SEÑOR DIRECTOR
El proyecto de los senadores Muñoz, Provoste, Allende, Latorre y Navarro, para indultar a personas privadas de libertad o condenadas por delitos contra el orden público ocurridos en el marco del 18/O, es una muestra más del escaso compromiso de estos parlamentarios con el orden público y la convivencia nacional. A través de este proyecto, se justifica la violencia como método de acción política y la impunidad como respuesta colectiva a este fenómeno.
El proyecto es una clara intromisión e invasión del Poder Legislativo en las esferas de competencia del Poder Judicial, como es administrar y aplicar justicia. No cabe duda de que la intervención legislativa en la administración de justicia tiene serios reparos e inconvenientes.
Andrés Bello, como ferviente partidario y promotor de la independencia del Poder Judicial, nos recuerda algunos de ellos: “se prolongarían las causas; el Congreso se convertiría en un tribunal de apelación: se multiplicarían sus atenciones con detrimento del servicio público; y se echaría por tierra la independencia constitucional de los juzgados. No hay para qué detenernos en manifestar la incompatibilidad de las funciones judiciales con las legislativas y con la organización de un Congreso”.
En suma, este proyecto nos recuerda la necesidad de limitar el otorgamiento de indultos generales en la nueva Constitución.
Francisco Orrego B.