarga de dejarnos bajo llave".
Con estas palabras, Karan Singh denunció el 22 de mayo de 2013, en las dependencias de la Brigada de Trata de Personas de la PDI, las malas condiciones a las que estaban sometidos él y otros 11 ciudadanos indios en el restaurante "Jewel of India".
Así lo detalló ayer el fiscal Emiliano Arias en la formalización a Rakesh Arora, dueño del local, y René Montes, su administrador, por el presunto delito de trata de personas. Los testimonios fueron escuchados atentamente en la audiencia por el embajador de India en Chile, Pradeep K. Kapur.
Ese día de mayo, junto a Karan llegaron a denunciar Sangran Singh, enfermo de tuberculosis, sin tratamiento médico, y Uttam Singh, quien presentaba heridas en uno de sus pies producto de las malas condiciones higiénicas en que vivía. Ellos sólo eran tres de los 12 ciudadanos indios a los que nunca se les cumplió lo prometido cuando fueron trasladados a Chile a trabajar: un sueldo de $ 250 mil en promedio, un departamento con televisión y teléfono para llamar a sus familias y el pago de pasajes y comida.
En vez de eso, residían hacinados en piezas de dos por dos metros, ubicadas en el segundo piso del restaurante, obligados a trabajar por 12 horas diarias y algunos sin recibir un sueldo por más de cuatro meses.
Según explicó Sangram en su declaración, durante su primer día en Chile, al pedirle a Arora que los dejara descansar, se dio cuenta de que las condiciones no iban a ser como las habían acordado en India. "Los horarios de trabajo se prolongaban por muchas horas al día y pese a que me había dicho que trabajaría como chef, hasta la fecha he realizado múltiples labores, tales como limpiar el recinto, lavar vajilla, sacar la basura y cocinar".
Luego, continúo Karan explicando que "le pregunté (a Arora) qué pasaba con el departamento que me prometió en la India, él me respondió con tono agresivo que con las habitaciones del restaurante era suficiente para vivir, señalando que cuál era el problema de vivir ahí, por lo que no me quedó otra opción que aceptar, ya que no tenía otro lugar adonde ir".
Así, de acuerdo a la fiscalía, cansados de los malos tratos y aprovechando que el dueño del restaurante estaba en India, a las 22.00 los tres escaparon y lograron denunciar al hombre que les pagaba un sueldo inferior al pactado y que les quitaba el pasaporte para mantenerlos retenidos.
De acuerdo a Karan, "Rakesh me retiró mi pasaporte, no sólo a mí, sino que también a las personas con las que viajaba, manifestando que en Chile era muy peligroso y que para mayor seguridad él los guardaría hasta llegar al restaurante". Así, el testimonio de Karan coincide con el de Sangram: "Referente a mis documentos, tales como cédula chilena y pasaporte indio, al momento de llegar a Chile, el jefe me los quitó, diciendo que era por nuestra protección. Luego, yo se los pedí, pero me dijo que no los necesitaba y que si quería trabajar ahí debía él mantener mis documentos".
Sin embargo, nunca los devolvió. Cuando el jueves pasado la PDI allanó el local, encontró los pasaportes de los trabajadores en un cajón bajo llave de la oficina del dueño y en un bolsillo de su chaqueta.
PROHIBICION DE HABLAR
La regla principal - que según los testimonios de las presuntas víctimas impuso Arora para mantener a los cocineros incomunicados del mundo exterior- era convencerlos de que no podían dialogar con nadie que fuera chileno.
"Mi jefe me señalaba que en Chile existe una ley en la cual los extranjeros no podemos hacernos amigos ni reunirnos con los chilenos", relató Karan esa noche.
A Sangram le decía que no hablara con ciudadanos chilenos, porque "nos discriminarían por nuestra cultura y es por este mismo hecho que todavía no puedo hablar ni entender nada del idioma español".
Al término de la formalización, donde ambos detenidos quedaron en prisión preventiva, el fiscal Arias dijo que "estamos conformes con la resolución y porque se haya entendido el delito. Esto se trata de dignidad humana". Sobre las acusaciones, el defensor de ambos, Gastón Ormeño, negó que ellos hayan cerrado con llave a los inmigrantes, dado que ellos podían salir cuando quisieran.